MEXICO, D.F., 1 de julio.- El pasado 13 de mayo, en las páginas de La Jornada y bajo la misma firma, se publicó un artículo titulado Mireles en la mira (http://is.gd/ikTfNy), que concluía: en contra de José Manuel Mireles “y en contra de sus seguidores se está configurando una triple alianza que puede esquematizarse como Tuta-Castillo-Pitufo y esa sola perspectiva deja al descubierto (porque la gente no es tonta) el carácter verdadero de la estrategia peñista para Michoacán”. Por coincidencia, 45 días después, el líder de Autodefensas fue detenido, junto con otras 82 personas, precisamente en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas. El episodio forma parte de un guión. El azar sólo se encargó de que ese encabezado coincidiera con la toponimia.

El Mireles de anoche.

La valoración formulada hace mes y medio sigue siendo válida. Aunque el comisionado Alfredo Castillo se empeñe en asegurar que las cosas en Michoacán han cambiado, el único cambio visible es el del encargado del Poder Ejecutivo estatal. Por lo demás, la delincuencia organizada está viva y actuante, y ahí está, como ejemplo, el asesinato del Autodefensa y guardia rural Santiago Moreno Valencia y de toda su familia (la esposa y tres hijos de entre 11 y 16 años) apenas el pasado 19 de junio. En su última alocución pública antes de ser arrestado, Mireles contó que, cuando el rancho de Moreno Valencia era atacado a balazos, recibió una llamada de auxilio, se puso en contacto con los militares en la zona y les pidió apoyo para asistir a las víctimas. Los uniformados le respondieron que no tenían autorización para moverse de sus posiciones, pero en cambio obstaculizaron el tránsito del médico y sus hombres. Cuando los Autodefensas lograron llegar al lugar –situado en los límites entre Jalisco y Michoacán– sólo encontraron cadáveres. Ya perpetrado el crimen, policías federales y guardias rurales dóciles a Castillo emprendieron la búsqueda de los asesinos. O sea que muchos ciudadanos michoacanos andan armados no por querer violar la ley, sino por el antojo de seguir vivos.

Ocho días más tarde Mireles fue aprehendido por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos agravada (LFAFE), Castillo dixit, y por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de sustancias prohibidas. Lo segundo porque en el vehículo en que viajaban el líder y sus escoltas se encontró, además de armas de fuego y cartuchos, cuatro bolsas con marihuana y una bolsa con cocaína.

La segunda parte del señalamiento puede tomarse con un poco de suspicacia, porque ya se sabe que, cuando se trata de Mireles, el Comisionado Castillo es muy hábil para hacer novela policíaca a partir de los hechos reales. En mayo, por ejemplo, dijo que había fotos del médico sosteniendo alguna cabeza como trofeo, cuando la verdad es que simplemente ayudaba a un agente del Ministerio Público a identificar un cadáver.

Pero lo más interesante de la declaración formulada ayer por el comisionado peñista es lo de la posesión de armas. En un afán por esgrimir coartadas que recuerda al atleta paralímpico sudafricano Óscar Pistorius, Castillo reprochó al ahora imputado el incumplimiento del acuerdo con los líderes de las comunidades organizadas, incluido el propio Mireles, que a partir del 10 de mayo del presente no se permitiría más la movilización de personas civiles armadas, así como la portación de armas de grueso calibre. Leamos bien: el 14 de abril, fecha de ese acuerdo –que Mireles niega haber firmado, por cierto–, Castillo se arrogó la facultad absolutamente extralegal de suspender la aplicación de la LFAFE en Michoacán durante casi un mes. Luego, el que fuera encargado de resolver el caso de Paulette Gebara Farah en el Estado de México (el cual dio lugar a otra memorable creación literaria) otorgó, sabrá Dios con qué bases, rango de ley a un convenio y, de paso, se erigió, y erigió a los dirigentes de Autodefensas que lo signaron, en legisladores. Con la misma pulcritud jurídica decidió que el acuerdo tendría vigencia de 26 días. Sin embargo, pasaron otros 47 antes de que decidiera restituir la vigencia de la LFAFE, hiciera valer tal acuerdo y se procediera a la detención de Mireles y sus hombres, cuando éstos avanzaban hacia el puerto de Lázaro Cárdenas para combatir a Los Caballeros Templarios allí atrincherados. Significativamente, para éstos la LFAFE no tiene fecha de aplicación.

Ahora Mireles ya no está en la mira ni en La Mira, sino en un penal federal de Sonora acusado de portación ilegal de armas de fuego y narcotráfico, y sus compañeros han sido desperdigados por media docena de cárceles en diversos puntos del país. En los hechos, la aplicación del Estado de Derecho al estilo Alfredo Castillo debe provocar un enorme suspiro de alivio y tranquilidad a los cabecillas de la delincuencia organizada michoacana. Con guardaespaldas de esa categoría, quién va a andarse preocupando. (Por Pedro Miguel/La Jornada)