Mérida, Yucatán, a 28 de agosto de 2013.-Yucatán ocupa el octavo lugar de todo el país con mayor población de adultos mayores, hay 195,290 personas mayores de 60 años -e incluso hay 200 centenarios- lo que representa un 9.7% de la población total, grupo que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.

En el marco de la conmemoración en México del Día del Adulto Mayor, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Jorge Victoria Maldonado, subrayó que como sociedad aún estamos lejos de alcanzar una cultura de respeto a los adultos mayores.

Precisó que se carece de una cultura del envejecimiento, pues no hay cifras respecto de la discriminación, marginación y violencia contra los adultos mayores, además uno de los temas que más afecta a este grupo poblacional es el económico.

“Las personas adultas mayores son el segmento más propenso a trabajar en el sector informal, sin posibilidad de jubilación y a cambio de un salario exiguo; pues basta abrir cualquier periódico y revisar en la sección de empleos para notar que, casi sin excepción, dentro de los requisitos que se establecen para obtener alguno de los trabajos formales que se ofrecen está el de una edad no digamos inferior a los sesenta, sino mayormente a los cuarenta años”, indicó.

Y cuando la incorporación laboral de los adultos mayores se realiza, se carece de control y, comúnmente se consigue para puestos de baja remuneración, muchas veces sin las condiciones mínimas que las leyes laborales exigen, como salario, vacaciones, aguinaldo o seguridad social, como en el caso de los supermercados que ocupan a personas de edad para ayudar a sus clientes en el empaque y traslado de mercancías, haciéndolos depender sólo de las propinas.

Victoria Maldonado dijo que gran parte de este sector de la población enfrenta maltrato de sus familiares, cuatro de cada cinco carecen de pensión que les permita vivir con tranquilidad la vejez y apenas 15 por ciento cuentan con seguridad social.

“Ello provoca que la mayoría de los adultos mayores tenga que trabajar hasta muy avanzada edad o hasta el final de sus días, casi siempre manteniendo a otras personas con su esfuerzo”, dijo.

El Presidente de la CODHEY recordó que basados en los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las y los adultos mayores son considerados actualmente como uno de los grupos más desprotegidos.

“No es raro enterarse de que la personas adultas mayores son despojadas de su patrimonio, incluso, por sus parientes más cercanos y muchas de ellas se ven confinadas a instituciones de asistencia o al ámbito doméstico con altas probabilidades de sufrir violencia familiar; su capacidad de decisión y autonomía es frecuentemente anulada o reducida al mínimo y tienen escasa o ninguna posibilidad de contar con espacios de participación, convivencia, integración y vida digna”, expresó.

Victoria Maldonado enfatizó que el envejecimiento no necesariamente va asociado o tiene que ir asociado con la pobreza.

Reconoció que las autoridades han hecho esfuerzos para la atención de este grupo en alta vulnerabilidad, pero el apoyo es insuficiente frente a los múltiples retos que conllevan su atención y los requerimientos específicos en esta etapa de la vida ante enfermedades crónicas degenerativas y mentales, discapacidades, rechazo y abandono.

“El desplazamiento de los adultos mayores en el sistema productivo, las condiciones propias de la edad, los hace susceptibles de ser relegados y poco considerados, es por ello que es importante promover el respeto a los derechos de los adultos mayores, bajo una percepción sensible a sus condiciones de vida y posibilidades de participación en la sociedad con dignidad, reconocimiento y aprecio”, indicó.

El Ombudsman dijo que es necesario fortalecer los derechos de las y los adultos mayores, pues esas garantías no son visibles y se encuentran fragmentadas en normativa estatal local y en las políticas públicas del Estado.

Por lo que hizo un llamado a construir políticas públicas que logren hacer efectivos los derechos de los adultos mayores referentes a un trato digno, relativo al acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado y a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro, servicios de atención de salud, a permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades, trabajo o acceso a otras posibilidades de obtener ingresos, así como implementar acciones legislativas encaminadas a la adecuación de nuestra Ley a la Federal y a los Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad.

“Es importante reconocer que el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal ha incluido en su Comité de Consulta en Derechos y Humanos y Desarrollo Social, ha incluido en su agenda de propuestas de revisión legislativa la regulación de los derechos de los adultos mayores. Participaremos con el interés que el tema merece para poder aportar lo que desde nuestra visión es una prioridad inaplazable hacia la plenitud de tales derechos”, finalizó.