Gobierno del Estado, sordo ante las solicitudes de las asociaciones civiles relacionadas con la discapacidad

Rompiendo Barreras también evidencia desinterés del Congreso del Estado en la protección de las personas con limitaciones físicas o intelectuales.

Trece años han pasado desde que el estado aprobó la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, pero en la entidad las cosas no cambian: discriminación, falta de oportunidades laborales y/o escolares, dificultad de acceso a edificios públicos y falta de terapias, siguen siendo el pan de cada día para miles de familias con personas con limitaciones físicas o intelectuales.

Y en 105 municipios de Yucatán, esa ley no puede ser aplicada, ya que no cuentan con el reglamento correspondiente para ponerlo en marcha. Y aunque en Mérida, ese reglamento sí existe (fue aprobado en mayo de 2002), nadie se encarga de verificar su aplicación y mucho menos de sancionar a quienes lo infringen. Por lo tanto, es como si no existiera.

Dulce Caballero Encalada, presidenta de AYPADEM.

El panorama se agrava porque las políticas públicas de los gobiernos -estatal y municipal- se centran sólo en asistencialismo. No cuentan con información real de la verdadera situación en la que viven las personas con discapacidad en el estado y, además, ignoran el número de quienes la padecen.

Susana Covarrubias Arjona, coordinadora del Grupo Promotor de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad "Rompiendo Barreras" señaló que ya están cansados de tanto asistencialismo y de falta de políticas que verdaderamente combatan los problemas a los que se enfrenta este sector de la población.

—Ya no queremos más el trato de "pobrecitos", ni políticas asistencialistas, ni de caridad. Lo normal es un trato normal y eso es lo que queremos.

Discapacidad: cero pesos; CRIT: 300 millones de pesos

Al respecto, Dulce Caballero Encalada, representante de las asociaciones en el Consejo Promotor de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán y presidenta de la Asociación Yucateca Pro Deficiente Mental (AYPADEM), destacó que pese a la importancia de este problema, ni siquiera se conoce el verdadero número de personas con discapacidad en Yucatán.

Susana Covarrubias Arjona, coordinadora del Grupo Promotor de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad "Rompiendo Barreras".

—El Censo General de Población y Vivienda 2000 dio a conocer que hace diez años había en Yucatán aproximadamente 50,000 personas con discapacidad, ¡pero eso fue hace diez años!. ¿Cuál es ahora la realidad? Lo ignoramos y, sin esa información, no se puede hacer nada.

Agregó que es necesario saber cuántas personas con discapacidad hay, dónde se encuentran, en qué condiciones viven, si tienen o no acceso a salud, educación y trabajo; si aún son discriminados por sus familias —como sucedía hace muchos años. Para planear políticas públicas que realmente mejoren el nivel de vida de estas personas es necesario conocer a fondo esos datos.

—Desafortunadamente, el gobierno del Estado no está interesado en ese tema porque hasta la fecha no tenemos una respuesta de su parte de nuestra propuesta de censo.

Explicó que el 3 de abril de este años Rompiendo Barreras se reunió con el secretario de gobierno del Estado, Víctor Sánchez Alvarez, para solicitarle la elaboración de una campaña de sensibilización previa al censo población de 2010. La campaña, estaría dirigida a padres de familia y a la sociedad en general, para que proporcionen datos de las personas con discapacidad que viven en con ellos.

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Últimas cifras de discapacidad en Yucatán

Existen 50,000 personas con discapacidad registradas en nuestro estado, de las cuales 23,316 tienen entre 15 y 64 años y 18,998 son de 64 años o más.

Según el XII Censo de Población y Vivienda 2000, en Yucatán, de cada 100 hogares 10.4 tienen presencia de personas con discapacidad. Este porcentaje sitúa al estado por encima de la media nacional de 7 y lo coloca como el más alto de toda la república, seguido por Zacatecas con 9.

