MEXICO, D.F., 30 de diciembre.- Proyectado como el año en que se consolidarían las grandes reformas estructurales que colocaron al Presidente Enrique Peña Nieto como uno de los liderazgos emergentes a nivel internacional por su apertura al cambio y la inversión internacional, 2014 concluye como el más aciago en lo que va del siglo. Una crisis de Derechos Humanos, que se tornó inocultable con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y las evidencias de una ejecución extrajudicial en Tlatlaya, se asoció a una fuerte inestabilidad económica al finalizar el año.

A finales del 2014 la economía continúa dando tumbos en sus principales variables, con un crecimiento económico que podría finalizar en 2 por ciento, casi a la mitad de las expectativas originales del gobiernos –3.9 por ciento–, con una acelerada depreciación de la moneda que ha colocado al Dólar por arriba de los 15 pesos, y un desplome en el precio del petróleo que lo ubica ayer en 47.04 dólares por barril, muy distante de los 81 dólares originalmente proyectados.

En este entorno estallaron también sonados escándalos que impactaron al círculo más íntimo del Presidente Enrique Peña Nieto: su esposa, Angélica Rivera, y uno de sus principales colaboradores, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fueron asociados directamente con el Grupo Higa, uno de cuyos principales accionistas, Juan Armando Hinojosa Cantú, fue ligado a operaciones inmobiliarias sospechosas, al menos, de conflicto de intereses, en virtud de ser uno de los principales contratistas tanto del Gobierno mexiquense, en la gestión de Peña Nieto, como del actual Ejecutivo Federal.

El 8 de noviembre pasado se dio a conocer que la familia presidencial, una vez concluido su encargo viviría en una residencia valuada en 94.5 millones de pesos, actualmente propiedad del Grupo Higa, que apenas unos días antes había ganado una licitación de 50 mil millones de pesos –junto con otros socios, incluidas empresas chinas– para construir el tren México-Querétaro. Sin mayor detalle, tras el anuncio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Peña Nieto revocó la decisión dos días antes de publicarse el reportaje.

El Grupo Higa fue beneficiado con millonarios contratos de los gobiernos mexiquense (en la pasada gestión) y Federal. Sorprendida en medio de una gira a China y Australia, la Presidencia tardó 10 días en responder. Molesto, Peña descalificaría –a su regreso de Asia– las publicaciones, tildándolas de un sinnúmero de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno.

Esa noche, Rivera explicaría, en Televisa –con tono de fastidio y visiblemente molesta–, que esa vivienda era producto de su trabajo y que se trataba de una casa contigua a otra que le entregó Televisa como parte de su liquidación –que incluiría además 88 millones de pesos–, al tiempo que anunciaba que pondría a la venta los derechos del nuevo inmueble –propiedad de Higa– para evitar especulaciones. Sus explicaciones no fueron bien recibidas por la opinión pública.

Semanas después, estallaría un nuevo escándalo ligado al Grupo Higa, que le vendió una propiedad en Malinalco al actual secretario de Hacienda en la etapa de transición intersexenal.

Los cuestionamientos sobre conflicto de intereses y corrupción se desataron en torno a Los Pinos. Paradójicamente, a su llegada al Gobierno, el combate a la corrupción había sido una de sus ofertas y fue desempolvada como parte del decálogo anunciado en noviembre para impulsar –frustradamente hasta ahora– el Sistema Nacional Anticorrupción con otras fuerzas políticas en el Congreso.

Apenas en septiembre, poco antes de que el rumbo del año y del sexenio cambiara con los hechos de Ayotzinapa, Tlatlaya y la denominada Casa blanca de Rivera, el Presidente había considerado a la corrupción como un asunto cultural.

Petróleo: ruta retorcida

La ruta de la privatización petrolera fue más complicada, pues no sólo incluyó dejar sola a la Izquierda en el Congreso, cancelándosele toda posibilidad de cambios en la privatización petrolera, la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera en petróleo y energía eléctrica, sino también la no autorización de la consulta popular, que con el argumento de inconstitucionalidad efectuaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pactada entre PAN y PRI, no hubo posibilidad de cambio alguno, ni de consulta a la sociedad sobre el futuro del petróleo, cuya privatización fue ofrecida como palanca para el desarrollo, meses antes de que ocurrieran los hechos en Iguala, Guerrero.

El caso Ayotzinapa anuló la eficacia política del régimen y suprimió en los hechos la millonaria inversión para construir un nuevo aeropuerto por 120 mil millones de pesos de inversión total. (La Jornada)