MEXICO, D.F., 13 de diciembre.– Diputados de Oposición prevén que el próximo lunes priístas y panistas impongan un dictamen para sacar adelante la Ley reglamentaria en materia de combate a la corrupción, negociado sólo entre estas dos fuerzas políticas junto con la Oficina de la Presidencia de la República, una vez que se concreten los acuerdos políticos que dejen satisfechas únicamente a estas partes.

PRI y PAN negocian la Ley Anticorrupción directamente con Los Pinos, acusan especialistas y legisladores de Oposición. (Foto Cuartoscuro)

“En la Reforma Anticorrupción no sabemos qué es lo que está pasando con el dictamen, probablemente hay una mesa del Pacto que ya no es Pacto pero que sigue siendo Pacto, o probablemente lo está haciendo desde su oficina el señor Humberto Castillejos [consejero jurídico de la Presidencia]. Esto nos parece a nosotros que de transparente la Reforma no tiene nada”, afirmó en entrevista la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT).

Al ser cuestionada sobre si existen condiciones para sacar adelante una Reforma Anticorrupción como la requiere la sociedad, la legisladora de Izquierda sostuvo “yo no veo condiciones, yo veo imposiciones”.

En tanto, especialistas en materia de transparencia adelantaron que –de acuerdo con los últimos borradores filtrados– el dictamen que preparan las principales fuerzas políticas, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la cabeza, contiene elementos que se alejan del objetivo de avanzar hacia un verdadero sistema de rendición de cuentas y descentralizar los órganos encargados del combate a la corrupción.

“Lo que vemos que se está discutiendo en el Congreso, dista mucho de ser lo que queremos, en opinión de todas estas organizaciones civiles”, afirmó José Octavio López Presa, consejero de Causa en Común.

“La Comisión de Puntos Constitucionales está presentando un dictamen que pareciera que condensa todas las propuestas en la materia, pero que ya cuando te metes al contenido, al texto, te das cuentas que es bastante más deficiente que las iniciativas del PAN [Partido Acción Nacional] y del PRD [Partido de la Revolución Democrática]”, agregó Óscar Arredondo, investigador de Presupuesto y Cuenta Pública de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Los especialistas consideraron que es deficiente la propuesta final que se planteará en el Pleno de San Lázaro, en caso de existan condiciones para ello, porque no toca nada relativo a los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo, cuándo y cómo se tienen que presentar, si pueden ser multianuales, o si se pueden revisar ejercicios que ya habían sido fiscalizados con anterioridad.

“Hay muchas ausencias que ya se habían arreglado en la iniciativa del PAN y que en ésta última propuesta no figuran estos avances que a nosotros nos parecen clave”, afirmó Óscar Arredondo.

También criticaron que la propuesta final incluya la constitución de un Sistema Nacional de Integridad Pública, que estaría coordinado por una Comisión integrada por el Presidente de la República, los presidentes de la Suprema Corte, de las dos cámaras del Congreso, los titulares de los órganos autónomos, así como un colegiado de autoridades de los gobiernos de los Estados.

“A mí me parece ilógico que pretendan plantear un Sistema Nacional de Integridad Pública que presida el Ejecutivo porque actualmente no está en condiciones de presidir un Comité de Integridad”, explicó Arredondo.

Incluso un grupo de especialistas y diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron una postura conjunta para exigir que no se constituya el Sistema Nacional de Integridad Pública, porque va en contra de toda lógica el hecho de que políticos, y no la ciudadanía, sigan revisando el trabajo de políticos.

“Vamos a estar vigilantes de que el Congreso no vaya a hacer algo que vaya en demérito de este piso mínimo que nosotros consideramos que es lo que el país requiere para hacer un cambio radical en esta materia”, indicó José Octavio López Presa, consejero de Causa en Común, uno de los firmantes del desplegado.

Las organizaciones de la sociedad civil adelantaron que darán la lucha porque el contenido de la nueva Ley mantenga los preceptos mínimos ciudadanos para avanzar hacia un verdadero sistema de combate a la corrupción y rendición de cuentas.

“Conocer los casos de corrupción, por quejas, por denuncias, por lo que sea; proteger al denunciante; hacer una investigación seria; y si se encontrase algo irregular, actuar y sancionar; pero con la confianza de que nadie va a remover a [los titulares de los organismos anticorrupción por hacer su trabajo]; y que además esas personas son capaces y tendrán facultades para actuar. Ese es el sistema que como sociedad estamos promoviendo”, comentó.

El pleito es desde que Luis Villarreal fue acusado de pedir moches, dice la diputada Lilia Aguilar. (Foto Cuartoscuro)

PRI y PAN buscan lavarse la cara

Diputados de Oposición esperan que de último se imponga un predictamen, en caso de que avancen los acuerdos entre priístas y panistas. “¿Por qué no ha avanzado? Porque desgraciadamente el dictamen no se está haciendo aquí. Y eso es lo mismo que sucedió con las reformas estructurales del Presidente y que no han aprendido que eso no les deja absolutamente ningún beneficio”, afirmó la diputada Lilia Aguilar.

