México (31 de marzo).- La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá este lunes si acepta una apelación en el caso del mexicano Ramiro Hernández Llanas, en cuyo caso se aplazaría su ejecución prevista para el 9 de abril, en Texas.

En entrevista, el abogado estadounidense, Gregory Kuykendall, director del Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital (MCLAP, por sus siglas en inglés), se dijo optimista respecto a esta apelación.

Explicó que el lunes, la Corte Suprema decide si acepta esta apelación, en cuyo caso se aplazaría la ejecución hasta octubre, en el siguiente periodo de la Corte, pues no se alcanzaría a tomar una decisión en lo que queda del periodo actual, que concluye en junio.

Esta apelación cuestiona el peritaje de un psiquiatra de apellido Coons, contratado por el estado de Texas, quien evaluó el estado mental de Ramiro Hernández Llanas, acusado de asesinato y violación en hechos ocurridos en octubre de 1997.

Según el abogado Kuykendall, el psiquiatra contratado por el gobierno texano carecía de las competencias profesionales para emitir un dictamen sobre la capacidad intelectual del mexicano condenado a muerte, cuyo retraso mental está documentado.

Además, está probado que, en el pasado, el mismo psiquiatra emitió dictámenes respecto al estado mental de algunos presos, que contenían juicios de valor sobre la raza de los sentenciados, lo cual resulta inadmisible para un juicio.

Existe optimismo de que se admita el recurso, porque antes la Suprema Corte admitió un caso muy similar (Hall Vs. Florida) y de ser así, se postergaría la ejecución por lo menos hasta que la Corte Suprema pueda tomar una decisión en su próximo periodo.

Debido al funcionamiento del sistema de justicia, ese lapso podría ayudar a buscar nuevos recursos que signifiquen una diferencia sustancial para la causa de Hernández Llanas, quien fue sentenciado en un proceso que duró 24 horas en Texas y que forma parte del Caso Avena.

A Hernández Llanas, de 44 años, se le acusa de matar a Glen Lich y de violar a su esposa el 15 de octubre de 1997, cuando irrumpió en su casa del condado de Kerr, cerca de San Antonio.

Sin embargo, Kuykendall recordó que el mexicano originario de Nuevo Laredo presenta retraso mental, y toma como ejemplo que desde el tercer grado de primaria fue expulsado de la escuela por falta de habilidades intelectuales.

Además constantemente se le vio envuelto en problemas con la justicia y padece lo que en inglés se conoce como “déficit de conducta”, es decir, que es incapaz de tener el mínimo cuidado en su persona, entre otras cosas, porque vivía en un basurero y carecía de apoyo familiar.

El abogado estadounidense recordó que actualmente hay 57 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, aunque desde su creación en 2000, el MCLAP (que él dirige desde 2006), ha logrado evitar o revertir 881 sentencias de pena de muerte, de mil un casos que ha estudiado.

De hecho, en la semana que concluye se evitaron tres sentencias de pena de muerte contra mexicanos, gracias a que el Programa utiliza los servicios de un equipo de 34 abogados y contrata a otros litigantes, investigadores y peritos, conforme se presentan las circunstancias.

El éxito del Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital se puede medir estadísticamente. Hoy en día, en Estados Unidos, la posibilidad de que un mexicano sea sentenciado a pena de muerte es de 0.8%, mientras que para los estadounidenses, este indicador oscila entre ocho y 14%.

La razón de esto es que en el sistema penal estadounidense, la pena capital sólo se aplica al reo cuya representación legal haya sido deficiente. Y aun cuando un equipo de abogados capacitados tome el caso después de la sentencia, existe una pequeña oportunidad para revertirla.

Sin embargo, cuando el caso se toma en una etapa previa a la sentencia, conocida como “ante juicio”, las posibilidades de evitar la pena capital son mucho mayores, incluso en estados como Texas, Nevada o Arizona.- (Agencias)