Rafael Gamboa Moguel, representante del Frente Ciudadano por la Libertad de Expresión, demandó a nombre de esa agrupación y de la sociedad civil, la inmediata destitución de sus puestos del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Alfredo Dájer Abihmeri y del director de la Facultad de Derecho de dicha institución, José Luis Vargas Aguilar, como consecuencia de su actuación facciosa, tendiente a beneficiar ilegalmente a uno de los aspirantes a la presidencia de la sociedad de alumnos de dicho plantel educativo, que pretende ser impuesto a toda costa, por su padre, el diputado federal priista y presidente en funciones de la cámara de diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín

Recalcó que constituye un hecho inédito la intromisión de las autoridades educativas de la UADY, en un asunto de incumbencia exclusiva de los alumnos. Añadió que si bien, esto siempre se ha dado de una manera u otra, se suscitaba al menos de modo disimulado y guardando ciertas apariencias. Subrayó que en este caso, se han perdido todas las formas, dado el carácter grotesco y descarado de la intervención de las autoridades universitarias, paradójicamente los que son teórica y supuestamente responsables de velar por la preservación del orden y la legalidad en esa casa de estudios.

Puntualizó que las apreciaciones realizadas no iban dirigidas contra un partido en especial (el PRI), ni contra una persona en específico (Jorge Carlos Ramírez Marín), sino que la exigencia era dirigida a la generalidad de los partidos políticos para que no hicieran un botín de la política estudiantil y que los que hubieran intervenido, sacaran de inmediato las manos de este ámbito.

Expresó su estupor ante el hecho de que profesionistas tan prestigiados como el rector de la UADY y el director de la Facultad de Derecho, alteraran el contenido de la convocatoria para la elección de presidente de la sociedad de alumnos de ese plantel, de modo tan notorio. Se cuestionó si la actitud de las autoridades tendiente a favorecer de manera evidente a un candidato, es motivada por su deseo de reelegirse. Exigió que las posibles ilegalidades derivadas de la actuación de los funcionarios universitarios sean investigadas a fondo y se proceda en consecuencia, a su inmediata destitución.