México (9 de enero).-

Este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto firmará un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar junto con las organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo.

Frente la condiciones internacionales adversas e inciertas y la problemática derivada del incremento de los precios de las gasolinas, una copia de este Acuerdo en poder de Quadratín México señala que los sectores productivos en consenso con el gubernamental asumieron el compromiso de realizar acciones necesarias para evitar que se observe un incremento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica.

Al coincidir en la importancia de avanzar en todas aquellas medidas que contribuyan a la estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas, el sector gubernamental impulsará las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley.

El documento a presentarse este lunes en un acto en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, a las 13 horas, será signado por el Ejecutivo federal, así como por el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Trabajo y la Secretaría General de la Confederación Nacional Campesina.

Según la hoja de firmas, también plasmarán sus rúbricas la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de México, el de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y el Regional Obrera Mexicana.

Para proteger la economía familiar, el Gobierno se compromete también a modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana, mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo y emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables.

Realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho y reforzar acciones en favor de la libre competencia.

Por otro lado, los factores de la producción se comprometen a seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. “El sector empresarial no incurrir en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica”, reza el acuerdo.

Apunta que “los sectores laboral y del campo, permanecerán atentos y vigilantes, a efecto de detectar y denunciar aquellos casos de abuso o incumplimientos a este compromiso.”

Para fomentar las inversiones y el empleo, indica que los sectores empresarial, sindical y del campo se comprometen a privilegiar la productividad como medio para impulsar el crecimiento, el desarrollo, la competitividad y la mejora de los ingresos de los trabajadores del país. Para preservar la estabilidad económica, se buscará garantizar un creciente superávit primario, reduciendo el endeudamiento del Gobierno federal.

Sectores empresariales, sindicales y gubernamental reprueban rapiña y vandalismo El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico contempla fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de derecho, para lo cual los firmantes rechazan cualquier medio ilegal para expresar malestar y reprueban los actos de violencia, rapiña y vandalismo que afectan los derechos de terceros.

“El Gobierno de la República, en coordinación con los estatales y municipales, fortalecerán las medidas que tengan por objeto inhibir y sancionar hechos delictivos que atenten contra la integridad física de las personas y la propiedad pública o privada”, advierte.

A los acuerdos establecidos, así como a su impacto, se les dará seguimiento a través del Comité Nacional de Productividad, en donde participan representantes del gobierno, de empresarios, de trabajadores, productores del campo y de la academia.