Washington (20 de enero).- El corredor de la muerte de Estados Unidos está repleto de extranjeros que no fueron informados a tiempo de sus derechos y se encuentran a la espera de ser ejecutados, en violación del derecho internacional, como podría ser el caso de un mexicano la próxima semana.

La ejecución de Édgar Tamayo Arias, de 46 años, está programada para el miércoles a las 18:00 horas locales en Huntsville, Texas.

Edgar Tamayo, sentenciado a muerte por asesinar a un policía

En las últimas semanas se han multiplicado las llamadas e intervenciones diplomáticas y judiciales para intentar evitar la muerte de este hombre, condenado por el asesinato de un policía en Houston en 1994, que no recibió la asistencia consular que le habría evitado la pena capital.

El Gobierno de México expresó ayer su firme rechazo a la ejecución de Tamayo Arias, según expresa un comunicado de su cancillería, que informó asimismo haber “hecho uso de todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles”.

Tamayo es uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos que formaron parte del caso Avena, que el gobierno mexicano llevó en 2004 ante la Corte Internacional de Justicia, con una sentencia a su favor por no haber recibido asistencia consular.

El de Tamayo sería el “tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del fallo Avena, así como una clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena”, agregó la cancillería.

La Convención de Viena de 1963, ratificada por 175 países –entre ellos Estados Unidos–, señala que las autoridades penitenciarias deben velar por que el extranjero sea notificado de “los derechos que son suyos” y principalmente de “su derecho a informar a sus representantes consulares”. De su lado, el consulado debe ofrecer ayuda y asistencia, visitarlo en prisión y representarlo ante los tribunales.

Sin embargo, sólo seis de los 143 reos de 37 nacionalidades que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos han sido informados de sus derechos consulares. De ellos, la gran mayoría son centroamericanos, mientras que ocho son europeos –entre los cuales hay un español, un francés y un alemán–, de acuerdo con el último informe del Centro de Información de la Pena Capital (DPIC, en inglés).

La Convención de Viena sólo fue aplicada a un caso de los 28 extranjeros ejecutados desde 1976, cuando se restableció la pena capital en Estados Unidos.

“En la mayoría de los casos importantes pruebas demuestran que una asistencia consular rápida habría podido marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, destaca Mark Warren, investigador canadiense de Human Rights Research, responsable de este estudio.

“No hay que olvidar que en Estados Unidos la pena capital no es nunca obligatoria”, cuenta a la AFP. “El jurado siempre tiene la opción de condenar a una persona a una pena menor”.

Los estados a la defensiva

En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya declaró que Estados Unidos no había cumplido con sus obligaciones internacionales en el caso de 51 mexicanos condenados a muerte, en un famoso fallo conocido como “Caso Avena”.

La CIJ ordenó entonces suspender la ejecución de dos de ellos para poder determinar si la no aplicación de los derechos consulares pudo haber perjudicado su defensa. Pero el estado de Texas los ejecutó en 2008 y 2011 después de que la Corte Suprema rechazara su apelación.

Tamayo es el tercero de este grupo cuya ejecución ha sido programada. Una cuarentena sigue esperando su hora en el corredor de la muerte.

En el sistema federal estadounidense, en el que los 50 estados del país tienen su propia autoridad sobre justicia penal, “la intervención del gobierno federal pone a los gobiernos (estatales) a la defensiva”, explica a la AFP Richar Dieter, director del DPIC. “Texas sigue siendo el polvorín de estos controvertidos casos”, estima.

El estado de Texas –donde se llevan a cabo más de un tercio de las penas capitales en el país cada año– es el que debe ejecutar el miércoles a Tamayo, “a pesar de haber prometido ceñirse a la Constitución” sobre la obligación de garantizar que cada acusado tenga un “buen proceso”, señala Maurie Levin, agobada del mexicano.

La letrada lamenta que Texas “casi nunca sea clemente”, por eso apela a la justicia federal para lograr un aplazamiento a último minuto.

El secretario de Estado, John Kerry, intervino a finales de 2013 para intentar atrasar la ejecución, trasladando al gobernador Rick Perry la importancia de este caso a nivel diplomático.

“¿Cómo podemos ir por el mundo pidiendo a otros países que den acceso consular a nuestros ciudadanos encarcelados si no hacemos lo mismo aquí?, dijo a la prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf.

PARA SABER

• Sólo seis de los 143 reos de 37 nacionalidades han sido informados de sus derechos consulares

• La ejecución del mexicano Edgar Tamayo está programada para el miércoles

• Tamayo no recibió la asistencia consular que le habría evitado la pena capital.- (La Vanguardia)