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MEXICO, D.F., 6 de mayo.- Mientras el Congreso retrase más las leyes secundarias en materia energética no podrán concretarse grandes inversiones y proyectos de desarrollo para el país, cuyo costo será la incertidumbre, la continuidad de fugas y pérdidas derivadas de problemas estructurales en el sector, sentenció ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Ante ello, el líder empresarial demandó a los legisladores a comprometerse a cumplir puntualmente con los términos estipulados para el desarrollo de los periodos extraordinarios y en este sentido, pasar de inmediato a la implementación y adaptación, con mayor claridad de rumbo.
Aseveró que existe gran incertidumbre de empresas y personas respecto a la definición del rumbo de México, así que “es muy importante que ya no haya más postergaciones, porque los tiempos de las necesidades y los desafíos del país no pueden ni deben ajustarse a los tiempos de la política”.
Abundó en La Voz del CCE que fuera del Congreso, “hay ciudadanos, empresas y sujetos regulados que ya están teniendo que tomar decisiones y ajustarse a disposiciones jurídicas, con gran incertidumbre; sin los correspondientes reglamentos ni precisiones sobre asuntos medulares”.
Los periodos extraordinarios que se abren necesitan de un compromiso extraordinario de cumplir puntualmente con los términos estipulados, pugnó Gutiérrez Candiani.
Y es que la economía mexicana pasa por un momento de debilidad y expectativas disminuidas en la población, por lo cual hay que responder con una inyección de confianza de que las reformas van a fondo, y no quedarán minimizadas, distorsionadas o mucho menos aplazadas, consideró el presidente del CCE.
Argumenta que las reformas no son promesas, sino motores de transformación y crecimiento en marcha, realidades que están tomando fuerza para producir beneficios que llegarán a todos los mexicanos.
Las tres principales fuerzas políticas representadas en el Senado informaron que habrá tres periodos extraordinarios durante el presente y el próximo mes, a fin de sacar adelante todos los pendientes en la legislación secundaria derivados de las tres grandes reformas constitucionales aprobadas en el 2013: la política, telecomunicaciones y energética.
El reto de la reforma política es facilitar la gobernabilidad democrática en Estado de derecho, para pasar de la transición a la consolidación de la democracia como forma de vida en México; la de telecomunicaciones busca la reducción de precios en hasta 20% en un corto plazo, diversidad y calidad de los servicios, a través de una mayor competencia en el mercado, destacó el dirigente de la Iniciativa Privada. (El Economista)