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—¿Tienes identificación de tu medio? Si no, no puedes pasar, dijo uno de los guardias de Palacio de Gobierno a la reportera de Artículo 7 quien junto con el fotográfo de un periódico local y del camarográfo de Canal 13 intentó entrar al edificio para acompañar a Martha Capetillo Pasos, de la asociación civil Indignación, a entregar un documento para la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Luego de ver el documento que demandaban para dejarla entrar, el policía, de nombre José, exclamó: “Ah, eres de Artículo 7”. Inmediatamente agregó que no podía dejarla pasar.
—Me pediste una identificación del medio para el que trabajo y ya lo hice, ¿por qué no me dejas pasar? —preguntó la reportera.
El policía, ni tardo ni perezoso, respondió que “eran ordenes.” Al ser cuestionado sobre dichas órdenes, el guardia le pidió a la reportera: “Cómprendame… Estoy haciendo mi trabajo… Yo solo obedezco órdenes… .”
—Pues no te entiendo. Así que mejor explícame por qué no puedo pasar como los demás compañeros a tomar la foto y a salir del edificio.
Enojado con el reclamo, el policía le dijo: “Mire, no siga porque me está enojando.” Pero al ver que lo seguían cuestionando, agregó que iría a preguntar.
Segundos después, cuando, por cierto, ya no tenía caso la entrada al edificio público —porque el documento que el grupo de activistas a favor de la comunidad lésbico-gay de Yucatán llevó a la gobernadora ya había sido entregado— entonces la dejó pasar.
Esta nueva censura a la labor del semanario Artículo 7, que desde hace cuatro años, informa sobre las irregularidades cometidas por el gobierno del Estado, a cargo de Ivonne Ortega, se suma a las muestras anteriores de represión que el medio ha sufrido.
A mediados de julio de 2011, dimos a conocer que por tercera ocasión en los últimos cuatro meses de ese año, circuló en la ciudad un apócrifo del semanario Artículo 7, denonimado Artículo 7even, que por segunda ocasión consecutiva fue enviado a los regidores del Partido Acción Nacional del Ayuntamiento de Mérida, aunque en esta ocasión el supuesto remitente de este pasquín, era el Sr. Alejandro Abud, quien fuera precandidato ciudadano del PAN al IV Distrito y actualmente es candidato a la alcaldía de Mérida por Movimiento Ciudadano.
En este falso ejemplar, el pasquín presentó en su portada a la regidora y ex directora de Finanzas del Ayuntamiento de Mérida en la administración anterior, Claudia Canto Mézquita, a quien acusa infundadamente de una serie de actividades ilícitas, cuando fungió como tesorera de la Comuna. Además, atacó de manera muy personal y difamatoria a la regidora Lizzette Mimenza Herrera, quienes "casualmente" son dos de los regidores del PAN que más han señalado errores y probables actos de corrupción de la alcaldesa Angélica Araujo Lara y su equipo.
El último apócrifo de Artículo 7.
En la edición de en junio de 2011, los actores intelectuales de este pasquín intentaron inculpar al Dr. Edgardo Martínez Menéndez, titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán, quien inmediatamente se deslindó de la responsabilidad al explicar que siempre ha sido un hombre serio, dedicado a su profesión y que no es amigo de la confrontación ni de agresiones personales. En esa ocasión los apócrifos también fueron enviados, por lo menos, a los regidores del PAN en Mérida.
El primer apófrico, surgido en febrero de ese mismo año, fue entregado a diversos voceadores de la ciudad que reportaron telefónicamente al semanario que les habían entregado, para insertar como "encartes" en los periódicos de mayor circulación en Mérida, ejemplares de una imitación de A7, distribuidos a temprana hora en la mañana. A los voceadores les pagaron $100 por entregar el impreso. El ejemplar —de cuatro páginas— estaba impreso a color en formato de rotativa, por lo que no fue difícil inferir que se elaboró en alguna rotativa local que se prestó a las delictivas acciones. En la portada de aquel falso Artículo 7even, aparecía una fotografía de la Profa. Blanca Estrada Mora, ex diputada del PRI y lideresa de la Federación de Colonos de Yucatán (FECUY). En su contenido, atacaba a la profesora con diversos calificativos y narraciones difamatorias de índole personal.
