México (21 de julio).- La falta de cobertura de instituciones bancarias en zonas alejadas de las ciudades y la urgencia por conseguir un préstamo económico han sido aprovechadas por instituciones financieras fraudulentas que piden el pago de una inscripción y el adelanto de mensualidades, a cambio de un supuesto crédito que nunca llega.

En el mercado del ahorro es común encontrar las llamadas cajas populares o Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), cuyo objetivo es ahorrar dinero u otorgar créditos, tal como lo hiciera una institución bancaria, pero brindando ciertas facilidades que, en apariencia, benefician al cliente.

Las cajas populares surgieron para proteger, almacenar y poner en circulación los recursos del usuario. Mientras las Sofomes son entidades financieras que, a través de la obtención de recursos mediante el fondeo en instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda, otorgan crédito al público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero. Una Sofom no puede captar recursos del público y no requiere de la autorización del gobierno federal para constituirse; sin embargo, no todas las empresas de este tipo, y que existen en México, trabajan dentro de la ley.

De película

Excélsior documentó casos de sociedades financieras, como Firza y Gamiba, que prácticamente dejaron sin ahorros o ahogándose en deudas a miles de personas.

Operaban tal y como lo hacían en la película Escándalo Americano (diciembre, 2013), basada en una operación del FBI entre los años 70 y 80, protagonizada por Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper y Jeniffer Lawrence, en la que una gigantesca estafa se cristaliza cuando varios personajes conspiran para establecer una supuesta empresa, que presta dinero a cambio de algunos adelantos en efectivo por parte de las que aún no se saben víctimas.

Algunos podrían imaginar que sólo se trata de la industria cinematográfica del siglo pasado, sin embargo, también es parte del México actual, ya que habitantes de municipios como Cholula, Puebla, San Juan del Río, Querétaro; Monterrey, Nuevo León; Toluca, Estado de México, y en los estados de Tlaxcala, Morelos y Colima han sido engañados de la misma forma que en la película.

La forma de operar es la siguiente: una especie de empresa se instala en una localidad y ofrece servicios de crédito, ahorro o préstamo, para lo cual solicita pagos por inscripción o garantía para supuestamente contar con liquidez y, cuando tiene los suficientes clientes ilusionados, entonces de pronto desaparece. ¿Quién es responsable?, nadie sabe, ¿y el dinero?, mucho menos. De lo único que se tiene certeza es de las deudas que dejan.

Teresa Ruiz, abogada del despacho Ruiz Santana y Asociados, señaló que “este tipo de empresas se constituyen como una financiera y dicen: ‘Yo te voy a prestar dinero —obviamente montos chiquitos—, donde no me vas a tener que garantizar absolutamente nada’, la gente que necesita el dinero se va por el ‘¿dónde te firmo?’, hacen su papeleo, te dan un contrato, recibos y número de cuenta donde tienes que depositar”, detalló.

Y así ocurrió en San Juan del Río, Querétaro. En este municipio, en la planta alta de la Plaza Agua Rica, se estableció una caja popular denominada Grupo Común Firza, muy cerca del Centro Histórico.

En su fachada, se ve un letrero en el que ofrece varios servicios con montos que van desde 50 mil hasta 500 mil pesos, así como financiamientos para adquirir un automóvil con mensualidades que van de mil 900 hasta dos mil 500 pesos. Asimismo, anuncia sucursales en Querétaro, Colima, Toluca, Puebla, Manzanillo y Cholula.

Hoy todo está abandonado. Sólo había atorado en la reja de la puerta un recibo telefónico con la razón social Firza S.A. de C.V., dirección: Valentín Gómez Farías, local 56, Centro San Juan del Río y el Código Postal.

En el interior hay algunos muebles, un pizarrón de bienvenida, plantas, sillas, escritorios, una cédula de identificación fiscal con clave de Registro Federal de Contribuyentes y su razón social, además de unos mapas marcando sus sucursales, y algo de basura.

