Para quienes en la última década han seguido con cierta atención el tema de la nueva legislación para los medios electrónicos, saben que su procesamiento siempre ha estado atrapado bajo una dinámica de rentabilidad político-electoral de los principales partidos en relación con las más poderosas empresas de radio y televisión del país.

O si se quiere más claro: los distintos momentos en que se ha sofocado los esfuerzos de legislar el tema bajo la perspectiva del interés público, así como los momentos en los que el duopolio televisivo han conseguido las mayores canonjías, se han dado bajo un toma y daca de carácter electoral. Acompañado de una buena dosis de temor, en algunos de sus protagonistas.

El tema de la legislación de los medios de comunicación siempre ha estado entre la oferta de la Zanahoria, o la amenaza del garrote. Por eso hay quienes, atendiendo a los intereses que rodean a esta poderosa industria, plantean que este tipo de reformas deben plantearse en el tiempo inaugural de cualquier legislatura, pero de manera preferente, en el inicio del sexenio gubernamental, esto es, en el arranque. Alejar lo más posible las reformas de la sucesión de Presidente de la República, el momento estelar de la renovación del sistema político y donde como en ninguna estación nacen las más grandes zanahorias en el jardín de los concesionarios, o en el que deciden asomar sus garrotes.

El problema estriba en que México es un país que no descansa electoralmente y prácticamente todos los años tenemos contienda política en alguna región del país, si no es que en la mitad del territorio nacional, como este año.

Esa dinámica ha paralizado una y otra vez la necesaria actualización de las leyes en materia de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Por esa vía la propia clase política ha sufrido un deterioro general, y el chantaje resulta cada vez más costoso para la Nación, pues el acrecentamiento de los monopolios ha derivado en tarifas caras y servicios de mala calidad en las telecomunicaciones, y un permanente ejercicio de expoliación al sistema de partidos de parte de las principales empresas de radiodifusión.

Quienes han participado en esos distintos momentos – varios de ellos se repiten sucesivamente en ambas cámaras del Congreso -, han ganado en el plazo inmediato favores de cobertura mediática a sus propósitos electorales o han conseguido el ocultamiento de hechos que los vulneran ante la opinión pública. Ganan, pero muy poquito, y por poco tiempo, porque sobre todo el duopolio de la Televisión no tiene lealtades absolutas, o más bien, las recicla sexenalmente. No pueden cumplir más allá de un sexenio porque su modus operandi reside en que su reciclamiento de lealtades, depende del Presidente de la República en turno, y en función de la nueva lealtad incrementarán sus privilegios.

Pero el país pierde, y mucho, cada que se desvanecen los esfuerzos legislativos en la materia. Pierde el Estado en el mediano y largo plazos. De hecho los beneficiarios del inmediatismo se pueden convertir en un muy corto plazo en víctimas de sus propios beneficiados. Porque quien no reconoce pasado alguno de dignidad, y carece de visión de Estado para enfrentar los problemas del país, es visto por el utilitarismo mediático, como una simple servilleta de papel.

Desde hace muchos años he tratado de convencer y persuadir a mis colegas legisladores que debemos de salirnos de la dinámica de chantaje e intimidación en la que se ha colocado la relación de la política con los medios. En esa interacción permanente que me ha llevado a tener una interlocución en los más altos niveles de la política, detecto transversal a los partidos la misma preocupación, las mismas quejas por los excesos y abusos que, según la entidad federativa, le duelen lo mismo al PAN, que al PRI, que al PRD. Puedo asegurar que no es falta de conocimiento o ignorancia supina entre los actores políticos, encontrar las soluciones para devolverle al Estado su rectoría en la materia, simplemente es negligencia política que se convierte en indolencia ética.

El chantaje de la zanahoria o el garrote en la relación medios-estado, ha envenenado muchos ámbitos de la vida social. No se diga el ambiente político en relación con la sociedad, que ve el prurito y tesón con que los legisladores detienen las propuestas ciudadanas y se empeñan en legislar para satisfacer únicamente los intereses particulares de unos cuantos, por más legítimos que éstos sean. Al interior de los partidos también se han generado hondas fracturas por la indefinición y la vacilación con que se actúa frente a la necesaria legislación. Se desatan juegos internos para ver cómo aprovechan unos el tema y congraciarse y pactar favores, y como dejan a otros la responsabilidad de salir al paso de los linchamientos, los vetos y los boicots televisivos.

Hoy de nueva cuenta, se discute en el Senado de la República un proyecto de legislación integral, moderna, procompetitiva y proconvergente, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que vendría a resolver una de las aspiraciones sociales más debatidas en las últimas décadas, y que sin quitarle nada a nadie, sí le abriría la puerta a nuevas opciones comunicacionales y nuevos jugadores en telecomunicaciones, e incluso mejoraría entre ellos las actuales condiciones de competencia.

Sin razones para oponerse a la entrada de nuevos competidores, revive Televisa en un desplegado firmado por la CIRT, la anticuada estrategia: el fantoche del atentado a la libertad de expresión, sin aportar un solo argumento, dato o artículo del anteproyecto que localice el intento de censura. Piden tiempo y exigen discusión, están dispuestos al debate que siempre han rechazado, lo quieren de cara a la Nación, y se duelen de las leyes al vapor. Casualmente todas las características de la Ley Televisa, que hicieron votar de manera unánime a una de las cámaras del Congreso.

Nuevamente se asoman las zanahorias y los garrotes. Antes, esta conducta la realizaba el Estado bajo el régimen de partido único, hoy la realizan un par de televisoras sobre el conjunto de las instituciones del Estado.