MEXICO, D.F., 16 de junio.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un proceso de investigación administrativa después de analizar quejas recibidas en contra de al menos cinco jueces federales en el país, quienes han otorgado amparos en favor de empresas dedicadas a la comercialización de autos de importación usados —antes conocidos como chocolates—, y los cuales estarían fuera de la norma para poder circular por rebasar la antigüedad permitida en el decreto presidencial en la materia.

Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), afirma que cinco empresas en México concentraron el 80% de los amparos otorgados por los jueces en el país.

El CJF, consultado al respecto, mantendrá bajo reserva los nombres de los jueces federales investigados hasta que el proceso administrativo concluya, para evitar que éstos burlen la ley, escondan pruebas de presuntos actos irregulares, se amparen, no vulnerar su imagen si al concluir la investigación no se encuentran datos que permitan comprobar actos ilícitos.

En entrevista, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, aseguró que dos jueces federales han otorgado 80% de los amparos que permiten la circulación en México de “basura vehicular”, y vinculó este otorgamiento a presuntos actos de corrupción de jueces que la Judicatura Federal —dijo— está obligada a investigar y sancionar.

“De las importaciones de autos usados, alrededor de 90% (de 644 mil automóviles usados importados vendidos el año pasado) se llevó a cabo a través de suspensiones provisionales. De ese 90% que se importa a través de suspensiones provisionales, 80% fueron otorgadas por dos jueces; los nombres son conocidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Y nosotros estamos preocupados”, precisó Solís.

7.5 millones son autos usados

El presidente de la AMIA explicó que cinco empresas en México concentraron el 80% de los amparos otorgados por los jueces en el país. Según sus datos, el parque vehicular en el país es de 22 millones, de los cuales, 7.5 millones son vehículos de importación usados.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que a partir del 1 de enero del 2009 y gradualmente hasta el 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados originarios de Estados Unidos y Canadá, los cuales tendrán una desgravación progresiva de aranceles.

El presidente de la AMIA aseguró que desde el 2006 se ha sobrepoblado la circulación con “basura vehicular” a partir de amparos irregulares: “El decreto (presidencial que entró en vigor en el 2006) obliga que la importación sea sólo para autos de ocho y nueve años de uso, y los amparos permiten que entren autos de cualquier año. Los amparos dejan circular vehículos hasta con 30 años de antigüedad”.

De acuerdo con una solicitud de acceso a la información al CJF, existen quejas administrativas promovidas contra Daniel José González Vargas y José Neals André Nalda, ex titulares de los juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, respectivamente. Ambos adscritos ahora a otros juzgados.

El presidente de la AMIA prefirió omitir si estos jueces son contra los que se han presentado quejas, ya que consideró que identificar, vigilar, sancionar y evidenciar a jueces corruptos corresponde a la Judicatura Federal, aunque reconoció que las quejas administrativas “no han sido procesadas hasta sus últimas consecuencias y (eso) nos preocupa”.

Se confirmó que la Judicatura Federal reasignó a González Vargas como Juez Primero de Distrito de Proceso Penales Federales a Villa Aldama, Veracruz, y a José Neals André Nalda al Juzgado Décimo de Distrito en Chilpancingo, Guerrero.

“Nosotros estamos preocupados por los casos de estos dos jueces que fueron señalados en mayo del 2011, y las quejas administrativas en su contra fueron desechadas y no han sido concluidas, y fueron readscritos a Veracruz y Guerrero. Me parece que, sin haber un señalamiento de cuál será el futuro de estos jueces que estuvieron otorgando estas suspensiones, nos preocupa si hay o no un quehacer para señalarse realmente si hay o no corrupción”, dijo Eduardo Solís.

El Acuerdo General del Pleno del CJF que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, publicado el 17 de enero de este año en el Diario Oficial, indica como una media para garantizar una investigación confiable en un juzgado determinado, la readscripción del titular implicado o señalado en las quejas.

Y luego de esta acción inicia el proceso de investigación que puede demorar hasta tres años para derivar en la suspensión de jueces, ya que una comisión de funcionarios judiciales investiga el argumento jurídico de cada uno de los amparos otorgados y, posteriormente, si hay irregularidades, se solicita la investigación de cuentas bancarias para determinar recursos de procedencia ilícita.

"Es un tema delicado"

Solís precisó que en mayo del 2011 las quejas contra estos dos jueces federales fueron interpuestas por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Nos preocupa, insisto. Estamos revisando esto con el Ejecutivo para ver qué sigue, en un tema que es muy delicado, es decir, qué instrumentos de política pública se deben desarrollar para que no nos vuelva a ocurrir esto. Independientemente de que la Secretaría de Hacienda tendrá que evaluar qué instrumentos legales tienen para frenar a estos jueces”, reveló Solís.

Según datos de la AMIA, los autos de importación usados han impactado negativamente a la industria nacional. Las ventas de autos nuevos en el país se encuentran al mismo nivel que hace 10 años, es decir, 9.4 autos por cada mil habitantes, mientras países de similar ingreso per capita como Brasil y Argentina, venden 19 y 21 autos por cada mil habitantes, respectivamente.

“El Ejecutivo ya nos ha pedido información, y espero que se pueda documentar por parte del Ejecutivo cuanto antes y que se presenten más quejas en contra de jueces que cometan este tipo de acciones. No debemos permitir un daño tan serio a la economía nacional como se está permitiendo", detalló Solís.

Datos obtenidos de fuentes cercanas al proceso, que pidieron su anonimato, indican que se han presentado quejas contra los Juzgados 9, 10 y 12 de Distrito en Baja California —con residencia en Tijuana, Ensenada y Mexicali, respectivamente—, en los que también ha habido cambios de titular en los últimos meses.

Así como quejas contra el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, y contra el Juzgado Sexto de Distrito en Sonora, con residencia en Nogales. (El Universal)