Peritos comunes en los tres casos

Foto 1 Paulette Gebara Farah, niña que estuvo desaparecida por nueve días y que apareció muerta en su casa.

El lamentable caso de la niña Paulette Gebara Farah ha destapado la cloaca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y se ha demostrado la clara incapacidad y falta de profesionalismo de los peritos de dicha procuraduría. Es el termómetro de lo mal que están, en general, todas las procuradurías de los estados, donde reina la corrupción y se propicia la impunidad.

La Procuraduría del Estado de México no hizo su trabajo: no preservó la escena del crimen. En teoría habían secuestrado a la niña Paulette y finalmente nueve días después su cadáver apreció —en el mismo lugar, la escena del crimen. Ni siquiera los perros que utilizaron para su búsqueda funcionaron.

Pasaron nueve días para que descubrieran "en teoría" que la niña Paulette nunca había salido del departamento donde vivía y que se encontraba en un resquicio entre el colchón y la base de la cama. A pesar de la gran cantidad de personas que participaron en las indagatorias entre las que se encontraban 15 agentes del Ministerio Público, 100 agentes ministeriales y 23 peritos.

Según la opinión de Max Morales Martínez, experto en liberación de rehenes de los secuestradores —opinión que es compartida por muchas personas— la autoridad no agotó la búsqueda, puesto que tardaron muchos días en encontrar el cadáver y éste "apareció" en el primer sitio en que debió haber sido encontrado desde el inicio. La aparición del cadáver ocurrió mientras los padres y las nanas estaban arraigados y el departamento preservado de visitas. Esto se presta a la especulación de que el cadáver fue sembrado.

La incompetencia de la Procuraduría del Estado de México es extrema. Por donde quiera que se analicen sus acciones y omisiones, falló desde un principio. Se exhibió con toda desnudez el estado de indefensión de toda la sociedad frente a las autoridades, dijo Max Morales en una entrevista con Javier Solórzano.

La Procuraduría del Estado de México llegó a la conclusión de tener que contratar a peritos externos para subsanar sus deficiencias. Entre los contratados están dos peritos del FBI, los cuales hicieron dictámenes periciales de mecánica de hechos y criminalística, lo cual ha sido blanco de reclamaciones por su posición anticonstitucional —por no haberse solicitado al Congreso Federal— y de la misma forma se contrataron a tres peritos mexicanos, de nombres muy reconocidos, de los cuales dos son viejos conocidos de la Procuraduría del Estado de Yucatán por su participación en el caso Medina-Abraham. Ellos son: Juventino Montiel Sosa y Vicente Francisco Zárate Noble.

Si en un caso de alto impacto por la importancia de las familias involucradas, las autoridades se desenvuelven de una manera tonta e ineficaz, ¿qué se puede esperar en los casos que involucran a personas comunes y "corrientes"?

En entrrevista con W Radio, Alfonso Navarrete Prida, ex procurador de justicia del Estado de México —hoy diputado federal— señaló que él no cree que el cuerpo de la niña Paulette haya estado todo el tiempo en el lugar donde la encontraron y que hubieron inconsistencias al inicio de la investigación, aunque defendió la actuación de Alberto Bazbaz Sacal, actual Procurador del Estado de México.

Son muchas las historias de casos en que las investigaciones realizadas por peritos del Estado de México arrojan resultados muy apartados de la realidad y que resultan en que personas inocentes sean irresponsablemente culpadas. Uno de ellos fue en 2006. Enrique Peña Nieto llevaba algunos meses de haber tomado posesión cuando la Procuraduría del Estado de México culpó del homicidio de Mónica Andrade Salinas al sacerdote César Torres Martínez. "Por falta de pruebas" y ante la insistencia del papá de Mónica —estaba convencido de la inocencia del sacerdote— el sacerdote fue puesto en libertad finalmente, sin cargo alguno.

Alberto Bazbaz Sacal, procurador del Estado de México

Peritos del Estado de México en el caso Wafé

Los peritos del Estado de México, exhibidos al día de hoy como ineptos y corruptos, que están participando en el caso Paulette, fueron los mismos que el exprocurador José Alonso Guzmán Pacheco solicitó mediante un acuerdo de colaboración entre las procuradurías para que vinieran a realizar pruebas periciales una semana después del homicidio de Rosa María Arceo Ochoa de Kuri. Wafé Kuri Torre –el esposo– fue acusado por la Procuraduría del Estado de Yucatán como el autor del homicidio en base a los resultados de las pruebas periciales realizadas por los peritos yucatecos y por el dictamen emitido por los peritos del Estado de México.

Mediante un acuerdo realizado por la agencia vigésima investigadora del Ministerio Público, el 19 de enero de 2008, seis días después del homicidio, se solicitó el apoyo y la colaboración de la Procuraduría del Estado de México, a fin de que peritos en materia química forense, balística y criminalística de dicha institución homóloga apoyaran a la autoridad ministerial yucateca, practicando exámenes periciales similares a los que ya habían sido practicados por los peritos yucatecos. Se buscaba verificar los resultados obtenidos, así como las conclusiones emitidas por la Procuraduría de Yucatán. Ese mismo día, Guzmán Pacheco envía un oficio a su homólogo que para entonces era el licenciado Abel Villicaña Estrada.

Dos días después, la Procuraduría del Estado de Yucatán recibió el oficio mediante el cual la Procuraduría del Estado de México comisionó al Dr. Isaac Urrutia Hernández, subdirector de servicios periciales, al Dr. Alberto Ortega Madrid, jefe del Servicio Médico Forense Estatal, al Quím. Moisés Saldívar Rodarte, responsable del área de química y al Técnico en Criminalística, Saúl Pérez García.