La legisladora consideró que existe un acuerdo entre priístas y panistas, el cual va mucho antes de la discusión del predictamen. Incluso se remonta hasta antes de la presentación de la iniciativa panista para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tomó en cuenta varias propuestas de la sociedad civil, porque dijo, el PAN necesitaba con urgencia mejorar su imagen pública tras los escándalos del antiguo coordinador Luis Alberto Villarreal, protagonista de la fiesta privada en Vallarta con una bailarina llamada Montana y por el presunto cobro de moches en San Lázaro.

“Lo que nosotros sabemos del Sistema Nacional Anticorrupción es que van a tomar como base la iniciativa del PAN y la iniciativa del Presidente, porque se complementan, porque en realidad la iniciativa del PAN es iniciativa del PRI, le dieron la concesión de que la pudieran presentar para ver si borraban todos sus problemas con el tema de Montana”, afirmó la petista.

Por otro lado, el PRI necesita con urgencia mejorar la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto, tras el escándalo de presunto tráfico de influencias relacionado con la Casa blanca de su esposa Angélica Rivera, futura propietaria de un inmueble ubicado en una colonia exclusiva de la Ciudad de México, que actualmente pertenece a Armando Hinojosa, un contratista del Gobierno muy favorecido por Peña Nieto.

En tanto, el diputado panista Jorge Sotomayor reconoció que en comisiones se ha dado prioridad a otros trabajos legislativos. “La verdad es que se le ha dado preferencia a otras iniciativas, por ejemplo la aprobación de la Fiscalía Nacional de la República, lo cual es un tema importante con esto de la reforma jurisdiccional, también se aprobó ya reformas a La ley de Trata, reformas a la Ley de Amparo, etcétera, ha habido mucho trabajo en la Comisión de Justicia y creo que por eso se ha mandado a segundo término la Ley de Anticorrupción”.

Sin embargo, confió en que no haya problema para llegar a un buen consenso, a fin de combatir uno de los problemas más graves que padece México, la cual también es una queja constante de los ciudadanos.

“Yo espero que pueda ser antes de que termine el año, me gustaría inclusive que antes de que termine el año tuviéramos la reforma y que las legislaturas locales la aprobaran, pero tú sabes que en estos asuntos políticos tos tiempos no siempre avanzan como uno quisiera”, apuntó.

El PRI presiona el dictamen por orden del Gobierno Federal y el Presidente Enrique Peña Nieto, afirman legisladores de Izquierda. (Foto Cuartoscuro)

PRI apura dictamen por orden de Peña

La bancada del Partido Revolucionario Institucional, en voz del diputado Humberto Gutiérrez de la Garza, “retó” a sus similares panistas que se presenten a las comisiones dictaminadoras, a fin de votar cuanto antes el predictamen acordado.

“Ya basta de evasivas, ya basta de jugar a la política, porque lo único en lo que está pensando Acción Nacional, es en las elecciones del 2015 y no en cómo debemos responderle a la ciudadanía, que nos exige transparencia y mayor cumplimiento en los temas ligados precisamente sobre corrupción”, acusó el priísta.

Lo que no dijo el diputado priísta es por qué el PRI insiste en votar un dictamen que no incluye ninguna de las propuestas hechas por la sociedad civil, por qué el tricolor eliminó partes sustantivas de la iniciativa panista para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y por qué se empeña en centralizar esta lucha desde el Gobierno Federal, específicamente con la venia del Presidente Peña Nieto.

“Miren, si quieren jugar a las barajitas de intercambio, el PRI no está dispuesto a ello, el PRI hace propuestas muy claras, en las que tenemos que trabajar en los temas de transparencia”, dijo el legislador priísta.

Fuera de este pleito entre dos fuerzas políticas, el diputado Alejandro Carbajal, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que el PRI ha detenido la redacción de un dictamen “de manera totalmente intencionada”.

Señaló que ocurrió lo mismo con el dictamen de la Ley para sustituir la Procuraduría por la Fiscalía General de la República, reforma que fue detenida durante muchos meses y a la que finalmente se le dispensaron todos los trámites, una vez que el Presidente Enrique Peña Nieto apuró su dictaminación.

Hace un año, el 13 de diciembre del 2013, el Senado aprobó la creación de la Comisión Anticorrupción, a la que le otorgó autonomía constitucional y facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades que cometan servidores públicos y ciudadanos.

Se estableció que el nuevo órgano estará encabezado por un Fiscal Anticorrupción, que será elegido por el Senado de la República en los próximos días y durará en el cargo siete años.

Por otra parte, la iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción fue presentada por el Partido Acción Nacional en noviembre pasado, con el aval de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los asuntos de transparencia y rendición de cuentas, pocos días antes de que la Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2015.

No obstante, las comisiones encargadas de revisar estos temas, la de Puntos Constitucionales, Justicia y Anticorrupción, de San Lázaro detuvieron la discusión durante 12 meses, hasta que fue revivida por mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, en su mensaje a la Nación del pasado jueves 27 de noviembre.

