MÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió ayer al Gobierno de Enrique Peña Nieto y al Mandatario guerrerense, Rogelio Ortega Martínez, que los funcionarios a su cargo “se abstengan de formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo” a defensores, víctimas y familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.

Activistas protestan por la desaparición de los normalistas frente a la sede de la ONU en el D.F. (Alejandro Ayala/Xinhua)

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez tomó la determinación de emitir medidas precautorias dirigidas a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Gobernador Ortega, luego de registrarse expresiones de funcionarios, como el secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, quien sostuvo que los padres de las víctimas de Iguala están siendo manipulados.

Además, días antes Ortega Martínez acusó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representa a las familias, de impedir el acercamiento gubernamental con los familiares de las víctimas.

Las medidas de la CNDH se emitieron luego de que en medios nacionales se han filtrado información presuntamente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que identifica a los defensores como simpatizantes de grupos guerrilleros de Guerrero.

En un comunicado, la CNDH explicó que el viernes 19 giró oficios a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, Lía Limón García, y al Gobernador Ortega Martínez, en el que se les notifica que en días pasados se dieron a conocer opiniones de “servidores públicos de diferentes ámbitos de Gobierno, en torno a la problemática que prevalece en el Estado de Guerrero y especialmente al asunto conocido como Caso Iguala y/o Ayotzinapa en que se descalifica el trabajo que realizan tanto defensores civiles e derechos humanos como a los familiares de las víctimas, en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y en sus reclamos de justicia”.

El ombudsman nacional solicitó a los funcionarios “que instruyan, en el ámbito de su competencias, a los servidores públicos de ambos niveles de Gobierno, en especial a los encargados de las fuerzas de seguridad, para que se abstengan de formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad personal de los defensores civiles de Derechos Humanos, víctimas y familiares de los involucrados en el Caso Iguala, instruyéndoles además a que garanticen un trato digno y respetuoso a los mismos”.

Las medidas precautorias se emiten, señaló, “sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos y con el propósito de evitar la consumación irreparable de violaciones a Derechos Humanos o la producción de daños de difícil reparación y salvaguardar los derechos de las víctimas”.

El organismo recordó que por lo hechos ocurridos en Iguala los pasados 26 y 27 de septiembre, abrió el expediente de queja CNDH/1/2014/6432/Q, por los ataques armados a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos e integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo, hechos que dejaron un saldo de seis personas fallecidas, 30 lesionadas y 43 desaparecidas".

El pasado 4 de octubre, luego de la localización de seis fosas clandestinas “con un número indeterminado de cadáveres”, se continuó el expediente “como una investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos”, quedando bajo el número CNDH/1/2014/6432/Q/VG.

A ello, agregó en el comunicado, que el pasado jueves 18 de diciembre, el ombudsman nacional creó una oficina especial para el caso nombrando como titular a José T. Larrieta Carrasco, con la misión de “mantener comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes” y organizaciones nacionales e internacionales, para definir las “conductas y omisiones violatorias en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los referidos acontecimientos”.

Otras tareas encomendadas a Larrieta serán la revisión de las actuaciones ministeriales del fuero común y federal “para identificar cualquier probable violación a derechos humanos así como estar atento a que las autoridades agoten todas las líneas de investigación que conforme a derecho procedan”. (APRO)