Urrutia Hernández y Saldívar Rodarte ya han sido plenamente identificados como participantes en el caso Paulette.

Según la defensa de Wafé, la presencia de los peritos del Estado de México no se justifica ya que la Procuraduría del Estado cuenta con los peritos en esas mismas materias.

Investigaciones realizadas por Artículo 7, evidencian que los peritos del Estado de México no realizaron ninguna prueba pericial. El dictamen se da en base a las actuaciones y pruebas proporcionadas por la Procuraduría del Estado de Yucatán.

Por otra parte, según copia del oficio en posesión de este semanario, las fechas en que vinieron a realizar las periciales fueron el 22 y 23 de enero de 2008. Fuentes de la Procuraduría del Estado de Yucatán nos indican que la venida de los peritos se mantuvo en total sigilo. "Si vinieron a Yucatán, nunca los vimos", nos comentó el informante —y continuó— "supimos por rumores que llegaron y se encerraron con el hasta entonces subprocurador Rafael Acosta Solís en sus oficinas".

Solicitud del agente investigador del Ministerio Público para que el entonces procurador, José Alonso Guzmán Pacheco, solicite a su homólogo del Estado de México, la colaboración de peritos para emitir dictámenes en el caso Wafé.

Oficio mediante el que la Procuraduría del Estado de México comisiona a peritos de dicha dependencia para que se trasladen a Yucatán.

Peritos en el caso Paulette lo fueron también de Medina Millet

Los peritos que la Procuraduría del Estado de México han contratado para cubrir las deficiencias de los peritos de esa Procuraduría en el caso Paulette, son los mismos que fueron contratados por Armando Medina Millet para su defensa.

El 7 de abril, la Procuraduría del Estado de México dio a conocer a los tres peritos que fueron contratados para investigar sobre la muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

Dos de ellos son considerados iconos y eminencias en sus especialidades. Ambos trabajaron en la defensa de Medina Millet. Se trata de Juventino Montiel Sosa y Vicente Francisco Zárate Noble.

Montiel Sosa se ha desempeñado como capitán de Puerto y teniente de Navío, en la Secretaría de Marina de la Armada de México, así como jefe de los servicios Periciales de la Dirección General de Justicia Naval. Además cuenta con un diplomado en Criminalística en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República y es especialista en Dactiloscopía por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Distrito Federal, así como en la fabricación, activación y desactivación de explosivos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente es vicepresidente de criminalística de la Academia Mexicana de Ciencias Forenses A.C. y catedrático en varias universidades que imparten criminalística. Cuenta con el Premio Nacional de las Ciencias Forenses que le fue otorgado en 1998.

Zárate Noble es médico cirujano militar y cuenta con maestría en medicina forense de la Escuela Militar del Ejército y una maestría en ciencias por parte del Politécnico Nacional, además de que cuenta con un diplomado en Antropología Forense. Se desempeña como perito forense y como catedrático en anatomía, criminología y toxicología.

Durante el caso Medina-Abraham, en la época de gobierno priista de Víctor Cervera Pacheco y siendo procurador del estado el Lic. Manuel Echeverría Bastarrachea, después de que Jorge Lizcano Esperón renunciara por las múltiples irregularidades que vio en el caso, estos dos peritos fueron blanco de amenazas e intimidación por su participación a favor de Medina Millet.

Según informó Zárate Noble al reportero Rudecindo Ferráez García (Diario de Yucatán, 20 de febrero de 2003) fue contratado por la defensa de Medina Millet y luego de estudiar durante varios meses el expediente y las evidencias emitió un dictamen a favor de Armando Medina. No pudo rendir oportunamente su dictamen favorable porque fue trasladado a Atoyac, en la Sierra de Guerrero, donde permaneció acuartelado. Cuando tuvo libertad de movimiento, Medina Millet ya había sido sentenciado. Zárate Noble ha contado que militares del Ejército lo presionaron para que rindiera un dictamen desfavorable —el gobierno priista de Víctor Cervera así lo solicitaba. Al negarse se le aplicó el traslado.

Sistema judicial de mazmorra

Las deficiencias en el sistema judicial comienzan con las policías y con los ministerios públicos. Pero no se quedan allá. A diario se oyen voces de queja y lucha en contra de la injusticias. Personas que están presos injustamente y personas que merecen estar en la cárcel y que se encuentran libres: es la constante de cada día.

Jueces y magistrados que obedecen a intereses de grupos de poder y al dinero, abogados que sin una gota de escrúpulo se venden por ganar más dinero.

Ejemplos como el de Wafé Kuri Torre, en el que se observa claramente la tendencia de sus juzgadores para condenarlo desde un principio o como el de Lolbé Carrillo Jiménez en el que el magistrado Luis Armando Cortés Escalante, persona honesta y con principios que obedecen al juramento de su profesión de impartir justicia, ha levantado la voz sosteniendo que a la funcionaria le asiste la razón y que debió recibir la protección federal.

Caso en el que claramente se aprecia la intervención directa del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco para que se empañe la administración de César Bojorquez Zapata ante la cercanía de las elecciones.

Ojalá que hoy que se rumorea que la gobernadora ha recibido su título de "Licenciada en Derecho", éste no sea sólo un papel para presumir, sino que se convierta en un estímulo para ella y realmente vele por la impartición de justicia de forma ejemplar, procurando en todo momento que los policías, peritos, procuradores, abogados, jueces y magistrados sean más los buenos que los malos.

Ex procurador del estado de Yucatán, José Alonso Guzmán Pacheco