En entrevista, el perredista sostuvo que el PRI ha evitado entrar de lleno a este asunto porque pretende evitar que se imponga en México un verdadero sistema de fiscalización y de combate a la corrupción.

“Aquí lo cierto es que están guardando una serie de estructuras que no pretenden darle un vuelco del 100 por ciento a los problemas. La gran mayoría de gobernadores son del PRI, tienen una gran mayoría de Estados de la República y si hacemos una gran reforma en materia de corrupción, evidentemente va a trastocar su estructura política”, dijo.

“¿Qué es lo que ellos están protegiendo? Pues todas esas viejas prácticas, podemos observar Oceanografía, podemos observar la Casa blanca, podemos observar el mega-fraude del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira”, agregó el legislador, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

La diputada petista Lilia Aguilar indicó que hubo intentos de acercamiento con la Izquierda para escuchar sus propuestas, pero finalmente ninguna de ellas será tomada en cuenta.

“Te lo voy a decir con toda la honestidad del mundo, hay una comisión especial que se instaló, que preside el presidente de la Comisión de Justicia que hay que reconocerle, yo le reconozco al diputado Fidel Pacheco que tiene la mejor de las voluntades y ha siempre tratado de ser incluyente. Pero desgraciadamente esta comisión no ha avanzado”, explicó.

En tanto, el diputado Alejandro Carbajal lamentó que la Oposición no tendrá los votos suficientes para integrar algunas de las propuestas que vayan en el sentido de impulsar un sistema integral de combate a la corrupción.

“No hay forma de que podamos echarlos a andar. ¿Qué es lo que estamos manejando? Pues la agenda del PRI. Estamos bailando prácticamente al ritmo que nos tocan. La semana pasada saca Enrique Peña Nieto el tema de la Fiscalía y ya lo votamos con la premura que se dio en comisiones, eso es lo que estamos viendo”, sostuvo.

Diferencias entre iniciativa del PAN y dictamen

La oficina del diputado panista Fernando Rodríguez Doval presentó un documento con un listado de 29 diferencias entre la iniciativa del blanquiazul y el dictamen en materia de combate a la corrupción presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el perredista Julio César Moreno.

Entre los que destaca:

-- PAN contempla extinción de dominio por enriquecimiento ilícito. El dictamen no lo contempla.

-- El dictamen cambia el término “contralorías internas” por “auditorías preventivas”.

-- PAN faculta al Congreso para expedir leyes generales en materia de corrupción, el dictamen no.

-- PAN propone la expedición de una ley general que regule el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. El dictamen no establece explícitamente que sea una ley general. Sólo habla de una ley.

-- Mientras que la propuesta del PAN habla de un Sistema Nacional Anticorrupción, el dictamen habla de un Sistema Nacional de Integridad Pública.

-- PAN prevé una ley general que regule el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el dictamen no.

-- PAN propone la existencia de un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el dictamen denomina a dicho tribunal como el Tribunal Federal de Cuentas.

-- Dictamen refiere que el Tribunal sanciona “hechos de corrupción”. El PAN, por su parte, establece que el Tribunal es responsable de sancionar responsabilidades administrativas graves.

-- PAN prevé una ley general en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, el dictamen no.

-- PAN cambia la fecha límite en la que el Ejecutivo entrega la Cuenta Pública al último día hábil de febrero. El dictamen deja dicho plazo en los términos vigentes: 30 de abril.

-- PAN establece que la fecha límite para que concluya la revisión de la cuenta pública es el 15 de diciembre, el dictamen no cambia esa fecha y la deja en el 31 de octubre.

-- PAN prevé que la ASF elabore informes individuales de las entidades fiscalizadas, el dictamen sólo prevé un informe general.

-- PAN propone que el titular de la SFP sea ratificado por el Senado, el dictamen no establece un nombramiento especial del titular de órgano de control interno del Ejecutivo Federal.

-- PAN faculta a la ASF a investigar actos u omisiones que impliquen alguna presunta irregularidad o conducta ilícita. El dictamen no usa la palabra “presunta”.

-- PAN propone que los órganos federales de control y sanción de corrupción no estén limitados por el secreto bancario, bursátil, fiduciario o fiscal. El dictamen no hace esa precisión.

-- El dictamen no considera que los sistemas anticorrupción estatales sean independientes, sino que los considera mecanismos de coordinación con el sistema nacional.

Estas son algunas diferencias que Acción Nacional consideró irreductibles en el dictamen final, a fin de contar con un texto con el piso mínimo para avanzar hacia un verdadero sistema anticorrupción en el país.

“Cuando el Presidente de la República hizo su mensaje a la Nación, ya conocía el contenido total de la iniciativa y se pronunció públicamente por hacer que sus bancadas en el Congreso de la Unión aprobaran esta iniciativa y el Presidente ha faltado a su palabra”, precisó el líder parlamentario”, acusó el líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo Reyes. (SinEmbargo)