México (18 de enero).- La vida del mexicano Edgar Tamayo Arias está en manos del Gobierno de Texas. Sentenciado a muerte en 1994 por asesinar a un policía de Houston, su ejecución está programada para el miércoles.

El caso despertó controversia porque Estados Unidos violó la Convención de Viena y el fallo del “Caso Avena” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que exigen que todos los extranjeros sentenciados reciban apoyo consular de su País.

Édgar Tamayo, quien será ejecutado el miércoles si no hay cambios en su caso

La salvación de Tamayo, originario de Morelos, estaría en manos del abogado criminalista Gregory Kuykendall, quien presta servicios al Gobierno mexicano para apoyar a Tamayo. El acta expone que Kuykendall contrató dos grupos especializados en cabildeo, Raben Group y Brownstein Hyatt, para que persuadan a funcionarios públicos de EU de retirar la condena de muerte.

Defensa vital

El contrato de servicios profesionales del abogado Kuykendall, dice que trabajará “en representación del Gobierno de México y con los dos grupos de cabildeo, quienes interactuaron con miembros del poder ejecutivo y funcionaros públicos en lo que respecta a la implementación y aplicación de la decisión de la Corte Internacional de Justicia”.

Firmado el pasado 29 de octubre, también indica que el jurista recibió por sus servicios un aproximado de 5 mil dólares. Sin embargo, en esta parte del contrato no se especifica.

Otro documento, aclara que recibirá por sus servicios como director a cargo del programa de ayuda a presos condenados a muerte, un salario de 260 dólares por hora, con lo que se considera que está haciendo un precio especial para tener asignados más casos.

El documento –que Kuykendall firmó en junio de 2010 con vigencia de un año– con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México designa al abogado como director del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital (MCLAP, por sus siglas en inglés).

Incluye una lista de 189 nacionales mexicanos que recibirán atención por su condición de casos pendientes (131) y condenados a la pena de muerte (58).

El programa que fue establecido en septiembre de 1999, busca proveer apoyo para la defensa legal de los mexicanos que enfrenten condenas capitales en EU.

El convenio establece que de junio del 2010 a mayo del 2011 el Gobierno mexicano invirtió en 3 millones 500 mil dólares, de los que 500 mil serían para pagar al abogado durante todo el año de acuerdo al presupuesto general, incluido en el documento.

El acuerdo, que podría estar vigente tras su renovación, le permite a Kuykendall, quien tiene su oficina en Tucson, Arizona, subcontratar a otros abogados para que colaboren con el programa con un sueldo de 190 dólares la hora.

Aunque pueden proveer asesoría, el MCLAP no exige a ninguno de los involucrados representar directamente a los sentenciados a la pena capital, salvo casos excepcionales.

“Como regla general y con el fin de proveer de los beneficios del programa a lamayor cantidad de mexicanos posible, el programa no reemplazará la representación directa de los mexicanos que enfrenten procedimientos de pena de muerte.

“Sin embargo, en casos específicos, el abogado Kuykendall o su equipo, pueden involucrarse en la defensa directa de un mexicano si su calendario de actividades se lo permitiera y si dichas representaciones cumplen con los objetivos del programa”.

También se especifica una partida para viáticos por 120 mil dólares, 797 mil para abogados defensores directamente en cada caso, 300 mil para honorarios de expertos como neurólogos, psicólogos y un total de un millón 400 mil dólares por honorarios de diversos abogados que colaboren en el programa.

Violación a los derechos

Por considerar que viola los derechos humanos fundamentales, la organización Amnistía Internacional (AI) en México, repudia que EU condene a muerte a los acusados.

En entrevista, Desiderio Herebia Vela, representante en Monterrey de AI, censura la forma en la que el Gobierno estadounidense aplica la pena capital a los mexicanos.

“Exigimos que el derecho a la vida en este caso sea respetado. Que (se respete) el derecho y las garantías individuales de las personas que han sido enjuiciadas. Que se les condene, pero no a una pena de muerte”, expresa.

Reconoció que cada país tiene sus propias leyes y que los extranjeros deben respetarlas, subrayó que EU debe acatar las convenciones internacionales. Manifestó que el respetar las garantías de las personas, como el derecho a la vida, debe estar por encima de las legislaciones nacionales de cada nación.

“Cuando hay pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal de Justicia Internacional, y de ese tipo de cosas, los gobiernos deben acatar las resoluciones de esos tribunales que tienen respaldo internacional”, enfatizó.

“El derecho humano de cualquier persona, sea nacional o sea extranjero, debe ir por encima de las legislaciones nacionales de cada país. Encima de eso está el derecho humano inherente a todos y no lo puedes quitar, aunque esté en otro lugar”, dijo.