Excélsior contactó a algunas de las víctimas, llegó a sus domicilios y escuchó sus historias llenas de desesperación, como la de José Juan, quien está lleno de deudas, pidió 50 mil pesos a esta caja popular, pero antes le solicitaron depositar cinco mil pesos. “Quise conseguir un dinero, más que nada, se nos hizo fácil por los pocos requisitos que pedían y ya vimos que no resultó nada bueno y nos hicieron un fraude, nos daban largas y nunca apareció el préstamo.”

Otra víctima, una mujer que pidió el anonimato, tras asegurar que ha recibido amenazas vía telefónica, habló desde San Juan del Río, donde la gente casi lincha a tres empleados que casualmente encontraron. “Se han metido demandas, quejas y aun detenidas las personas hay quienes han sido defraudados. (Víctimas) dieron con los muchachitos que recibieron el dinero y aún así se les dejó ir por falta denuncias, siendo que había más de 20 personas poniendo demandas, y es injusto, es una impotencia, porque ya estaban los chicos y nosotros decíamos que eran ellos los que nos habían tomado el dinero y no se hizo nada”, dijo.

Otro de ellos es don Nazario, quien tiene una esposa diabética y otras urgencias. Decidió firmar prácticamente sin leer el contrato. A través de un cliente, enganchaban a otros para obtener más recursos. “Sinceramente uno, con la desesperación, dice: ‘Pues yo le leí esto y el otro’, pero no le tomé el interés total por la necesidad, y digo, ya estoy firmando esto y me están entregando mi certificado de garantía, pues ya está todo y sólo es cubrir las mensualidades, y el chavo que me atendió me propuso hacer otra cosa: ponga usted otra referencia y vamos a llamarles, pero si esas personas vuelven a fallar se le van a incrementar las mensualidades a usted”, comentó.

¿Cómo es que funcionan libremente?

En la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aseguran que estas sociedades financieras no se registran ante la autoridad.

El vicepresidente Técnico de la comisión, Luis Fabre Pruneda, reconoció la existencia de un vacío legal que les permite operar. “Las personas que quieren actuar de manera ilícita lo pueden hacer de muchas formas, así está el mercado informal, que no cumplen con sus obligaciones fiscales; igual un grupo de personas de manera indebida puede instalar un negocio en el que empiece a ostentar un nombre como ‘caja fulanita de tal’, pero no está autorizada y cuando nosotros conocemos las reclamaciones es cuando alertamos a las autoridades correspondientes para que actúen en consecuencia”, sostuvo.

El pretexto que utilizan estas sociedades financieras fantasma es que en comunidades alejadas no hay suficientes instituciones para bancarizar a toda la población. Los estafadores pueden presentar documentación apócrifa de que sus permisos ya están en curso, explica el director académico de Finanzas del Tec de Monterrey Campus Santa Fe, Oliver Ambía. “Hasta cierto punto es sencillo plantar un local en un centro comercial o sitio transitado en cualquier lugar importante de la República mexicana; colocar algo de publicidad, muebles, computadoras, contratar personal; adiestrarlo rápido no es algo complicado, lo difícil son los permisos de autoridades para tener eso, pero puedes argumentar que están en trámite; la corrupción está en medio y tener mientras clientela que hace depósitos o te da un producto financiero a cambio de dinero que estás recibiendo por las transacciones que supuestamente está realizando”, abundó.

La aparente empresa no puede permanecer abierta más de seis meses para consumar su ilícito, según especialistas.

Toman cartas en el asunto

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sostiene que las cajas populares han sido regularizadas desde el año 2001. Asegura el vicepresidente de Banca de Desarrollo, Gabriel Díaz Leyva, que desde el pasado 28 de abril la creación de nuevas cooperativas está más controlada.

