MÉXICO, D.F., 4 de junio.- Han pasado cuatro años desde la tragedia de la estancia infantil ABC en Hermosillo, Sonora, y ninguno de los 28 servidores públicos acusados de homicidio y lesiones dolosas ha sido consignado y sentenciado. Mucho menos funcionarios como Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y los cuatro propietarios de esta guardería que se convirtió en el ejemplo más claro de una política criminal que privilegia el negocio por encima de la vida humana.

Fueron 49 niños fallecidos, 76 menores heridos y decenas de padres de familia, más hermanos y familiares que han muerto un poco más cada día frente a la grosera impunidad que envuelve el caso.

Justicia, el clamor.

Una impunidad que dibuja de cuerpo entero a la administración de Felipe Calderón, a la jerarquía católica sonorense que intervino para amortiguar el golpe contra los parientes de Margarita Zavala involucrados en la guardería, al exgobernador priista Eduardo Bours, a los funcionarios del Seguro Social, antes y después del periodo de Molinar Horcasitas y, sobre todo, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en el 2010 rechazaron establecerle responsabilidad alguna a los funcionarios del IMSS.

Esta impunidad grosera puede abarcar al gobierno de Enrique Peña Nieto en la medida en que el actual Primer Mandatario no cumpla con su promesa de campaña para hacer justicia en este caso.

En cuatro años la impunidad ha alentado la amplificación de la protesta de los padres de familia, a través de sus dos organizaciones: el Movimiento Ciudadano 5 de Junio y el Movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños. La división de los padres –por diferencias relacionadas a las posibles causas del incendio de hace cuatro años– no ha evitado la expansión de su causa: llevar ante la justicia a los responsables.

Este martes 4 de junio, el grupo de ciberactivistas Anonymous convocó a una jornada de protestas en las redes sociales y en la glorieta del Ángel de la Independencia. En Puebla, distintas organizaciones marcharon a las 18:00 horas del jardín del Carmen al Zócalo de esta ciudad. En Hermosillo se esperaba que miles de personas acompañaran a los padres que marcharán este miércoles 5 del edificio donde estaba originalmente el ABC, en la colonia Y Griega, hasta el centro de la capital sonorense. En otras ciudades como Monterrey, Mérida, Culiacán y Chihuahua también se han anunciado movilizaciones.

Sin embargo, la protesta principal se llevará ahora a los tribunales internacionales. Minimizada la magnitud de la protesta y de la impunidad por la SCJN, un grupo de estos padres ha decidido solicitarle al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christof Heyns, que intervenga en la investigación del caso.

Ante la Procuraduría General de la República (PGR), los padres del Movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños interpusieron el 17 de abril una nueva demanda. Los promotores de este juicio consideran que el incendio fue “provocado deliberadamente” para quemar documentos comprometedores de la Secretaría de Hacienda.

Otro grupo de padres considera que más allá de saber si fue provocado o accidental, la tragedia del ABC fue el resultado del menosprecio a las condiciones de bienestar, seguridad y esparcimiento de los más de 150 menores que eran “embodegados” literalmente en esta estancia.

En cualquiera de las dos hipótesis, lo que ha hecho falta es una investigación profunda y las sanciones a los responsables directos e indirectos. En cualquier otro país con un verdadero estado de derecho la muerte de medio centenar de menores hubiera provocado la caída de gobiernos estatales y nacionales. Aquí en México sólo hubo lágrimas de cocodrilo por parte de Bours, Calderón y los círculos de la impunidad que rodearon al caso.

Entre esos círculos de impunidad también están los altos jerarcas de la Iglesia católica, según confió José García, uno de los padres que más activo ha estado en el recorrido nacional exigiendo justicia para los menores muertos.

Tuve el honor de compartir un acto durante la Feria del Libro de Azcapotzalco con José García, el pasado 11 de mayo. Las 800 personas que asistieron a la conferencia le brindaron tres minutos de aplausos a José García, un joven sonorense imparable en su causa.

Después del evento, García me platicó cómo el propio arzobispo emérito de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, usó su influencia entre los padres de los niños fallecidos para defender a Altagracia Gómez del Campo, prima de la exprimera dama y una de las socias del ABC. “Es una buena cristiana”, les dijo para justificar la impunidad de ella y otros de los dueños de la estancia infantil.

Quintero Arce y el arzobispo Ulises Macías Salcedo firmaron 12 misivas al juez que investigó el caso en junio del 2009 para dar testimonio de “la buena fe” de los cuatro socios de la guardería. Su “caridad cristiana” y su “prestigio social” se utilizaron para ablandar al juez.

En el confesionario de Quintero Arce podrán ser eximidos algunos de los responsables de la “alta sociedad” de Hermosillo. Lo más grave es que en los tribunales mexicanos ocurra lo mismo. (Proceso)