Presentarán en septiembre próximo en el Congreso de la Unión la propuesta de la Ley Federal de Deuda Pública

La fracción parlamentaria de los diputados federales del PAN busca frenar a los gobernantes despilfarradores, como es el caso de la titular del Ejecutivo de Yucatán

Ante el despilfarro y la falta de transparencia en el manejo de los recursos en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, los fracción parlamentaria de diputados del PAN en el Congreso de la Unión ya trabaja en una iniciativa para restringir el nivel de endeudamiento de los gobiernos locales, dio a conocer la diputada federal Rosa Adriana Díaz Lizama.

Explicó que esta iniciativa es necesaria para poner freno al despilfarro de algunos gobiernos, como es el caso de Yucatán, ya que el Congreso de la Unión no puede intervenir, aunque muchos de estos recursos dilapidados sean federales.

Recordó que los únicos que tienen la facultad para tratar de impedir el dispendio o fincar responsabilidad a los gobernantes que malgastan los recursos públicos son los congresos locales. Estos pueden realizar juicio político a un gobernante y desaforarlo en caso de malos manejos.

—En Yucatán, no hemos podido evitar esta situación porque además de que la ley no los permite, la mayoría priista en el Congreso del Estado protege a la gobernadora.

Agregó que, con la iniciativa de Ley Federal de Deuda Pública, la fracción parlamentaria del PAN busca restringir totalmente al gobierno en cuanto al endeudamiento, especialmente, si este compromete los recursos públicos, como el Ramo 33, que es infraestructura.

La diputada federal Rosa Adriana Díaz Lizama durante su participación en una de las asambleas del Congreso de la Unión. (Cortesía)

—Es el colmo que actualmente Ivonne Ortega haya ofrecido como garantía un gran porcentaje de las participaciones federales a los bancos por los créditos que ha solicitado.

Manifestó que la iniciativa ya está en estudio y será presentada en septiembre próximo.

A una pregunta, dijo que confía en que la iniciativa se dictamine y se apruebe por unanimidad, como sucedió con otra propuesta hecha por ella, ya que el despilfarro de los gobiernos locales lesiona a todos los partidos y a los aspirantes a los puestos de elección popular porque saben que van a recibir gobiernos endeudados en los que no podrán hacer mucha obra pública.

—La única forma en que un gobierno así pudiera salir adelante es que fuera muy austero, muy eficiente y que además tuviera una perfecta coordinación con los municipios.

Factura electoral

Por otra parte, la legisladora manifestó su confianza en que los ciudadanos cobrarán factura electoral al PRI en las próximas elecciones porque la gente ya está cansada de mentiras como aquella de que es escuchada por el gobierno.

Opinó que otra desventaja para el Ejecutivo frente al electorado es que tiene abandonado al estado en lo que se refiere al campo, a la pesca y a los apoyos.

Dijo que aunque el PRI intentará a toda costa retener los gobiernos estatal y municipales, no será tan fácil debido a que el próximo año se llevarán a cabo simultáneamente seis elecciones juntas, que serán vigiladas por el Instituto Federal Electoral (IFE).

—Al IPEPAC ni lo tomamos en cuenta como una institución que cuide la elección porque está totalmente parcializado hacia el PRI.

Ante la posibilidad de que "los jugos, las tortas y las despensas" compren votos el día de la elección estatal y municipal, la legisladora destacó que si la gente ya está cansada de tanta impunidad, como aparentemente lo está, no hay nada que pueda evitar que el PRI deje ambos niveles de gobierno.

Como ejemplo, puso el municipio de Butczotz, de donde es originaria,en donde el PRI gobernó por muchos años hasta que fue derrotado en dos ocasiones consecutivas.

—Ahora gobierna el PRI de nuevo, pero el PAN perdió por sólo 8 votos.

Rosa Adriana Díaz Lizama en gira de trabajo en Yucatán. (Cortesía)

Cero en equidad y género para Ivonne Ortega

La entrevistada también se refirió a la polémica generada recientemente por el subdirector de Investigación y Literatura de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, Carlos Sarabia Barrera, por insultar en las redes sociales a la investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY, Gina Villagómez Valdés.

—Si pudiera poner una calificación a Ivonne Ortega en el tema de equidad y género, le pondría cero. Primero porque en su gabinete no hay ninguna mujer y la única que había, Diana Castañeda Medina, fue enviada al Ayuntamiento de Mérida.

Además, no hay apoyo de ningún tipo para la mujer. Los únicos apoyos que se entregan son los que dejó el gobierno de Patricio Patrón y algunos de ellos ya han desaparecido.

Aunque les duela a los priistas, en el gobierno de Patricio sí hubo más participación de la mujer en el gabinete estatal. Basta recordar a Carmen Zita Solís Robleda a cargo de la SEGEY; a Carolina Cárdenas, titular de Turismo y Elsy Mezo, la tesorera.

En cuanto al papel del Instituto de Equidad y Género del Estado de Yucatán (IEGY), a cargo de Georgina Rosado, dijo que esta dependencia brilla por su ausencia.

Calificó de lamentable que Georgina Rosado aún permanezca como titular del IEGY porque ha parcializado su afecto.

—Si ofenden a mujeres panistas o a ciudadanas, como Gina Villagómez, está bien para ella. Pero cuidadito y alguien se atreva a decir algo en contra de la gobernadora. Georgina rosado está para proteger a Ivonne Ortega y a su séquito.

Logros en el Congreso de la Unión

Por otra parte, la diputada federal Rosa Adriana Díaz Lizama hizo mención a los principales logros obtenidos en el Congreso de la Unión, donde es secretaria de Equidad y Género. También participa activamente en el tema de Derechos Humanos.

Al respecto, destacó la iniciativa de ley que presentó en 2009 y que se aprobó por unanimidad en abril pasado para transparentar el manejo de los recursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); por cierto, recibe anualmente un presupuesto de $1101 millones.

Destacó que esta medida es necesaria porque la CNDH tenía un gasto desmedido en lo administrativo, en los viáticos y en otros rubros.

Explicó que con la iniciativa esa dependencia no podrá gastar el dinero sin antes discutirlo con su Consejo Consultivo.

—Ojala en Yucatán pudiera transparentarse el manejo de los recursos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY), que anualmente recibe $23 millones. Pero esto depende de la voluntad e interés del Congreso local.

En lo referente al tema de Equidad y Género, dijo que está trabajando para que la trata de personas sea penalizada con el rigor que merece este delito y para que sea perseguido de oficio, lo que no sucede actualmente.

—El problema al que nos enfrentamos actualmente es que la trata de personas no tiene una sanción tipificada; las personas involucradas en este delito pueden salir libres bajo fianza.

Finalmente, indicó que es importante denunciar esta situación, por lo que pidió a las personas que conozcan sobre un delito de esta índole denunciar anonimamente al número gratuito 01-800-0085-400. L.I.