BOGOTÁ, Colombia, 22 de diciembre.- La única información pública sobre las interceptaciones y destrucción de aeronaves que violan el espacio aéreo de Venezuela con presuntos cargamentos de droga es la que divulga en su cuenta de Twitter el ministro de Defensa de ese país, el General Vladimir Padrino. Son mensajes telegráficos, de menos de 140 caracteres, acompañados de fotografías de las avionetas sin mención alguna de la suerte de los tripulantes o de la carga que transportaban.

Narco-avionetas derribas por Gobierno venezolano. (Foto Tomada del Twitter @vladimirpadrino)

“Una vez más nuestra Defensa Aeroespacial Integral detecta, intercepta e inmoviliza aeronave que ingresó ilegalmente”, tuiteó el ministro el pasado 9 de diciembre, junto con dos fotografías de un jet ejecutivo Rockwell Sabreliner 60ELXM con matrícula mexicana XB-KLQ. El aparato está varado en medio de un extenso llano y una de las alas, el estabilizador horizontal y la aleta, se aprecian destruidos.

Un día antes, Padrino mostró en Twitter una foto de los restos de otra aeronave, en este caso una Turbo Commander Rockwell 690B, a juzgar por la cola y parte de un ala, que son las únicas piezas que pueden identificarse. De la matrícula sólo se alcanza a ver “MNX” y es, al parecer, mexicana. El pie de foto del ministro es escueto: “Otra aeronave inmovilizada por la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) al SE (sureste) de Elorza (población del estado Apure, fronterizo con Colombia). Violó espacio aéreo presumiblemente con fines de narcotráfico”.

Según los reportes del ministro de Defensa, con esas dos aeronaves suman 23 las que han sido interceptadas o inmovilizadas por la FANB de Venezuela desde octubre del 2013, cuando el Gobierno puso en vigencia una nueva ley de defensa del espacio aéreo que permite derribar aviones sospechosos de transportar droga.

Sólo en tres de las 23 aeronaves interceptadas el General Padrino ha dejado que se sepa la nacionalidad de las mismas. Lo ha hecho mediante las fotos divulgadas en su cuenta de Twitter, en las que se aprecian las matrículas. Las tres resultaron ser mexicanas. La primera fue en noviembre del 2013 y las otras dos fueron las reportadas por el militar el 8 y 9 de este mes.

A la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, le llama la atención que sólo cuando se trata de avionetas mexicanas el Gobierno venezolano se permita evidenciar su procedencia.

“Todos los actos propagandísticos de este Gobierno son deliberados. El Gobierno escoge de manera muy cuidadosa las puestas en escena y sin duda hay un interés en que se sepa que esas aeronaves son mexicanas. Creo que esto es por todos los problemas de narcotráfico que hay en México y porque las relaciones entre los dos países no son especialmente cercanas”, dice a Proceso la abogada, especialista en Derecho Internacional y maestra en Seguridad y Defensa.

Hay un cuarto caso en el que Padrino divulgó, el 6 de junio pasado, una foto de un mini-jet ejecutivo Cessna Citation 525 “inutilizado” en el Estado de Apure en la que se aprecia en forma borrosa y parcial la matrícula estadounidense “H770”. Sus características coinciden con un avión reportado como robado un día después en Mérida, Yucatán, por parte de la empresa mexicana Jet Net.

México, Colombia, Venezuela y los países centroamericanos conforman el principal corredor del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. En su informe de este año, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas reportó “una intensificación del tráfico aéreo (de cargamentos de esa droga) desde la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela a las pistas de aterrizaje del centro de Honduras, que coincide con la disminución de la actividad en las rutas más consolidadas a través de Haití y la República Dominicana”.

El rigor de la ley

La política de interdicción y destrucción de aeronaves sospechosas comenzó a aplicarse en Venezuela el 2 de octubre del 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro anunció que a partir de ese día la FANB pondría en práctica los ordenamientos de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, aprobada en el 2012 por la unicameral Asamblea Nacional, pero cuyo reglamento tardó más de un año en elaborarse. Esa legislación faculta a los organismos de defensa a derribar aeronaves que presumiblemente transporten droga.

“Que sepa el narcotráfico internacional que a partir de hoy (2 de octubre del 2013) cualquier nave que entra a Venezuela (a traficar) va a ser conminada a aterrizar en paz. Si no, va a ser derribada por nuestros (aviones de combate) Sukhoi, por nuestros F-16 y toda la aviación militar venezolana”, dijo Maduro ese día durante un acto con altos mandos militares.

Un mes después, el 5 de noviembre del 2013, el General Padrino, que en ese entonces sólo era jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB –cargo que aún ocupa, además del de ministro de Defensa— informó en Twitter sobre la interdicción de una aeronave Hawker 25 con matrícula mexicana XB-MGM y mostró dos fotos del aparato destruido y aun humeante en tierra.

Las agencias de prensa divulgaron la noticia como un derribamiento y la Cancillería mexicana pidió explicaciones a su contraparte venezolana a través de una nota diplomática en la que exigió “deslindar las responsabilidades a las que haya lugar”.

El Presidente Maduro se mostró sorprendido por el requerimiento y pidió a su canciller de ese entonces, Elías Jaua, hacer saber al Presidente mexicano Enrique Peña Nieto y a su Gobierno “que estaban abogando por un avión que estaba full (lleno) de cocaína”.

