Este jueves pasado no se pudo votar en la Cámara de Diputados, como estaba previsto, los tres nuevos consejeros electorales del IFE que fungirán hasta el 2019. No hay acuerdo aún.

Tampoco la regla transitoria contenida en las disposiciones constitucionales prevé dimensión temporal para el ejercicio de la facultad de elección de estos consejeros, pues únicamente señala la fecha final del encargo. Puede ser discutible la interpretación, y fácilmente argumentado que al terminar unos, deban entrar otros en inmediata substitución. Lo importante, estoy cierto de ello, es que se ha dado un espacio mayor al dialogo entre los grupos parlamentarios, tampoco creo que se ocasione daño alguno al IFE por la vacante de unos cuantos días de tres consejeros.

Se ha hecho un gran esfuerzo por conseguir tres muy buenos consejeros, bajo un proceso transparente y respetuoso que logre el mayor consenso posible, toda vez que ese consenso tiene una expresión constitucional ineludible: el 66 por ciento de los diputados presentes.

Como he explicado en este espacio correspondió a la comisión de Gobernación de la Cámara de diputados, la primera etapa del proceso de selección de estos consejeros, cuya tarea fundamental fue escoger a los candidatos que reunieran las mejores cualidades y presentarle una lista a la Junta de coordinación política para que ésta escogiera de ahí, los tres nombres.

Se registraron 146 aspirantes, cumplieron los requisitos 136, y fueron entrevistados 135. La comisión de gobernación seleccionó 17 candidatos. Debo explicar algunas cosas de esta primera etapa, en abono a la transparencia y para que los interesados en estas decisiones tengan mejores elementos de juicio.

En la Comisión se privilegió hasta donde se pudo el perfil de los aspirantes. En términos generales es una buena lista, de donde puede salir una excelente selección final si, en efecto, los líderes parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política son capaces de entender los enormes desafíos institucionales que enfrentará el IFE en la elección del 2010, en un momento tan delicado como el que vive el país.

Definida por una decisión unánime de los integrantes de la comisión de Gobernación - cuyo logro fue resultado de que no se escalara de entrada una dinámica de vetos y descalificaciones en contra de nadie -, las propuestas en el dictamen correspondieron más o menos con la presencia que cada partido tiene en el pleno de la cámara. El PRI propuso 8 candidatos, el PAN 5, el PRD 3, uno el PVEM.

Los integrantes del PAN en esa comisión hicimos un verdadero trabajo de evaluación de los 135 candidatos que fueron entrevistados uno por uno, hasta por un lapso de cuarenta minutos, proceso en el que la mayoría de los diputados panistas pudimos entrevistar a todos. Ello nos permitió tener sobre el vasto universo de aspirantes una claridad comparativa de carácter excepcional. Mediante una ficha de evaluación en la que se anotaron diversas calificaciones se realizó la ponderación.

Conscientes de que tanto nuestra coordinadora Josefina Vázquez Mota como varios de los que actuamos en el seno de la Comisión de Gobernación habíamos colocado en la opinión pública nuestro compromiso de privilegiar perfiles y no cuotas de partido, establecimos como los tres principales atributos a destacar en esa selección el de la imparcialidad, el conocimiento y la experiencia, considerando además y por supuesto la fama pública. En un primer momento cada diputado integrante de la comisión hizo una propuesta de 17 nombres a la mesa directiva de la comisión, con lo cual pudimos constatar - aunque no se asentara específicamente -, un grado de coincidencias muy importante. En realidad las propuestas de los integrantes del PRI eran similares hasta el número 13, y luego introducían variantes que permitieron identificar la posibilidad de un consenso pleno a partir de la presentación de una sola lista. Esto lo confirmó la enorme coincidencia entre las listas del PRD y del PAN, en las que teníamos ocho candidaturas comunes. Que son las que finalmente forman parte del grupo de 17.

Ante la necesidad de priorizar los cinco candidatos que avalaría el PAN en el dictamen, propuse a mis correligionarios Agustín Torres Ibarrola, María Antonieta Pérez Reyes, Gregorio Hurtado Leija, Felipe de Jesús Rangel, Nancy González Ulloa, Gastón Luken, Liev Vladimir Ramos y Agustín Castilla Marroquín que votáramos y nos sometiéramos a ello. De ese ejercicio resultaron Ciro Murayama Rendón, David Gómez Álvarez, Leticia Santín Del Río, Alberto Alonso y Coria y, Jacinto Silva Rodríguez, en ese orden.

Bajo su propio método el PRI propuso a Elvia Leticia Amezcua Fierros, Leonardo Duque Roquero, Adriana Margarita Favela Herrera, Arely Gómez González, Juan Manuel Herrero Álvarez, Enrique Ochoa Reza, Francisco Javier Osornio Corres y Cecilia Tapia Mayans. El PRD propuso a Emilio Álvarez Icaza, Areli Cano Guadiana y Salvador Guerrero Chiprés. El PVEM propuso a José Félix Cerezo Vélez.

En términos de la convocatoria, la comisión de Gobernación entregó el 27 de Octubre por la noche el dictamen por el que se propuso el listado de los candidatos a consejeros electorales conforme los nombres anteriores. Desde esa misma noche y al día siguiente, jueves 28, a lo largo de todo el día los coordinadores parlamentarios llevaron a cabo pláticas sin que se instalara formalmente la Junta de coordinación política; no se encontraron condiciones para sesionar por la falta de acuerdo. Se pospuso la sesión para este miércoles 3 de noviembre a las 12:00 horas.

