Desde 2008 se planea la "compra" de Chichén Itzá

"La compra de tierra en Chichén Itzá por el Gobierno del Estado se viene gestando desde principios de 2008", nos reveló un funcionario público que por obvias razones quiso permanecer en el anonimato.

"Se reunieron en el Palacio de Gobierno con Rolando Zapata Bello —entonces secretario general de gobierno— personal del INAH, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional (RAN), Cultur y otros más. Buscaban saber cómo se encontraba la situación de los terrenos particulares de Chichén Itzá, con la firme intensión de comprarlos", comentó el funcionario.

—En el año 2005, el INAH a través del Programa de Adquisición de Predios quiso comprar la propiedad privada de Chichén Itzá, siendo propiedad de la familia Barbachano. Varios empleados del INAH de la Ciudad de México vinieron al Estado y realizaron estudios y un levantamiento topográfico de Chichén Itzá y de los terrenos ejidales aledaños. No se realizó la operación de compra venta en virtud de que no se llegó a ningún acuerdo económico. La familia Barbachano se excedía por mucho en el precio, considerando que el avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en ese entonces marcaba un valor de 8 millones de pesos —agregó nuestro informante.

Las diferencias

Gran polémica ha causado en la sociedad la compra de 83 hectáreas que el Gobierno del Estado, a través de Cultur y su titular Jorge Esma Bazán, realizó en Chichén Itzá a Hans Jürgen Thies Barbachano.

Según el boletín del Gobierno del Estado, 45 hectáreas corresponden a la totalidad de la zona arqueológica y las restantes a un área contigua.

Según la negociación pactada, Cultur cerró con el Sr. Barbachano la operación por un monto de $220 millones, muy por encima —2750%— del avalúo federal que previamente se había realizado. Un pago en exceso de $212 millones. (Recordemos la pretendida demanda sobre Guzmán Alcocer, que fue de $500 millones, cuando en realidad se trató de terrenos vendidos favoreciendo el ingreso de dinero a Cousey. Los $500 millones fueron golpe publicitario, dado que ese valor sólo lo podrían alcanzar los terrenos después de una millonaria inversión. En el caso del pago de los terrenos de Chichén Itzá, la posible malversación de fondos sería de por lo menos $212 millones, extraídos directamente del erario en pago de un bien ya previamente avaluado oficialmente en $8 millones.)

Con esta operación el gobierno de Ivonne Ortega ha invertido ya $300 millones en la zona: se recordará que a principios del quinquenio de la Sra. Ortega Pacheco se realizó la compra del Aeropuerto de Kau por un monto de $70 millones que se le pagaron al Sr. Emilio Díaz Castellanos. Se publicitó el argumento de "incrementar el número de operaciones de dicho aeropuerto que le daría entrada a cientos de vuelos procedentes de todo el mundo para que millones de personas visitaran una de las Maravillas del Mundo".  A la fecha no se han visto resultado alguno: sólo tienen de una a dos operaciones al día con un total de menos de diez pasajeros, según información proporcionada por el mismo aeropuerto.

Discrepancias y dudas en la compra

Según la investigaciones realizadas por este semanario, existen serias dudas en relación a las hectáreas compradas por el Gobierno del Estado. Un mapa oficial de la zona, divide la propiedad de los Barbachano en cuatro partes (ver figura 1). La primera parte corresponde a un polígono de área abierta al público con una extensión de 46.62 hectáreas. Esta área alberga la totalidad de los edificios de la zona arqueológica. La segunda parte corresponde al polígono del este y comprende exactamente las 83 hectáreas que Cultur refiere como compradas. Es un área sin edificios. La tercera área corresponde al polígono sur, con un total de 145.22 hectáreas. Es la parte que comprende el llamado "Chichén Viejo". La cuarta área, con un total de 147.76 hectáreas, corresponde al polígono norte y noroeste.

Por ende, si son 83 hectáreas las que compraron, es muy probable que haya sido la segunda área, la que tiene el mismo número de hectáreas pero carece de edificios arqueológicos.

Figura 1. Mapa que muestra cuatro partes de la propiedad de la familia Barbachano, marcadas en color gris. La marcada con la número 2 corresponde a 83 hectáreas. El área 1 corresponde a los edificios arqueológicos.

