Mérida, Yucatán a 23 de junio de 2014.- Una serie de acciones para trabajar con base en las disposiciones de la nueva Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Yucatán, fueron delineadas en una reunión de trabajo esta mañana entre magistrados de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura y jueces del Poder Judicial del Estado.

El magistrado presidente de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Rivero Evia, expuso en la reunión que esta nueva Ley, publicada en el Diario Oficial del Estado (DOE) el pasado 1º de abril y que entra en vigor el próximo 30 de junio, otorga nuevas facultades a las juezas y jueces del Poder Judicial.

Tal es el caso del otorgamiento de medidas de protección a mujeres en situación de violencia, las cuales podrán ser solicitadas por éstas de manera directa a los jueces familiares y a los jueces de control del sistema penal acusatorio y oral, en forma oral o escrita y con independencia de la existencia de un proceso previo (es decir, podrán ser autónomas).

Los jueces deberán valorar, acorde con los indicios probatorios aportados por la víctima, si esta medida es otorgada, pero deberán hacerlo en los tiempos que marca la ley, distintos a los que disponen los códigos procesal penal y de procedimientos familiares, ambos del Estado, lo que implica que el Poder Judicial requiere flexibilizar su modelo de gestión para atender estas solicitudes.

En la reunión, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal, señaló que en coordinación con el Consejo de la Judicatura se determinarán en breve los mecanismos para que los juzgados cuenten con la capacidad para atender las solicitudes en los plazos marcados en la ley.

Expuso que estas necesidades en los juzgados serán atendidas con los recursos materiales y humanos con que cuentan actualmente, mediante prácticas que ya se realizan en los juzgados del interior del estado.

Otra de las atribuciones relevantes para los jueces, que contempla la nueva ley, es que dichas medidas de protección otorgadas deberán reportarse ante la Fiscalía General del Estado, para que esta institución las integre a sus registros.

Las órdenes de protección son medidas de atención que tienen por objeto brindar atención a las víctimas, así como otorgarles protección y seguridad para garantizar el acceso a una vida libre de violencia.

En la reunión estuvieron presentes juezas y jueces de los sistemas tradicional y oral familiar, juezas y jueces mixtos del interior del estado y juezas y jueces en materia civil.

Asimismo, encabezaron la reunión la magistrada integrante de la sala colegiada civil y familiar Mygdalia Astrid Rodríguez Arcovedo y los integrantes del Consejo de la Judicatura Fanny Iuit Arjona, Melba Angelina Méndez Fernández, Gener Echeverría Chan y Luis Jorge Parra Arceo.