“El notario tiene que avisar al Comité de Supervisión Auxiliar y al Fondo de Protección que se está autorizando la creación de una nueva cooperativa y de esa manera ya hay una nueva obligación del notario, que es quien le autoriza todos sus papeles legales para constituirse: él tiene la obligación de avisarnos que se están constituyendo estas figuras”, aclaró Díaz Leyva.

A partir de ahora toda caja popular constituida, dice, tendrá nombre y apellido. La denuncia se investigará de oficio y se penalizará hasta con tres años de prisión por fraude.

Hasta el año 2012 había 69 cajas populares autorizadas en el país, y desde hace año y medio se han acreditado un total de 135. Estas 135 cooperativas atienden a más de cinco millones de personas en un orden de 85 mil millones de pesos.

Desde finales de los 90 surgió el Fideicomiso Pago (Fipago), instrumento del gobierno federal para restituir fraudes, dice Díaz Leyva. “Es un vehículo con recursos para rescatar y apoyar a los socios defraudados de estas cajas irregulares y que operaron de manera fraudulenta”, mencionó.

Alrededor del 70 por ciento es reembolsado al socio defraudado y el tope por cada ahorrador asciende a los 239 mil pesos.

En el Senado de la República están convencidos de que estas sociedades financieras son indispensables. Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio, indicó que siempre existe el dilema, “si tú les pones una regulación muy fuerte, con la misma regulación que tienen los bancos, dejarían de existir, (pero) si les liberas totalmente pones en riesgo la confianza de la gente en estas instituciones, porque al primer fraude que haya deja de haber depósitos en las cajas populares”, dijo el legislador.

Mientras tanto, Martín Orozco, integrante de la Comisión de Hacienda en el Senado, consideró que “es, especialmente, en este tipo de regiones donde se dan los fraudes, porque la gente desconoce y no está viendo en internet si la caja de ahorro está respaldada por la Comisión Nacional Bancaria; son empresarios que lo hacen con la intención de defraudar a la gente más necesitada”, recalcó.

Otro caso

En Tlaxcala, otra supuesta compañía seria era Gamiba, una empresa que paralizó a miles de personas al saber que se esfumó. Rentaban un local en la Plaza Santa Teresa, de la calle Porfirio Díaz número 15, cuya propietaria también salió afectada.

La dueña del inmueble, María Teresa Candia, relató que tuvo confianza en sus inquilinos al principio, aunque después empezaron a surgir actitudes extrañas. “Yo también fui, de alguna manera, víctima de este grupo de personas que se dedican a defraudar, porque les arrendé un espacio, comentaron que venían a hacer algunas gestiones de cobranza de instituciones bancarias y yo con esa certeza les renté el espacio. En un principio sus operaciones parecían normales, sí había mucha rotación de personal, nos dimos cuenta que venía un grupo de personas y luego venían otras e incluso ponían letreros para reclutar personal”, señaló.

Y es que todo parece formal y serio. En contratos “de adhesión” originales facilitados a Excélsior se leen apartados donde llaman consumidor a la víctima y ellos se hacen llamar suninistrador o proveedor. Hay una firma en cada hoja, aparecen montos de casi cinco mil pesos en adelante y hay renglones que especifican la aportación mensual.

En el apartado de las declaraciones y definiciones vienen las conocidas como letras chiquitas y firmas al final del contrato; en el membrete indica que el corporativo se encuentra en Toluca, Estado de México, pero en algunos casos sin dirección, sólo un número de teléfono y correo electrónico falsos.

No hay más requisitos para el usuario que una credencial de elector y comprobante de domicilio. Es por ello que la Condusef recomienda que cualquier usuario de servicios financieros tiene derecho a conocer hasta el último detalle.

“Que haya asambleas, que les informen cómo está la caja, quiénes son sus administradores y que les digan cómo está marchando el negocio”, recomendó Luis Fabre.

En los últimos meses se han censado a cerca de 660 cajas populares, por lo que, a partir de este año, todas las cooperativas tendrán la obligación de informar sobre sus estados financieros.