Advirtió además que “no vamos a aceptar que sigan utilizando el espacio aéreo de Venezuela para el narcotráfico (…) que lo sepan, no nos van a parar ni con campañas mundiales ni con chantajes”.

Ese fue el primer avión mexicano interceptado y destruido por las fuerzas militares venezolanas en el marco de la nueva política de control del espacio aéreo. Según informó la Cancillería de Venezuela a México, los tripulantes alcanzaron a huir luego de que el Hawker 25 fue obligado a aterrizar tras una persecución de 40 minutos.

Desde entonces, la embajada de México en Caracas da seguimiento a la cuenta de Twitter del General Padrino y cada vez que éste reporta la destrucción de una avioneta, personal de la delegación diplomática pide información a las autoridades venezolanas sobre la nacionalidad de la aeronave y de sus tripulantes, si es que hubieran sido detenidos.

Mediante este mecanismo, la embajada fue informada a través de la Cancillería venezolana que un avión bimotor interceptado y destruido en tierra el 25 de diciembre del 2013 en el Estado de Apure tenía matrícula mexicana pero sus dos tripulantes, que fueron aprehendidos por personal militar, eran de nacionalidad colombiana.

En otra operación antidrogas realizada por la FANB el 25 de octubre pasado no sólo resultó que un avión birreactor Gulfstream destruido en una pista clandestina en Guárico era mexicano, sino que también sus dos tripulantes, los pilotos Milton Eliseo Torres y Víctor Manuel Cardoso. Ambos están bajo arraigo en una cárcel de ese Estado central venezolano en espera de juicio por tráfico de drogas.

Hasta ahora, la embajada de México en Venezuela no tiene reportes sobre eventuales decesos de ciudadanos mexicanos en estas acciones que desarrolla el Gobierno venezolano.

De hecho, la FANB nunca ha informado sobre algún derribo de aeronaves sospechosas o de la muerte de sus tripulantes. Los términos que ha utilizado el General Padrino para referirse a las avionetas implicadas en esas operaciones son: “destruidas”, “inutilizadas en tierra” o “interceptadas”.

En el caso de las dos aeronaves de matrícula mexicana que habrían violado el espacio aéreo venezolano el 8 y el 9 de diciembre, la Cancillería mexicana solicitó a su contraparte de Venezuela que verifique si esas matrículas son verdaderas o apócrifas.

Hasta el pasado jueves 18 no se habían reportado detenciones de ciudadanos mexicanos en esos operativos de interdicción.

Distractor

La aprobación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, en el 2012, fue criticada por defensores de los Derechos Humanos que la consideran violatoria del derecho al debido proceso y a la defensa. “Además, puede ser vista como una pena de muerte no declarada, pues contempla la posibilidad de ataques por parte de naves militares a aeronaves civiles, con lo que la probabilidad de sobrevivencia es muy baja”, dice el periodista especializado en criminalística Javier Mayorca.

El integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado sostiene que este tipo de legislaciones las han adoptado en la región países como Colombia, Brasil, Perú y Bolivia, con todo el respaldo de Estados Unidos.

Para Mayorca, Venezuela tiene una política antidrogas “absolutamente derechista, cuando menos de dientes para afuera”, y además muy poco transparente pues es inexistente un sistema de estadísticas que permita dar seguimiento a esa estrategia y evaluarla de acuerdo con sus resultados. “Esto no sólo ocurre en esta materia sino prácticamente en todas las áreas del quehacer gubernamental. Opacidad es el término que mejor los describe”, indica.

Mayorca y San Miguel coinciden en que las acciones antidrogas del Gobierno de Maduro buscan más un efecto propagandístico que atacar a fondo ese fenómeno criminal que se expresa con intensidad en varios países de la región.

“El interés es dar la impresión de que se hace algo”, señala Mayorca, mientras que San Miguel sostiene que “todo esto es parte del sensacionalismo y la videopolítica que desarrolla el Gobierno venezolano y que involucra al sector militar, que detenta los ministerios clave (Interior, Economía) y es un factor fundamental de poder”.

De acuerdo con San Miguel, los anuncios espectaculares de destrucción de avionetas son “un distractivo de los problemas reales del país (crisis económica, inflación, escasez de productos básicos) y tratan de pulir un poco la imagen de la FANB, que ha estado deteriorada en los últimos años por la politización de las instituciones militares”.

La abogada y maestra en Seguridad y Defensa considera que esa estrategia de comunicación “también puede ser una respuesta a los cuestionamientos que se han hecho a integrantes de la Fuerza Armada por estar involucrados en el narcotráfico”.

La internacionalista venezolana Elsa Cardoso señala que “en efecto, hay sombras muy grandes sobre sectores militares venezolanos por el manejo que dan al tema del combate al narcotráfico y el contrabando fronterizo, y esto puede explicar en parte la política antidrogas tan heterodoxa y tan poco transparente que hay en el país”.

“Lo menos que uno esperaría es que hubiera procedimientos más estandarizados en esta política de interdicción de aeronaves, así como pruebas a la vista y no simplemente un avión que quedó destruido sin que nadie informe qué pasó con sus tripulantes y con la droga que llevaba”, dice la doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. (APRO)