La discapacidad predominante en el estado es la motriz con 41.3%, seguida por la visual con 37% y la auditiva con 15.1%. El resto de las discapacidades están distribuidas en problemas mentales y de lenguaje. De acuerdo con el INEGI, la discapacidad entre los yucatecos tiene su origen —33.4%— en enfermedades. La siguiente causa es por edad avanzada —27%— y en tercer lugar, por problemas en el nacimiento —17.8%.{/xtypo_rounded4}

Manifestó que, aunque el censo de población de 2010 ayudará a dar una nueva idea del panorama de discapacidad en Yucatán, eso no es suficiente: será necesario contar con información propia.

Recordó que desde el año pasado están promoviendo ante el gobierno del Estado la realización de una encuesta estatal para 2011, que sea diseñada por diferentes sectores de la sociedad e instituciones de discapacidad. Esa propuesta incluía una campaña de sensibilización durante 2009, ya que muchas personas con discapacidad y sus familias ni siquiera saben que existe una ley que las protege.

Es asi que, en cuestión de discapacidad, no hay ninguna inversión ni en campañas de sensibilización a la población, ni en combate a la discriminación y mucho menos, en la elaboración de una encuesta como la que solicitan las asociaciones civiles.

Esta actitud, constrasta con la actitud "generosa" de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien no sólo comprometió la entrega de $300 millones al CRIT-Teletón, a pagarse en 10 años, sino que previamente entregó $90 millones más y en efectivo a la Fundación TELEVISA. Y todo ello se hizo sin autorización del Congreso y sin dar a conocer el convenio correspondiente.

El CRIT atiende aproximadamente a mil menores de edad con discapacidad.

El Congreso del Estado, también sin interés

La Sra. Dulce Caballero Encalada dio a conocer que el Congreso del Estado tampoco ha respondido a sus peticiones para adecuar la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. La propuesta de modificación se hizo en octubre de 2007.

—Y el próximo año termina la legislatura, lo que implica una nueva petición al grupo de diputados entrantes.

Brian es uno de los seis personajes con discapacidad motriz de la caricatura británica "Criaturas incómodas". Su autor es Nick Park, ganador de un oscar, y creador de "Wallace & Gromit". Esta caricatura, es parte de una campaña de sensibilización dirigida a niños y adultos.

La situación también se complica para las personas con discapacidad en el marco legal, ya que muchos quedarán en total desamparo al fallecer sus padres o sus tutores debido a que no hay interés de los 105 municipios de Yucatán de instalar el Consejo Local de Tutelas (sólo Mérida cuenta con él), que protege a las personas con discapacidad a través de un juicio de interdicción en el que se declara al hijo como persona con discapacidad y se nombra a un tutor para encargarse de velar que el muchacho reciba su herencia.

—Ahi tampoco se ha podido lograr nada a través del Congreso, ya que aunque esos ayuntamientos ya cayeron en desacato, la explicación que nos dan para no intervenir es que son autonómos y no se les puede obligar a instalarlo.

Señaló que en el rubro de gobierno municipal tampoco les ha ido bien, ya que el Ayuntamiento de Mérida desapareció la Subdirección de Discapacidad sin notificarles. Actualmente, la Comuna canaliza los problemas de discapacidad a la Oficina de Grupo Vulnerable.

Por otra parte, la Sra. Caballero Encalada indicó que para el próximo año Rompiendo Barreras no sólo tiene el reto de insistir en la realización de un censo estatal ante el gobierno del Estado, en campañas de sensibilización, la instalación de Consejos locales de Tutelas, la modificación de la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, sino también en adaptar esos esfuerzos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. L.I.

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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Firmaron la convención 81 Estados Miembros y la Comunidad Europea, lo que representa el mayor número de firmas conseguido jamás por un instrumento de derechos humanos en el día de su apertura a la firma.

La convención y su protocolo entraron en vigor el 3 de mayo de 2008. Su propósito es asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad. México firmó la convención y el protocolo el 30 de marzo de 2007 y los ratificó el 17 de diciembre de ese mismo año.{/xtypo_rounded4}