México (7 de marzo).- Basilio Ramírez, alías El Estrella, el presunto sujeto que compró en 40 mil pesos a la niña triqui Noemí Cruz Santiago, de 15 años, aseguró que él no cometió ningún delito y que nunca pidió que la menor le fuera entregada como pago por prestación de servicios jurídicos.

Mi único pecado, dijo, ha sido la lucha por lograr el retorno seguro de los desplazados a la comunidad de San Juan Copala, tras tres años de exilio y éxodo obligado por la presencia de grupos paramilitares en su demarcación.

“No soy abogado y la familia de la menor no tiene ninguna deuda conmigo; solo soy secretario del movimiento de la organización de desplazados de San Juan Copala”, indicó.

Conozco a la familia de la niña, porque son vecinos en mi comunidad, en San Juan Copala, pero en ningún momento adquirimos alguna deuda por servicios jurídicos, porque solo me dedico al comercio”.

Por ello, se desligó de las acusaciones en su contra y se dijo víctima de una calumnia fabricada por el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo.

Mencionó que ante la tergiversación del tema, se vio obligado a levantar la voz, porque las instituciones de justicia buscan “criminalizarme de hechos delictivos que no cometí”, como trata de persona, corrupción de menores y robo de infante.

Recordó que fue el 6 de agosto que empezó la situación, cuando fueron convocados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) a dialogar para resolver el tema del regreso a sus comunidades, tras su destierro.

Sin embargo, el organismo solo ha actuado para fomentar la división entre las organizaciones que representan a los desplazados.

Precisó que el padre y madre de menor no hablan español y por esa razón son utilizados y manipulados con falsas historias de la venta de su hija.

Diputados del Congreso local anunciaron su intención de legislar para crear una reforma al código penal para sancionar como delito grave a quienes vendan o compren mujeres.

La Comisión de Asuntos Indígenas en Congreso anunció que “es una situación crítica que debe obligar a las instituciones a tomar medidas para desalentar este tipo de prácticas encubiertas en los usos y costumbres de algunos pueblos indígenas.

Pero es como todo hay “costumbres buenas y mala y hay que legislar para suprimir aquellas que son negativas y ofensivas a los derechos humanos de los ciudadanos”.- (Milenio)