MEXICO, D.F., 30 de noviembre.- Los senadores afinaron ayer la reforma político-electoral que buscan concretar esta semana, misma que incluye la reelección consecutiva de diputados y senadores para que puedan permanecer en el Congreso 12 años, la creación del INE, la autonomía de la PGR y del Coneval; que la toma de protesta del Presidente de la República sea a partir del primero de octubre; que en las campañas sólo se utilicen objetos fabricados con textiles; la anulación de elecciones si se rebasan los topes de gastos de campaña, además de la reelección de alcaldes.

La noche de ayer, los senadores concretaron que esos temas estarían en el dictamen de la reforma político-electoral, aunque no descartaron cambios. Enfatizaron temas encorchetados que analizarían por bancada, como es el caso de los tribunales electorales locales.

Emilio Gamboa Patrón.

El PRI y el PRD no estaban de acuerdo con la desaparición de los tribunales locales, pero el PAN buscaba que las salas regionales desaparecieran y que los tribunales estatales fueran sustituidos por salas estatales dependientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con información recopilada con senadores del PRI, PAN y PRD, la reforma político-electoral incluye la reelección de diputados hasta en tres ocasiones y una para los senadores para que los legisladores puedan permanecer en el Congreso 12 años. Abren la puerta para que los presidentes municipales se reelijan por una ocasión al igual que los diputados locales.

Contiene la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), el cual tendrá su prueba de fuego en la organización de los comicios intermedios del 2015; nombrará a los consejeros locales y tendrá a su cargo la chequera única; es decir, el manejo optativo de la chequera de los partidos en tiempos electorales.

Por otro lado, el acuerdo es que la Procuraduría General de la República sea autónoma a partir del 2018, lo que destrabaría la reforma anticorrupción que prevalece en el Senado. Otra institución autónoma sería el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual tiene a su cargo la medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.

La toma de posesión del Presidente se fija para el primero de octubre y no el primero de diciembre. Este esquema iniciaría a partir del 2024 para no afectar el tiempo de mandato de Enrique Peña, por lo que el siguiente Presidente entraría el primero de diciembre del 2018 y culminaría su administración el 30 de septiembre del 2024.

Los legisladores pretenden separar el financiamiento privado en los tiempos electorales para diferenciarlo entre cuotas de militantes y aportaciones de los simpatizantes. El PAN quiere que cada uno tenga un límite de 10% del financiamiento total de campañas. Un tema que se concretó ayer fue la anulación de los comicios si algún candidato o partido rebase los topes de gastos de campaña.

Además, los candidatos y partidos sólo podrán utilizar para la propaganda electoral objetos elaborados con textiles, por lo que queda prohibido el uso de otros materiales, como plásticos.

Los gobiernos de coalición y la chequera única manejada por el INE son medidas optativas.

Anoche continuó la discusión para conformar el dictamen de la reforma político-electoral. Las bancadas del PAN y el PRI se reunieron por separado para abordar los temas a los que darán el visto bueno y en los que no cederán, mientras el PRD abordará el tema este martes en su reunión previa a la sesión ordinaria. Luego de la reunión con sus bancadas, los senadores que revisan la reforma se reunirían en privado.

Aunque en la gaceta del Senado se había adelantado que las comisiones dictaminadoras de la reforma se reunirían para aprobar el dictamen, los legisladores adelantaron que al haber temas aún encorchetados era posible que la reunión se postergara, aunque pronosticaron que no pasará de esta semana la aprobación.

La exposición al PRI de la reforma estuvo a cargo del Consejero Jurídico de la Presidencia y del Subsecretario de Enlace Legislativo de la SEGOB.

En tanto, en San Lázaro, los grupos parlamentarios del PRD y MC en la Cámara de Diputados, en voz de Silvano Aureoles Conejo y Ricardo Monreal Ávila, denunciaron que ya hay acuerdo entre el gobierno federal, el PRI y el PAN para aprobar la reforma energética en ambas Cámaras del Congreso de la Unión antes del próximo 15 de diciembre.

El Coordinador de la diputación federal perredista llamó al gobierno federal a la responsabilidad, a fin de no intentar concretar dicha reforma a como dé lugar; porque si bien la enmienda constitucional se podría aprobar con los votos del PRI, PAN y otras fuerzas políticas, no se han medido las repercusiones de una decisión de ese tipo.

Asimismo, los senadores acordaron darle autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR), pero su titular podrá ser removido por el Presidente de la República, decisión que sería objetada sólo por el Senado.

De acuerdo con el borrador del dictamen de la reforma político-electoral, del que El Economista tiene copia, la objeción prosperará si las dos terceras partes de los legisladores están de acuerdo dentro de los 10 primeros días siguientes a la remoción, en cuyo caso, el Procurador será restituido en el ejercicio de sus funciones.

Dicho documento fue redactado previo a las reuniones de los grupos parlamentarios y podría tener cambios.

El texto que les fue entregado a legisladores determina que el abogado de la nación durará en su encargo siete años, deberá rendir un informe anual a los poderes Legislativo y Ejecutivo y comparecerá cada año ante la Cámara Alta.

El Presidente será quien proponga una terna de candidatos al Senado para que se ratifique al titular de la PGR. Las funciones del Ministerio Público cambian de acuerdo con el documento.

“Incumbe al Ministerio Público de la Federación la investigación de todos los delitos del orden federal y su persecución ante los tribunales; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los imputados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas, e intervenir en los asuntos que la ley determine”, estipula. (El Economista)