Ordenan cercar a cajas irregulares

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores giró instrucciones para rastrear a los defraudadores

El gobierno federal activó recientemente un protocolo para cerrarle el paso a las cajas de ahorro irregulares y a todas aquellas empresas financieras que se aprovechen de la buena fe de los usuarios para obtener dinero al margen de la ley.

La Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pidió a las 32 entidades y a todos los municipios del país suscribir documentos de coordinación para “promover el envío de la información relacionada con personas que presuntamente lleven a cabo operaciones de captación de recursos al margen de las leyes financieras”.

El objetivo de este esquema de colaboración es “iniciar los actos de investigación, suspensión o clausura de establecimientos a que haya lugar”.

Las autoridades hacendarias también exhortan a gobiernos estatales y municipales, dependencias federales, así como a instituciones de banca de desarrollo, a “implementar acciones específicas en materia de educación financiera, a fin de prevenir la contratación del público con personas no autorizadas o registradas conforme a las leyes para realizar la captación de recursos”.

Tales disposiciones están contenidas en el “Aviso por el que se comunican las medidas para evitar la operación de cajas de ahorro irregulares y, en general, de personas que capten irregularmente recursos, al margen de la legislación financiera aplicable”, publicado el pasado 9 de julio por la CNBV.

El documento busca dar cumplimiento al decreto por el que se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014. La norma dispone que las autoridades financieras deberán crear un registro que permita certificar a las cajas de ahorro y así detectar a quienes operan fuera de la ley.

Adicionalmente, el Congreso de la Unión aprobó en abril pasado cambios legislativos para regularizar a las cajas de ahorro en el país, promover la inclusión al sistema financiero de sectores socialmente marginados, evitar fraudes y tener mayor control sobre la creación de estas asociaciones.

Se trata de modificaciones a la Ley para el Fideicomiso del Fondo para Fortalecer Sociedades Cooperativas de Ahorro y de Préstamo, con la cual la CNBV pondrá la lupa a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, para evitar quebrantos a las finanzas ciudadanos, principalmente en las zonas más alejadas de los centros urbanos.

La ley tiene su origen en la realidad que sufren miles de socios de cajas de ahorro en diversos estados, sobre todo en lugares en donde no hay bancos comerciales, como el caso de Oaxaca, donde de un total de 220 mil socios, al menos 50 mil ahorradores corren el riesgo de perder sus ahorros y en donde se han interpuesto 143 causas penales en contra de 83 cajas de ahorro.

Para evitar tales anomalías, el protocolo de la CNBV hace un llamado a los notarios y corredores públicos para “difundir la regulación vigente relacionadas con las actividades de captación irregular, así como para poder recibir la información relativa a la ratificación que realicen los socios que hayan constituido una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo”.

El documento refiere que la CNBV será la encargada de investigar a las personas físicas o morales sobre las que existan elementos que hagan suponer que están infringiendo las leyes financieras.

Cualquier persona que tenga conocimiento de que un tercero infringe las disposiciones legales relacionadas con la captación de recursos del público podrá presentar la denuncia correspondiente en el portal de internet de la comisión (www.cnbv.gob.mx).

Avanza certificación de empresas

El Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Rensocap) tiene inscritas a 672 empresas, mismas que son susceptibles de ser certificadas por las autoridades hacendarias federales.

De acuerdo con el más reciente reporte del Fondo de Supervición Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Protección a sus Ahorradores (Focoop), hasta el 30 de junio de este año son 135 las empresas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y De Valores (CNBV) para dar servicio a los usuarios.

Estas 135 sociedades administran 82 por ciento de los activos totales del sector y representan 76 por ciento de los socios, refiere el documento.

Esto significa que las empresas certificadas para pedir dinero y dar servicios de crédito manejan recursos por 80 mil 116 millones 685 mil 885 pesos, mismos que son propiedad de 4 millones 866 mil 749 socios.