Texas es el más letal

El gobernador Rick Perry ha autorizado 250 ejecuciones desde el 2000. Su estado no propicia el apoyo consular El Gobierno de Texas tampoco escucha las demandas de Washington.

El secretario de Estado, John Kerry, exhortó a las autoridades texanas a revertir la decisión de ejecutar a Tamayo por considerar que podría dañar las relaciones diplomáticas entre México y EU.

Aunque no duda de su culpabilidad, Kerry consideró que el mexicano debió haber recibido la ayuda consular que exigen las convenciones internacionales.

“No tengo razones para dudar de los hechos de la culpabilidad de Tamayo, y como exfiscal, no tengo simpatía por cualquiera que haya asesinado a un policía”, escribió Kerry en una carta, según publicó The New York Times el pasado 11 de diciembre.

De acuerdo con el diario estadounidense, el funcionario de la Casa Blanca dijo que el manejo de este caso podría afectar además la forma en que los gobiernos extranjeros tratan a los estadounidenses.

“Nuestras visitas consulares se aseguran de que los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero tengan acceso a comida y atención médica adecuada, si la requieren, así como a representación legal”, agregó.

El 22 de diciembre pasado, la SRE informó a que el Canciller José Antonio Meade envió cartas al gobernador del Texas, Rick Perry, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional, para solicitar que aplacen la ejecución de Tamayo.

“Las cartas refieren que hasta el día de hoy está pendiente el recurso de revisión judicial que la Corte Internacional de Justicia confirió a Tamayo Arias”, explicó la dependencia.

“Esta revisión permitiría evaluar si la violación de los derechos a la notificación y acceso consular establecidos en el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, fue determinante en la imposición de la sentencia de la pena capital”, agrega.

Pero la administración de Perry ha reiterado en varias ocasiones que los fallos de cortes internacionales le conciernen al gobierno federal y que el estado de Texas seguirá firme en su postura.

“No importa de dónde vengas, si cometes un abominable crimen como este en Texas, estarás sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo y la sentencia final”, manifestó a The Dallas Morning News Lucy Nashed, vocera de Perry.

Quedan pocos días para saber si la historia de Tamayo sienta un precedente para los demás condenados o si su muerte se convertirá en un capítulo más de un largo conflicto diplomático entre México y Estados Unidos.

MEXICANOS AL CADALSO

Actualmente hay 61 mexicanos condenados a muerte en cárceles de EU, Edgar Tamayo es uno de los 61 casos –cuando firmaron el primer contrato del programa eran 58– que no recibieron ayuda consular cuando fueron arrestados, pese a la orden de la CIJ.

El fallo de la Corte Internacional se dio en el 2003 y se le conoce como “Caso Avena”, por la situación del primero en la lista de sentenciados, Carlos Avena Guillén, quien recibió la condena en 1980 y cuya situación desconoció México hasta 1991, 11 años después.

En el 2008 y el 2011, autoridades evadieron la orden de la CIJ al ejecutar a los mexicanos José Medellín y Humberto Leal, respectivamente, sin haber respetado sus derechos consulares. Leal aparece en la primera lista de los casos ya sentenciados.

Un informe de la SRE remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado de la República, asegura que los mexicanos sentenciados a muerte representan el 42.36% de los 144 extranjeros en EU con la misma condena.

La dependencia federal asevera que el MCLAP ha evitado la imposición de la pena capital en 832 casos, que en nuevela pena se ha revertido y que solo 5 mexicanos han sido ejecutados desde su funcionamiento Pese a las convenciones internacionales, EU no contempla que los extranjeros tengan ayuda consular.

PENA CAPITAL EN NÚMEROS

• La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que de los 144 extranjeros sentenciados a pena capital en Estados Unidos, la mayoría son mexicanos.

• De los reos extranjeros hay 61 mexicanos –o 42.36 por ciento- que esperan la inyección letal, para precisar.

• De estos 61 mexicanos sentenciados a muerte, 39 forman parte de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya conocida como Caso Avena, donde el gobierno de México señala que los condenados no recibieron apoyo consular, como lo exige la Convención de Viena.

• Aparte de estos connacionales que ya sentenciados, otros 70 están enfrentando la posibilidad de ser condenados a pena de muerte.

TEXAS: EL MÁS LETAL

• 13 de los 61 mexicanos condenados a morir, se encuentran en el Pabellón de la Muerte en Texas, el estado más letal.

• La Comisión de Relaciones Exteriores lo señaló como el estado donde más ejecuciones se llevan a cabo, en un dictamen reciente.

• Ahí se han ejecutado a más del doble de personas que en cualquier otro estado en las últimas tres décadas y media, según las estadísticas de Amnistía Internacional. El actual gobernador de Texas, Rick Perry (quien ha estado en el cargo desde 2000) ha aprobado más de 250 ejecuciones.- (La Vanguardia)