Guadalajara (22 de julio).- Una empresa agrícola que tenía en excelentes condiciones su sede en Lagos de Moreno y protegía como pocas los tomates ”cherries” que cosechaba; al contrario de los 700 jornaleros que empleaba y que recibían un salario diario de 60 pesos y que no poseían seguro social ni prestaciones de ley.

Esto ameritó una visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Jalisco y de la Fiscalía General que comprobó las condiciones de “explotación laboral” en las que se encontraban los trabajadores, según informa el secretario Eduardo Almaguer Ramírez.

El funcionario describe en conferencia de prensa que posterior a una notificación de la Comisión Estatal de Derechos, la cual recibió una denuncia anónima, se envió a 50 elementos de la Fiscalía y a 20 de la STPS a la verificación de las condiciones laborales en la compañía Del Campo y Asociados, originaria de Sinaloa.

“Se mencionaba en la denuncia que en este lugar se realizaban prácticas de explotación laboral y que recibían salarios semanales de 50 pesos, y cuando era mucho son 230 pesos; y que estaban dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. Tampoco recibían aguinaldo ni vacaciones”.

Hasta 500 hombres y 200 mujeres, entre ellos 160 migrantes originarios de Guerrero y Sinaloa, ganaban un salario más bajo que el mínimo. Según explica Almaguer Ramírez el tabulador oficial indica que el operador agrícola, profesión más cercana a las actividades del jornalero, debe percibir 83 pesos diarios; el sueldo promedio a nivel nacional es de 150 pesos.

“Es una empresa extraordinariamente bien equipada, con alta tecnología, con más de 40 hectáreas de instalaciones y están cubiertas. Sí otorga el equipo que corresponde para cuidar el trabajo y el producto, pero con un pago de salario muy bajo”.

Tras comprobar la falta de prestaciones de ley, se solicitó a la empresa a mejorar la situación de los jornaleros, y en caso de no hacerlo podría levantarse una multa en su contra de hasta 3.5 millones de pesos.

El operativo se realizó el 17 de julio y dieron a los directivos cinco días hábiles para cumplir con la Ley Federal del Trabajo. En caso de no hacerlo procederá la multa, y si reinciden podrían clausurar la compañía. Esta fue la única irregularidad que se encontró tras realizar más de 300 entrevistas a los trabajadores.

Pequeñas empresas asociadas concentran la mayor cantidad de irregularidades

La empresa Del Campo y Asociados de Lagos de Moreno es la entidad más grande en las que ha encontrado irregularidades la STPS, menciona el titular Eduardo Almaguer Ramírez. Explica que usualmente las pequeñas productoras asociadas son las que no dan prestaciones de ley a sus empleados.

“Los pequeños productores que tienen una o dos hectáreas y que corren con los gastos de inversión no son subsidiadas para cumplir con las obligaciones laborales. Ahí se da nuestro mayor problema porque tienen cinco o diez trabajadores y no pueden darles las prestaciones”.

Atribuye el problema al desconocimiento de las mismas entidades, ya que la incorporación a la seguridad social está subsidiada por el Gobierno Federal, pero “nos hemos encontrado con malos empresarios agrícolas que buscan violentar a los trabajadores”.

Informa que durante esta administración se ha sancionado a seis empresas agrícolas por no cumplir con obligaciones laborales.

Formalizan primera solicitud de certificación para ruta de transporte público

La ruta 603-B envió la petición formal a la STPS para certificar las condiciones laborales, de seguridad y limpieza acordes al Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo.

“Informan que sus trabajadores tienen jornada de ocho horas, salario de 300 pesos diarios, nóminas acreditadas con utilidades, y control de la higiene y seguridad de las unidades”, dice el titular de la Secretaría, Almaguer Ramírez. - (El Informador)