México, D.F. 08 de diciembre de 2014.- Ante la reciente iniciativa presidencial de reformas constitucionales en materia de seguridad, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) expresa su preocupación por su enfoque centralista, el retiro de la función de policía preventiva y la potencial invasión a su autonomía pretextando casos de infiltración del crimen organizado.

· Los graves casos de infiltración o participación de policías locales en actividades del crimen organizado que hemos conocido, son por mucho, situaciones excepcionales en el universo de más de 2,450 municipios en un país de 110 millones de habitantes.

· Dicha infiltración no acecha solamente a municipios sino que también ha tocado gravemente a instituciones de otros órdenes de gobierno.

· Es un hecho que en la gran mayoría de los casos, los municipios estamos trabajando en depurar y certificar a nuestros policías, fortaleciendo el tejido social.

· La gran diversidad de tamaño y condiciones socio políticas de los municipios, obliga más que a quitarles funciones, a fortalecer sus capacidades institucionales.

· La asunción del mando de una policía municipal por otro orden de gobierno, ya está previsto en la fracción VII del artículo 115 y en todo caso estamos a favor de reglamentarla. Asumir el mando operativo policial, no significa asumir la administración y función total.

· Reconocemos que como en todo modelo de federalismo cooperativo, debemos crear mecanismos EXCEPCIONALES para que un orden de gobierno sustituya al otro en la función total seguridad pública, dados determinados requisitos. Sin embargo, la excepción no debe constituir regla.

La iniciativa afectaría gravemente la calidad de vida ciudadana y la gobernabilidad municipal, por los siguientes motivos:

· Al restarle al municipio de manera general la función policial y con ello de fuerza pública, la coacción de los ordenamientos municipales se volvería prácticamente imposible o nula.

· La atención de incidentes de tránsito, convivencia cotidiana, orden público y demás conductas en sociedad, daría lugar al desarrollo de conductas criminógenas que más tarde se volverán criminales.

· El poder disuasivo que la sola existencia/presencia de la policía municipal tiene, es indispensable para atender este tipo de problemática social, así como la coacción de la normatividad municipal en general.

· La propuesta de “agentes administrativos no policiales”, no es viable ni efectiva.

· La falta de calidad y profesionalización de las instituciones policiales preventivas, tiene que ver en mucho con la insuficiencia de recursos presupuestales, más que con la ubicación de las mismas en el organigrama de nuestro federalismo.

Por otra parte, ya existen mecanismos suficientes para desintegrar un ayuntamiento por causas graves, que obviamente incluyen a las relacionadas al “crimen organizado”, habidas pruebas suficientes. Los munícipes carecemos de fuero federal y no hay razón para incorporar una amenaza a la estabilidad institucional como la que se pretende, en donde el gobierno federal asumiría parcial o totalmente funciones municipales en casos propuestos por la fiscalía general.

Por lo anterior, nos pronunciamos por una reforma que fortalezca el sistema federal para la seguridad pública, en lugar de restar funciones y atentar contra la autonomía municipal. La reforma entonces debes consistir en lo siguiente:

1. La prevalencia del municipio como orden de gobierno y como integrante del sistema nacional de seguridad pública.

2. Reforma a la fracción II incisos c) y d) del artículo 115 constitucional, para establecer el mecanismo claro para que el orden de gobierno estatal o federal, asuman el mando y, eventualmente, la función y operación completa de las policías municipales por convenio, u obligatoriamente en los casos EXCEPCIONALES que prevenga la ley.

3. Reforma al artículo 115 Fracción I, exclusivamente para hacer expedita la separación de un alcalde o su ayuntamiento, por causa grave de seguridad pública o infiltraciones del crimen organizado.

4. Reforma al artículo 115 Fracción IV, para generar la suficiencia presupuestal y seguridad de una fuente fiscal para financiar instituciones policiales de calidad, mediante una contribución municipal específica, suficiente, y acreditable o deducible según el caso, contra el ISR.

Los Alcaldes que integramos la ANAC reiteramos nuestra voluntad a participar en la construcción de una propuesta que mejore la seguridad en nuestros municipios bajo un esquema de coordinación, respetando los principios del federalismo cooperativo, más no subordinado.