Tal y como señala la Constitución en su artículo 41, la elección de los consejeros del IFE requiere de las dos terceras partes de los miembros presentes de la cámara de diputados. "Toda vez que esto implica necesariamente la conformación de una mayoría calificada, resulta necesario continuar con los trabajos de revisión de los perfiles propuestos por la Comisión de Gobernación", explica el comunicado de los coordinadores parlamentarios.

De 500 diputados que asistieran a la sesión, suponiendo que eso se lograra por primera vez en muchos años - ni en la ceremonia de instalación de la actual legislatura asistió el total -, las dos terceras partes (66%), equivale a 335 diputados. PRI, Verde y Nueva Alianza suman 267 diputados. Con el PAN lograría la mayoría calificada, toda vez que somos 142 legisladores. Pero hemos descartado configurar ese escenario. PRD, PT y Convergencia también hacen juntos la mayoría calificada con el bloque priísta, pero han dicho que también se opondrían a excluir al PAN de la decisión.

Por la organización misma en que divide su funcionamiento la Cámara de Diputados - a través de grupos parlamentarios de partido- , es indiscutible que éstos terminen influyendo decisivamente en la elección de tres nuevos consejeros que integrarán el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Innegable que se trata de una decisión, al final, con un alto contenido de valoración política partidista, toda vez que en la composición total del pleno han de revisarse los equilibrios que necesita este órgano que procura la imparcialidad de las contiendas electorales. Además de que éste es el diseño legal actual, no necesariamente es malo, que sean los propios partidos los que terminen proponiendo a quienes se encargan de organizar las elecciones y vigilar las campañas.

Lo cuestionable es que los partidos aspiren a contar con consejeros incondicionales, casi empleados, concebidos como una extensión de su estructura electoral. O lo que resultaría peor, que ya ni siquiera los partidos los escojan para sus fines propios sino para proteger los intereses de los denominados poderes fácticos, que actúen como meras correas de transmisión de intereses particulares. Sería una tragedia para quien lo propusiera.

También es inadmisible que un partido, el PRI, asuma que en función de la mayoría que ejerce en la Cámara de diputados le corresponde nombrar a dos y que el PRD y el PAN deben consensuar al tercero entre ellos. Y ésta última fue la posición que privó todo el jueves pasado en torno a esta elección, por lo que no se pudo arribar a un acuerdo debido a que tanto el PRD como el PAN, hemos expresado que no aceptaremos un acuerdo que excluya a cualquiera de los dos. Ese fue el enorme error en la elección de los consejeros en el 2003 que no se puede volver a cometer, dejar fuera de la decisión a una de las principales fuerzas políticas del país, como sucedió entonces con el PRD. En aquella exclusión se anidó el germen de la descalificación anticipada a la autoridad electoral y el no reconocimiento a los resultados de la elección del 2006, envenenando así, desde entonces y hasta la fecha el ambiente político del país. Porque por el IFE pasa realmente la estabilidad política de la Nación.

Puede dejar de funcionar por unos meses el Congreso, o alguna de las salas de la Suprema Corte, o cerrarse algunas secretarías del Ejecutivo, y no pasa nada. Quizá hasta nos ahorramos algunas desventuras. Pero si se lastima el funcionamiento del IFE, se atenta seriamente contra la gobernabilidad del país, porque se trata ni más ni menos, del órgano encargado de organizar y administrar el relevo del poder mismo que se deposita en todos los anteriores. Es una decisión que se toma cada tres años y de la que depende el refrendo del compromiso democrático de los partidos que es ni más ni menos que lealtad con el IFE, con la legislación electoral y con los resultados electorales.

Jorge Alcocer Villanueva identifica y describe muy bien aquel momento de exclusión como la etapa de declive del IFE en términos de su credibilidad y confianza ante los ciudadanos: " La elección de los consejeros electorales en 2003 se convirtió en un Tour de force entre los grupos parlamentarios de los tres mayores partidos; los negociadores de cada grupo extremaron posiciones hasta agotar el tiempo y los canales de acuerdo. A la intransigencia del PRD respondieron de la manera más pragmática el PRI y el PAN: se repartieron los cargos en función del resultado electoral de unos meses antes. La propuesta del consejero Presidente correspondió al PRI (Luis Carlos Ugalde); de los ocho consejeros tres fueron propuestos por el propio PRI (Virgilio Andrade, Lourdes López, Alejandra Latapí), cuatro por el PAN(Arturo Sánchez, Rodrigo Morales, Andrés Albo, Teresa González Luna) y uno por el PVEM (Marco Gómez). El acuerdo incluyó el compromiso de "respetar" las propuestas de cada grupo, sin importar conocimiento, experiencia o idoneidad. De los nueve consejeros electos en 2003, sólo dos tenían experiencia en la materia que justificara su llegada al cargo".

"La ausencia de ajustes impostergables al Cofipe, anticipados por los anteriores consejeros electorales, y un ambiente preelectoral de creciente enfrentamiento, agudizado por el hecho de que el PRD no hubiera convalidado la elección de consejeros en 2003, empezaron a generar problemas cada vez mayores", dice Alcocer.

En realidad hoy mismo vuelven a estar en juego varias de estas premisas, incluyendo los necesarios ajustes a la legislación electoral que demostró la implementación en el 2009 de las reformas que se hicieron a la Constitución en 2007 y el nuevo Cofipe del 2008. Pero sin duda más importante que ello, una adecuada selección de los tres nuevos consejeros electorales que cuente con el mayor consenso posible. En el 2012 es previsible un IFE sometido a grandes presiones, fuerzas e intereses, por lo que es fundamental inyectarle fortaleza, firmeza, calidad para que pueda enfrentar ese reto. No elaborar ese consenso, implicaría debilitarlo desde ahora.