Botín de muchos

Desde que el Gobierno del Estado anunció la compra de tierra en Chichén Itzá, se ha desatado la polémica en la sociedad yucateca. Artículo 7 ha recibido muchas llamadas telefónicas y correos electrónicos con comentarios en que se especula la participación de empresarios en el entramado de adquirir esos terrenos.

Los informes del INAH determinan que el área poligonal federal de Chichén Itzá totaliza 1542.32 hectáreas (ver figura 2). En el mapa se puede apreciar el polígono delimitado con linea verde.

Ha trascendido que dentro del área poligonal federal y en los terrenos ejidales aledaños como son: Pisté, Xcalacoop, Yaxché, San Felipe Viejo y Tinum, se encuentran propiedades de varios empresarios que se dieron a la tarea de adquirir esos terrenos con el fin de especular, ya que tenían la información privilegiada por parte de Ivonne Ortega Pacheco de sus planes de adquisición. Entre los nombres que han trascendido como beneficiarios está el de Ermilo Castilla Roche, yerno de un accionista importante de Bepensa, Fernando Ponce García, quien, actualmente, es pareja de Cristina Barbachano Herrero, tía carnal de Hans Jürgen Thies Barbachano, el agraciado con el pago de los $220 millones, cantidad 2750% por encima del avalúo oficial.

Otros nombres que han trascendido como compradores de tierras ejidales en las inmediaciones de Chichén son Mario Menéndez Cámara, su hermano Miguel —ambos propietarios del periódico Por Esto!— y Renán Castro Madera, director del periódico Por Esto! de Quintana Roo. Esto confirmaría los rumores de Holbox, en donde Ermilo Castilla Roche cedió varias hectáreas de terreno a la familia Menéndez Rodríguez y Menéndez Cámara como pago para "comprarle silencio" al Por Esto!.

También hay beneficiarios ocultos. Éstos son los que Adolfo Peniche Pérez, titular de la Sifidey (Fondo Yucatán), ha contratado por millonarias sumas de dinero para realizar los proyectos ejecutivos de estos "mega proyectos". Tan sólo por el proyecto de "El Tren Bala" se han erogado $20 millones a la empresa que hizo el estudio de factibilidad (determinando, al parecer, que no es factible) y $400 mil mensuales por el personal que atiende el proyecto. Se calcula que por este nuevo proyecto de Chichén Itzá se hará una erogación similar.

Figura 2. Mapa general de toda el área de Chichén Itzá y de ejidos circundantes. El polígono marcado con línea verde corresponde al polígono federal de 1547.32 hectáreas. El área azul corresponde a ejidos circundantes.

Dinero para campañas

Un comerciante del área comercial de Cultur en Chichén Itzá comentó que lo declarado por la Sra. Silvia Cimé Mex a otro medio de comunicación en el sentido de que les dio gusto que el Gobierno del Estado haya comprado los terrenos, no es el sentir general de los comerciantes. Para la mayoría esto es "mal agüero", es algo que viene disfrazado. Ella puede decir lo que quiera pero la mayoría piensa otra cosa. Nosotros estamos especulando todo lo contrario porque esto va a ser un patrimonio para el PRI y va a servir para solventar campañas políticas de ellos.

Ya trasciende que una parte de los $80 millones de anticipo van a ir a parar a la campaña de Angélica Araujo.

"La realidad es que nos quieren sacar a todos los comerciantes para que sólo ellos puedan hacer negocio", comentó un pequeño empresario con signos notorios de preocupación.

—Entre los Barbachano y el Gobierno del Estado, con Esma Bazán como negociador, han hecho una serie de negocios turbios, como el bar que ilegalmente colocaron los de Mayaland en el mostrador de Cultur. El INAH ya había clausurado este bar y los del Gobierno del Estado lo volvieron abrir.

—Quieren monopolizar Chichén y posteriormente privatizarlo. Ahorita lo están disfrazando pero más adelante a ver qué tienen debajo de la carta —concluyó el entrevistado.

Fernando Ponce García e Ivonne Ortega Pacheco, bajo sospecha de contubernio en la adquisición de terrenos de Chichén Itzá.