Mérida, Yucatán, Mèxico a 20 de agosto de 2025.

La diputada de Morena, Clara Rosales Montiel, condenó el nombramiento de Luis Armando Mendoza Casanova como Juez de Control Penal, recalcando que no podemos permitir que los espacios destinados a impartir justicia se conviertan en refugio de quienes han sido señalados por ejercer violencia a las mujeres.

Recordó que hace unos meses votó en el Congreso del Estado en contra de que dicha persona participe como candidato en el proceso electoral extraordinario en el que se renovaron magistraturas del Poder Judicial de Yucatán, debido a que existen denuncias por violencia de género que no pueden ni deben pasarse por alto.

“Como diputada, no puedo ni debo guardar silencio. Mi compromiso es con la seguridad y la dignidad de la ciudadanía, en particular con las mujeres que día a día enfrentan situaciones de violencia. Resulta inaceptable que, lejos de atender estas denuncias, ahora se pretenda colocar a esta persona como juez de control”, recalcó.

La legisladora de Morena indicó que un cargo de esa magnitud requiere no solo preparación técnica, sino también ética y una trayectoria libre de señalamientos que pongan en duda su imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

“La diputada de Morena, Clara Rosales, condenó el nombramiento de Luis Armando Mendoza como Juez de Control Penal por parte de tres Consejeros de la Judicatura relacionados con PAN”

“La elección del Poder Judicial ha sido precisamente un ejercicio para que el pueblo elija, no para imponer a este tipo de personajes que representan un retroceso y una burla a las víctimas”, remarcó.

Clara Rosales también condenó que el nuevo nombramiento de Mendoza Casanova se concretó por el voto de tres integrantes del Consejo de la Judicatura ligados al Partido Acción Nacional (PAN), incluido el de la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés.

Otro de los consejeros que permitió este atropello es Álvaro Juanes Laviada, quien fue coordinador de Asesores en el gobierno del panista Mauricio Vila Dosal, por lo que es evidente que existe una complicidad de ese partido para permitir que una persona acusada de violencia siga ocupando este tipo de encargos en el Poder Judicial.

“La ciudadanía merece instituciones confiables y libres de cualquier sombra de violencia. Yucatán necesita un Poder Judicial que dé certezas, que escuche a las víctimas y que tenga como principio rector de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, por eso no podemos permitir que personas que representen un peligro para las mujeres se encarguen de la impartición de justicia”, expresó.