MEXICO, D.F., 7 de diciembre.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ocupa la Presidencia de la República, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca detener la distribución de contenidos en línea que infrinjan derechos de autor y propiedad intelectual mediante el castigo a infractores con el bloqueo al acceso a Internet, multas y cárcel.

Esta propuesta, presentada por el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y rubricada por los diputado Aurora Denisse Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, es en esencia una versión mexicana de la Stop Online Piracy Act (SOPA) de Estados Unidos, que generó repudio internacional y fue bloqueada en el 2012.

La iniciativa redactada por dos diputados priístas va contra la estrategia digital y es, en esencia, una versión mexicana de la propuesta legislativa de EE.UU. que generó repudio internacional.

Los peligros de una legislación de esta naturaleza también amenazan a la sociedad mexicana: pueden coartar la libertad de expresión, inhibir la innovación y frenar la inclusión tecnológica de la sociedad.

La iniciativa del PRI, presentada el 3 de diciembre pasado, se opone a los objetivos de la Estrategia Digital Nacional (EDN) del Gobierno de la República, con la que busca modernizar al país y fomentar su desarrollo a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

"(La nueva iniciativa) es una SOPA remixeada, una iniciativa tendiente a imponer una legislación que ya no es propia de la era de Internet, corre el riesgo de inhibir el crecimiento del mercado y sobre todo la innovación. Me parece riesgosa en estos términos y muy contradictoria a la Estrategia Digital Nacional (EDN)", dijo en entrevista telefónica la coordinadora de la Cátedra Sociedad de la Información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), María Elena Meneses.

La iniciativa del PRI señala como infracción:

"la comunicación pública o la transmisión mediante una red pública de telecomunicaciones de obras literarias o artísticas, fonogramas, videogramas, interpretaciones o ejecuciones, señales de organismos de radiodifusión o ediciones protegidos por los derechos de autor o derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares".

Este proyecto de ley faculta al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) para que investigue de oficio o mediante la solicitud una presunta infracción para iniciar el procedimiento administrativo.

Los proveedores de Internet deberán proveer al IMPI todos los datos del presunto infractor para su localización, incluyendo nombre, domicilio físico, dirección IP del infractor o la asociada al servidor donde se hospeda el contenido.

El IMPI también podrá ordenar a los proveedores de Internet la suspensión del acceso a sitios que presuntamente infrinjan la ley.

"Es una serie de normativas muy peligrosas porque se solicita la intervención y la mediación de los proveedores de los servicios de Internet al vigilar las prácticas culturales de los internautas. Esto es muy peligroso porque se presta para vulnerar derechos en países en los que no necesariamente hay libertades para todos o países de libertades acotadas".

"(Con esta ley) podría vulnerarse el derecho a la privacidad e incluso la libertad de expresión. En el caso de México ahora con esta propuesta, la podría utilizar algún mal gobernante una legislación de esta forma para vigilar a un disidente o un activista. Me parece que este tipo de normativas acarrean más problemas de los que intentan resolver", explicó Meneses, también investigadora del Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad.

Dentro de la iniciativa se plantean sanciones por parte del IMPI de 30 hasta 20,000 días de salario mínimo (1,893 a 1.26 millones de pesos) a los infractores, así como prisión seis meses a seis años y 3,000 días de salario mínimo (189,360 pesos) a los administradores de un sitio que contenga contenido presuntamente objeto de infracción.

Con la redacción de la iniciativa no queda claro si el usuario final será objeto de castigo por descargar algún contenido o publicar un enlace en redes sociales, blogs o foros de discusión en línea ni se da certeza jurídica a nuevas aplicaciones digitales como TuneIn o iHeartRadio, que pudieran retomar transmisiones de radio para ser difundidas en dispositivos digitales.

"Hay imprecisiones en la redacción y esto es gravísimo. No hay una claridad en su redacción y esto está pasando ahora con la Ley Beltrones (como fue llamada la iniciativa por usuarios de redes sociales en Internet), porque, tengo la hipótesis, en realidad la redactan las asociaciones de autores y compositores", dijo Meneses.

El día de la presentación estuvieron dirigentes de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC), como Roberto Cantoral, director de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM); el cantante Armando Manzanero, y representantes de la la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon).

"En Internet compartes contenidos, a veces los bajas, a veces los descargas. Esas prácticas culturales parece que no están siendo entendidas por muchos gobiernos y por las empresas del entretenimiento que son las grandes cabilderas. En México, Amprofon es una de las cabilderas más fuertes en este tipo de iniciativas. Finalmente tienen una visión restringida de la cultura", agrego Meneses.

¿Experiencia internacional?

La iniciativa de ley propuesta por el PRI plasma en la exposición de motivos la experiencia en países como España, Francia y Reino Unido.

En España existe la llamada Ley Sinde, en vigor desde el 2012, que castiga la distribución en línea de contenidos protegidos. Este año, en el Congreso de España se discute el endurecimiento de las penas de cárcel.

En sentido opuesto está Francia, que bajo el gobierno de François Hollande busca retirar la Ley Hadopi (también conocida como Ley Sarkozy, en referencia al ex presidente francés quien dio luz verde a la aplicación de esa legislación) que priva del acceso a Internet a los infractores e impone multas pecuniarias.

"En Francia, la Ley Hadopi, la Ley Sarkozy, que se implementó hace muchos años, no ha arrojado buenos resultados. En España, con la Ley Sinde, los propios entusiastas han reconocido que la ley tiene límites y esto tiene que ver con las prácticas cultural de Internet", dijo Meneses.

Para Meneses, además, no existe una prueba contundente y basada en investigaciones científicas sobre la afectación directa en la industria cultural de las descargas y el consumo de contenidos digitales.

"No hay datos precisos ni consenso científico en cuanto a que Internet esté causando pérdidas a la industria discográfica o cinematográfica. No hay consenso científico de cómo correlacionar las descargas de música con que no se vendan discos. No está comprobado que si yo veo una película en Cuevana ya no voy a ir al cine. No hay una metodología", argumentó.

En una carta enviada a los legisladores, el presidente de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), Carlos Ponce Beltran, dijo que se trata de una iniciativa basada en información incompleta, poco precisa, que frena la modernización de México. (Agencias)