MEXICO, D.F., 18 de enero.- Con el decreto que crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, que se formalizó el jueves como parte de la nueva estrategia para pacificar la Entidad, Enrique Peña Nieto puso en manos de Alfredo Castillo todo el poder del Gobierno Federal hasta para dar órdenes al Secretario de Gobernación.

Castillo, quien afirmó que por experiencia sabe que el uso legítimo de la fuerza es insuficiente para combatir a la delincuencia, por lo que se requiere reconstruir el tejido social en Michoacán, tiene amplias facultades de mando sobre todos los funcionarios federales en el Estado, incluyendo la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal.

Miembro del círculo íntimo de Peña Nieto, como Procurador de Justicia del Estado de México durante el escándalo de la niña Paulette y artífice como subprocurador del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, Castillo dijo que implementará un “enfoque integral y novedoso” para restaurar la paz.

“Para esta encomienda tenemos una visión mucho más amplia e incluyente que atender y tenemos que resolver la problemática vigente de Michoacán. Así, mediante un enfoque integral y novedoso, desplegaremos acciones en permanente coordinación con el Gobierno el Estado”.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que no existe ningún acuerdo con los grupos de autodefensas para que permanezcan armados, y también insistió en que el gobierno actuará contra los criminales.

En la conferencia de prensa en la que dio posesión a Castillo y a la que asistió el gobernador priísta de Michoacán, Fausto Vallejo –claramente rebasado por la violencia–, Osorio insistió en que el compromiso del Gobierno Federal es ir contra los criminales, tres en específico, que no se sabe aún dónde se esconden.

“Tenemos a tres que son los líderes más representativos, y después de esos tres tenemos a varios en su organización delictiva que tenemos bien claro quiénes son y, por supuesto, ya estamos en todo el trabajo de inteligencia para lograr su detención”.

El nombramiento de Castillo se produjo a tres días de que el Gobierno de Peña tomó el control de la región de Tierra Caliente, donde lo tenían los grupos de autodefensas, que obligaron al repliegue de Los Caballeros Templarios, uno de los cárteles que opera en Michoacán.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, bajo el mando de Castillo estarán todas las políticas, programas y acciones orientadas a la prevención de delitos, fortalecimiento institucional, reconstrucción del tejido social, restablecimiento de la seguridad y desarrollo integral en Michoacán, en coordinación con las autoridades locales.

El comisionado coordinará a las autoridades locales y municipales con las autoridades federales, en los ámbitos político, social, económico y de seguridad pública, pero también lo hará entre las procuradurías General de la República y la de Justicia de Michoacán, y solicitará el auxilio de las Fuerzas Armadas.

Según la fracción séptima del artículo quinto y el artículo noveno del decreto, Castillo podrá inclusive decirle a Osorio qué funcionarios federales deben ser designados o removidos.

Dice el artículo noveno: “Para la consecución del objeto del presente decreto y el eficaz desempeño de las funciones del comisionado, el secretario de Gobernación podrá solicitar que los titulares de las dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo Federal designen o remuevan a los servidores públicos bajo su adscripción que ejerzan funciones por delegación, comisión o mandato en el estado de Michoacán”.

Pero, además, Castillo podrá recibir en acuerdo a los delegados, comisionados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejerzan funciones en la Entidad, “sin perjuicio de la subordinación jerárquica respectiva dentro de aquéllas a las que estén adscritos”.

Más aún: Peña facultó a Castillo para “acordar los asuntos de su competencia con el secretario de Gobernación y, cuando sea necesario, con los titulares de las demás dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo Federal”.

El artículo sexto establece: “El Comisionado Nacional de Seguridad y el Comisionado General de la Policía Federal deberán prestar el apoyo de recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y presupuestarios que requiera el comisionado para el cumplimiento del objeto de este decreto”.

El séptimo: “Se faculta al comisionado para celebrar todo tipo de convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades locales y municipales en el estado de Michoacán, en el ámbito de su competencia, sin perjuicio del ejercicio directo de esta facultad por parte del secretario de Gobernación”.

También los titulares de las dependencias, entidades e instituciones del Ejecutivo Federal deberán girar las instrucciones para que los delegados y demás servidores públicos en Michoacán se pongan a las órdenes de Castillo. (Apro)