Cuando las naciones negociaron el tratado más reciente de derechos humanos de la ONU, hace seis años, hubo personal de C-FAM informando desde dentro cómo el polémico término salud sexual y reproductiva, se introducía solapadamente. El Senado estadounidense puede estar a días de ratificar este controvertido tratado y C-FAM estuvo en el Capitolio esta semana advirtiendo a los miembros del Congreso sobre su potencial amenaza para el derecho a la vida.

Un panel de expertos advirtió a los legisladores estadounidenses esta semana que el tratado de la ONU sobre las personas con discapacidad podría amenazar los derechos de los padres y promover el derecho al aborto.

Este tratado permitiría a burócratas no elegidos que están en Suiza determinar el significado de las palabras discapacidad y salud sexual y reproductiva, dijo el congresista Jeff Duncan tras una sesión informativa para el caucus de soberanía de la Cámara de Representantes. Tal ambigüedad podría dar origen a litigios frívolos y a promover el aborto como un derecho humano.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) fue aprobada en julio por el subcomité de Asuntos Exteriores del Senado. Una enmienda del senador Marco Rubio que clarificaba que el tratado no podía ser utilizado para promover el aborto fue rechazada mediante el voto en contra de todos los senadores demócratas.

La dra. Susan Yoshihara explicó a la asamblea partidaria cómo la salud sexual y reproductiva, fue introducida en el acuerdo a pesar de la falta de consenso. La Directora del International Organizations Research Group de C-FAM participó en las negociaciones de la ONU en torno a la CDPD.

Para introducir este término en el tratado sobre discapacidad, sus defensores debieron franquear la objeción de veintitrés naciones recurriendo a tácticas tales como reuniones secretas y lugares de encuentro donde no se admitía a todas las delegaciones, dijo.

Algunos senadores estadounidenses respaldan el tratado con la convicción de que existen protecciones provida, ya que el término salud reproductiva se menciona como categoría de no discriminación y no como derecho. La dra. Yoshihara previno sobre esta falsa sensación de seguridad.

Esto no debería disipar el temor de los legisladores provida o hacerlos pensar que este tratado no se utilizará para promover el derecho al aborto, dijo. La Convención de la mujer, la CEDAW, jamás menciona el aborto o la salud reproductiva y tampoco lo hace el PIDCP [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos], no obstante, sus comités han presionado a más de noventa países más de ciento veinte veces para liberalizar el aborto.

Los defensores del tratado dicen que las reservas acordadas por el Senado estadounidense servirán de protección ante cualquier inconveniente. Los expertos, sin embargo, las tildaron de insuficientes. La dra. Yoshihara recordó una decisión de la Corte Suprema estadounidense (Roper) en la que esta citó una sección del PIDCP que Estados Unidos había rechazado específicamente en una reserva.

Michael Farris, presidente de la Home School Legal Defense Association, advirtió que el PIDCP amenaza los derechos de los padres de los niños con necesidades especiales. Se está otorgando a los agentes gubernamentales y no a los padres, la autoridad para decidir todas las cuestiones educativas y de tratamiento para los niños discapacitados.

La firma del tratado es un gesto vacío, dijo Steven Groves, de la Heritage Foundation. La actual legislación estadounidense cubre o excede las disposiciones de la Convención y la mera pertenencia a la Convención no convencerá a la comunidad internacional de que Estados Unidos protege los derechos de los ciudadanos discapacitados, añadió.

La Santa Sede manifestó su inquietud sobre la CDPD cuando la ONU la aprobó en 2006. Al explicar por qué no podía respaldarla, la delegación señaló: Es sin duda trágico que la misma Convención creada para proteger a las personas con discapacidad de toda discriminación en el ejercicio de sus derechos pueda ser usada para negar el propio derecho básico a la vida de las personas discapacitadas por nacer.

Estados Unidos no necesita ratificar el tratado para conseguir autoridad moral, observó el representante Duncan y el copresidente del caucus de soberanía, el representante Doug Lamborn. Estados Unidos ya es uno de los líderes mundiales en la promoción de la causa de quienes padecen discapacidades, dijo este último.

El tratado necesita dos tercios del Senado para ser aprobado. No se sabe con certeza cuándo se lo votará, no obstante se está constituyendo la oposición. Una carta redactada por los representantes estadounidenses Buerkle y Jordan, en la que instan a los dirigentes del Senado a que rechacen la CDPD, cuenta ahora con 49 signatarios.