México D.F. a 11 de julio de 2013.- De nueva cuenta,la voluntad reformista del Papa Francisco I volvió este jueves a quedar de manifiesto con las nuevas leyes en materia penal y de sanciones administrativas que va a adoptar el Estado de la Ciudad del Vaticano a partir del próximo 1 de septiembre.

En el texto firmado por el Sumo Pontífice introduce también el delito de tortura en las leyes vaticanas. Los cambios se producen con una doble acción: un motu proprio (documento magisterial) firmado por Francisco relativo a este ámbito, y la aprobación de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano de tres leyes de ámbito penal y referentes a las sanciones administrativas de los trabajadores y colaboradores de la Santa Sede.

Con esta nueva legislación, los trabajadores vaticanos y miembros de la Curia romana podrán ser imputados incluso aunque hayan cometido los delitos fuera de las fronteras del Estado más pequeño del mundo.

“En nuestro tiempo, el bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia organizada y transnacional, por el uso indebido de las condiciones económicas y del mercado, así como por el terrorismo”. Con estas palabras empieza Francisco su motu propio, en el que manifiesta la necesidad de que la comunidad internacional “adopte instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y combatir la criminalidad, favoreciendo la cooperación judicial internacional en materia penal”.

Entre las normas, destaca la redefinición que se hace de la categoría de los delitos contra los menores de edad, entre los que se incluye la venta de niños, la prostitución y la violencia sexual. También se tipifica como crimen punible de forma más precisa la pornografía infantil, la posesión de este tipo de material y los actos sexuales contra los menores de edad.

De esta manera, Francisco continúa la línea de “tolerancia cero” contra los abusos marcada por Benedicto XVI, quien ya en 2010 modificó el ordenamiento jurídico para perseguir mejor estos delitos.

En sus casi cuatro meses como obispo de Roma (se cumplirá esta semana), Francisco ha hecho varios llamamientos que muestran su voluntad de acabar con esta lacra dentro de la Iglesia católica.

El pasado mes de abril le recomendó al arzobispo alemán Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que actuase “con decisión” frente a los casos de abusos sexuales, siguiendo la “línea querida por Benedicto XVI”. El Pontífice le pidió que se promuevan “medidas para la protección de los menores” y para “ayudar a todos los que en el pasado hayan sufrido estas violencias”.

Además, deseó que se lleven a cabo los “procedimientos debidos con los culpables” y que las conferencias episcopales se “comprometan” a formular y poner en marcha “las directivas necesarias en este campo”.

Un mes después, durante el rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro del Vaticano, envió un saludo especial a todos los que “han sufrido o todavía sufren” algún tipo de abuso. “Querría asegurarles que están presentes en mi oración”, dijo entonces el Pontífice.

Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, explicó que con los nuevos cambios legislativos, estos crímenes están “mucho mejor definidos”.

“Es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la pornografía infantil. Está claro que en el código de 1889 esto no existía”, afirmó.

Se refería Dalla Torre al Código Zanardelli, que entró en vigor en Italia en aquel año y fue adoptado por el Vaticano en 1929 tras los Pactos Lateranenses. El sistema penal de la Santa Sede se rige, en buena parte, por este texto.

La reforma que promovió Francisco actualiza el sistema penal añadiendo los compromisos a los que llegó el Vaticano en múltiples convenciones internacionales realizadas en las últimas décadas.

Según escribe el Papa en su motu propio, con sus adhesiones, la Santa Sede ha siempre afirmado que estos acuerdos “constituyen medios efectivos para contrastar las actividades criminales que amenazan la dignidad humana, el bien común y la paz”.

De esta manera, se tipifica la tortura como crimen, se incluye el delito contra la humanidad, se contemplan los crímenes de guerra, como el genocidio, y se realiza un compromiso para eliminar cualquier tipo de discriminación racial y para combatir el apartheid.

Con las nuevas leyes, el Vaticano da un paso más para adaptar su legislación penal a los estándares internacionales respecto al lavado del dinero y la corrupción. En los últimos años, la Santa Sede ha intentado avanzar en este campo, con el objetivo principal de que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), la banca vaticana, deje de ser un foco de problemas para la Iglesia.

Con los cambios legislativos, hoy sería bien distinto el proceso a Paolo Gabriele, el ex ayudante de cámara de Benedicto XVI condenado y luego perdonado después de que fotocopiase y filtrase a la Prensa documentos confidenciales del entonces Pontífice.

El nuevo ordenamiento, que contempla la abolición de la cadena perpetua y su sustitución por penas de reclusión que van de los 30 a los 35 años, prevé penas más severas por el robo de documentos, especialmente si se trata de papeles de especial importancia.