A la fecha, agrega el reporte de Focoop, existen 90 sociedades en proceso de autorización, que en conjunto administran 11 por ciento de los activos totales del sector y representan 13 por ciento de los socios. Al 30 de junio, la cuenta de Seguro de Depósitos registró un saldo total de 721 millones 144 mil 579 pesos.

En el padrón existen 370 sociedad consideradas de “nivel básico”, es decir que tienen menos de 2.5 millones de UDIS en activos, por lo que no requieren de la certificación que otorga la CNBV para realizar operaciones de ahorro y préstamo.

El padrón es completado por 12 sociedades que no presentaron solicitud de certificación y 29 que permanecen sin evaluar.

Apuestan por trabajar legalmente

Vocero de Caja Popular Mexicana advierte: “hay riesgo cuando una cooperativa ofrece réditos mayores a 8%”

En México, de acuerdo con la Confederación de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), la mayoría de las cajas populares son reguladas y operan dentro del marco de la ley, lejos de la minoría que defrauda a sus clientes.

El vocero de la Caja Popular Mexicana, consultado por Excélsior, Juan Pablo León Murillo, opinó que las sociedades financieras que se hacen pasar por empresas serias se aprovechan de la pobreza y marginación de las comunidades alejadas de las zonas urbanas. “Nosotros, por ejemplo, estamos en pueblos donde prácticamente hay una iglesia, una caja popular y máximo cinco mil habitantes, buscamos ser un modelo para mejorar la calidad de vida”, aseguró.

De acuerdo con su página en internet, Caja Popular Mexicana, integrante de la Concamex, es una persona moral con reconocimiento jurídico y patrimonio propio, de capital variable, sin fines de lucro, en la cual, la responsabilidad del socio se limita al pago de sus aportaciones y en donde los socios, unidos por un vínculo común, se agrupan para procurar la ayuda mutua a través del ahorro y el crédito.

Algo de historia

León Murillo relató que desde hace 60 años el cooperativismo llegó a nuestro país y fue creciendo, sobre todo en el centro de la República Mexicana, extendiéndose al norte y sureste como una actividad de compromiso social. En aquel entonces no había una ley que regulara sus operaciones y ya para los años 70 se transformaron en asociaciones civiles, se comienza a contratar a los primeros empleados y es en junio de 2001 cuando se empieza a regularizar el sector, al publicarse la primera Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Mencionó que es hasta el año 2009 cuando se publica una nueva ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, misma que establece que en el año 2014 llegaría la fecha límite para que entraran en dicha normatividad. “Al día de hoy tenemos 135 cooperativas autorizadas, el gobierno es quien ha llevado esta regularización, lamentablemente ha habido casos en México donde crear una cooperativa no autorizada ha provocado temas de fuga de ahorros”, sostuvo.

Recomendaciones para prevenir

Una de las labores principales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con este sector son temas de capacitación, prevención y antilavado de dinero, contraloría, además de exigir auditorías y evaluaciones anuales con fiscalizaciones externas que garanticen la operación ante los requerimientos que se les solicita a las cajas populares.

Para evitar disgustos y malos ratos por fuga de ahorros de los socios de cajas populares, Caja Popular Mexicana aconseja acercarse directamente a la cooperativa o institución financiera y solicitarles la información que compruebe con su documentación que están totalmente autorizadas para operar.

Otra de las opciones es marcar al 01800 999 8080, teléfono gratuito de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), personal que posee el listado y padrón de las entidades para operar debidamente y aprobadas por la CNBV, como bancos, entidades financieras y cooperativas.

Por último, Juan Pablo León alertó a los usuarios de las cajas populares considerar como foco rojo y de riesgo, cuando una cooperativa ofrece que por cada inversión le va a redituar una tasa de interés mayor al ocho por ciento.

Estadísticas presentadas por Caja Popular Mexicana indican que, en territorio nacional, el cooperativismo de las cajas populares sirve a poco más de mil millones de cooperativistas en el mundo y alrededor de seis millones en nuestro país.- (Excélsior)