En relación a uno de los apócrifos, una llamada anónima nos informó que el chofer del Sr. Mauricio Sahuí —hoy un candidato del PRI a diputado federal— había estado repartiendo apócrifos en una boda que se celebraba en el Hotel Hyatt. Por lo menos un invitado a esa celebración de boda nos confirmó que el contenido de la llamada anónima era correcto.
Pero los ataques contra este semanario no han sido únicamente de este tipo. En enero de 2010, de manera precisa, profesional y con todo el cuidado de evitar dejar rastros, especialistas en informática "hackearon" la página web de Artículo 7, dejándola totalmente fuera de servicio.
Nuevo ataque cibernético a Artículo 7. Aún así, el semanario continúa informando lo que los otros medios callan.
El ataque fue tan profesional y sutil que la caída total de la página web se concretó casi al mediodía. Horas antes, usuarios del semanario notificaron la imposibilidad de acceder al contenido del sitio y posteriormente, la redacción también tuvo problemas para entrar y laborar en la edición de información, hasta que eventualmente la página quedó totalmente en blanco.
En esa ocasión, especialistas señalaron que debido a los numerosos candados de seguridad, el "hackeo" del sitio de A7 no pudo haber sido realizado por conocedores de informática amateurs, sino por verdaderos profesionales —gente que por dinero destruye o daña páginas web— ya que para afectar a Artículo 7 sólo se eliminaron algunos archivos —no todos— y algunas tablas —no la base de datos— como lo haría un aficionado.
Franz Fortuny Loret de Mola, director del semanario explicó que debido al profesionalismo del hackeo, no se permite determinar desde dónde se perpetuó el ataque cibernético. Sin embargo, todos los dedos señalan al gobierno del Estado o a personas o grupos afines a esa entidad, encabezados lamentablemente por Ivonne Ortega Pacheco.
El conjunto de ese grupo político ha sido exhibido en innumerables irregularidades, corrupción y mentiras que atentan contra los intereses y el bienestar de los yucatecos. Entre esas denuncias, figuran los programas "Compartir", "Cobijar"; y recientemente, el desvío que el gobierno estatal pretende hacer a través de la Japay para beneficiar a un particular, probablemente en un acto de triangulación de flujo de fondos públicos.
En este mes los ataques al sistema de Artículo 7 regresaron pero de otra manera, ya que de forma silenciosa y sin saber desde hace cuánto, especialistas en seguridad informática suplantaron funciones del administrador del semanario para manejar el servidor con otros fines, como ataques a otras páginas, incluso de Estados Unidos, como sucedió con ATT, que notificó a Artículo 7 sobre esta situación.
Héctor Chan Kantún, soporte técnico de Artículo 7, explicó que este ataque ha sido tan sistemático que no cualquier persona puede realizarlo, es decir, que se requieren conocimientos avanzados en servidores.
La represión que en algunos momentos de su vida laboral ha sufrido este semanario también ha llegado a ataques físicos. Hace algunos años, el vehículo que uno de los vecinos de la calle donde se ubica el edificio de Artículo 7, dejo un fin de semana su vehículo en el estacionamiento de este medio impreso. Un día, el vehículo fue "Misteriosamente" dañado. Le rompieron cristales y afectaron la carrocería. Se rumoró que el ataque se dio porque quien lo perpetró pensó que se trataba del auto de alguna de las personas que labora en Artículo 7. Al igual que en las situaciones descritas anteriormente, no se encontraron ni se castigó a los culpables de estas acciones.
A pesar de todo esto, el semanario continúa incomodando al gobierno del Estado con la publicación de las irregularidades que comete, lo que en esta ocasión ha llevado a que le nieguen, aunque sea momentáneamente, la entrada a una reportera de Artículo 7 al Palacio de Gobierno para la cobertura de una nota. L.I.