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La Contraloría del Ayuntamiento de Mérida, encabezada por Reyes Porfirio Cortés Pech, dio a conocer un informe sobre el Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Mérida, en un acto realizado en el Olimpo de Mérida, en el cual la alcaldesa Angélica Araujo Lara estuvo presente.
En el acto, en el cual estuvieron presentes los regidores del PRI, dirigentes empresariales y diversos invitados de la sociedad civil -con la notoria ausencia de los regidores del PAN- acusó haber recibido un ayuntamiento con numerosas y significativas deficiencias, tanto en la organización como en la operatividad diaria de la administración pública. Según el informe, el estado general del Ayuntamiento de Mérida, al menos durante el último semestre, "denota un claro abandono de las tareas sustantivas y prioritarias del gobierno".
Después de enunciar una lista de factores que dieron por llamar "irregularidades", supuestamente encontradas en los dos meses de análisis y diagnóstico, el contralor habló del "descuido y el estado deplorable en el que se encuentra el parque vehicular de la dirección de Servicios Públicos Municipales y de Obras Públicas".
El contralor expuso que, debido a las irregularidades encontradas, se dio paso a realizar investigaciones y se realizaron citatorios de aclaración de dudas a los titulares de las unidades administrativas de la administración pasada.
Como se recordará, a finales de agosto fueron citados para aclarar dudas en el proceso de entrega-recepción, el Ing. Roger Echeverria Calero, ex director de Servicios Públicos y Teresita Anguas Zapata, ex titular del DIF municipal.
Todo parece indicar, sin embargo, que las tales dudas no existirían si los actuales titulares de las dependencias municipales hubieran acudido personalmente a la entrega-recepción -como la ética minima lo habría indicado, y para transparencia de los ciudadanos- en vez de usar servicios de despachos contables "contratados para recibir". Ello, además, causó un gasto innecesario a la actual administración, y, a todas luces, se despilfarró, en el evidente acto mediático, dinero de los contribuyentes. El "plan" provocó que los nuevos titulares entraran sin noción alguna de sus nuevos empleos, generando toda naturaleza de "dudas".
El rubro por el cual se ha quejado más la presente administración de Angélica Araujo Lara es el relacionado con el parque vehicular. Según el Informe del Proceso de Entrega-Recepción entregado, la mitad de los vehículos a disposición del Ayuntamiento se encontraban en mantenimiento o reparación al momento de asumir el poder. La queja mayor es la de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en la que, según refieren, 1 de cada 4 vehículos que se usaban para el servicio estaban parados por falta de mantenimiento, afectando a todas las subdirecciones y, por ende, el servicio que prestan a los ciudadanos.
Sin embargo, lectores de Artículo 7 han manifestado y han enviado fotografías en las que se aprecian cómo los vehículos, precisamente de Servicios Públicos Municipales (SPM), son utilizados para cuestiones particulares, familiares, de sus funcionarios. Uno de esos casos se pudo apreciar el miércoles pasado. En tanto la alcaldesa se encontraba junto con el contralor municipal entregando a la ciudadanía y a los medios de comunicación elInforme del Proceso de Entrega-Recepción, uno de los funcionarios de SPM se encontraba en un vehículo oficial realizando su ronda escolar, recogiendo a niños de una escuela para llevarlos a sus casas. El vehículo oficial, camioneta pick up, marca Cuorier, con número de inventario 75532, se encontraba circulando -después de haber recogido a los infantes- en la calle 60, a un costado del estadio Salvador Alvarado, siendo exactamente las 13:35 hrs. Según las averiguaciones realizadas por este semanario, el funcionario que goza del servicio de este vehículo es el Ing. Luis Jorge Vallado Solís, quien labora en la subdirección de Servicios Básicos a cargo del Ing. Ignacio Mendicuti Priego. El cargo que ostenta es el de jefe del departamento de drenaje.
Cabe destacar que, el Ing. Vallado Solís no sólo está incurriendo en una ilegalidad, por el hecho utilizar un bien municipal para cuestiones de índole privada, sino que está incumpliendo con su horario de trabajo y está exponiendo al ayuntamiento de Mérida a responsabilidades que no le deberían corresponder. ¿Qué pasaría si el vehículo municipal se involucrara en un accidente y los niños salieran lesionados? ¿Será que el Municipio de Mérida se haga responsable por las lesiones en los infantes?