CHIHUAHUA, Chihuahua, 4 de enero.- Chihuahua vive una fuerte crisis política y de credibilidad por el manejo de las finanzas públicas. Hoy es el tercer Estado más endeudado del país y su presupuesto está comprometido para los próximos 30 años.

Chihuahua –que este año manejó un presupuesto cercano a los 54 mil millones de pesos– tiene el más alto indicador de deuda relacionada con el Producto Interno Bruto (PIB), 9% de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

César Duarte, Gobernador de Chihuahua.

Las obligaciones financieras del Gobierno de César Duarte Jáquez se desglosan en 19 mil 761 millones de pesos reconocidos como deuda pública: 5 mil 900 millones en banca de desarrollo y 17 mil 726 en banca múltiple; 15 mil 157 millones de la primera bursatilización, 2 mil 802 a Cupón Cero del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y 736 millones es deuda contingente que obtuvo la Comisión Estatal de la Vivienda.

El pasado 22 de septiembre el activista y abogado Jaime García Chávez denunció penalmente al Gobernador Duarte por haber impulsado la creación del Banco Progreso de Chihuahua con recursos estatales. La PGR comenzó a investigarlo por presuntos actos de corrupción, peculado y malversación de fondos públicos.

García Chávez presentó su denuncia ese mismo día también ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ante­ la Fiscalía General del Estado, que Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, crearon en Banorte el fideicomiso 744743 por 68 millones de pesos y le dieron la instrucción a ese banco para invertir y comprar acciones en el Banco Unión Progreso, que el pasado 21 de marzo recibió la autorización para operar de la banca múltiple y, junto con otras dos instituciones, se transformó en Banco Progreso de Chihuahua, según publicó el Diario Oficial de la Federación.

La diputada panista Rocío Reza Gallegos presentó a finales de septiembre pasado otra denuncia por los mismos delitos.

La querella de García Chávez (averiguación previa 7.5.21 AP/PGR/Chih/Jua/2143/2014-VI.A) fue atraída por la dependencia federal que encabeza Jesús Murillo Karam y ha sido respaldada por más de 40 senadores y miles de ciudadanos que incluso crearon un movimiento anticorrupción llamado Unión Ciudadana.

Al ser confrontado por los medios locales,­ Duarte admitió que el fideicomiso fue creado en el 2012. En una entrevista televisiva el martes 16, que se volvió viral en redes sociales, se ve al Mandatario decir que sí firmó el fideicomiso pero no supo qué firmaba.

“¿Sabe cuántos papeles firmo al día? ¿Se imagina? Lo firmé, no lo leí, a lo macho que no lo leí”, respondió cuando se le preguntó sobre el tema.

Duarte también intentó pasar el ilícito como un favor; dijo que su actual secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral –asumió en octubre del 2012–, le pidió salvar al antiguo Banco Unión Progreso de una crisis financiera cuando éste era presidente de la institución crediticia.

“Jaime Herrera era el presidente de Unión Progreso y fue el que impulsó la creación del banco con la fusión de otras instituciones, como la Unión de Crédito, Akala y Banca Única. Constituye el banco adelantándose a la creación de la ley contra lavado de dinero en octubre del 2012 y que entró en vigor nueve meses después; se adelanta y se convierte en accionista de Unión Progreso, se aprovechan del vacío legal”, asevera García Chávez.

Y acusa que el Gobierno estatal ha invertido en ese banco pese a no tener garantías para los inversionistas.

El denunciante interpuso una solicitud de información –la SA001692014–, y la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda respondió que el Gobierno estatal ha depositado 80 mil 839 millones 412 mil 564 pesos en Unión Progreso y otros 106 millones 741 mil pesos por medio de 353 operaciones en Akala (socia del banco).

De esas operaciones, 340 (99.72%) se efectuaron cuando Herrera Corral ya estaba en Hacienda; el importe más fuerte se registró el 2 de diciembre del 2013, cuando el Gobierno estatal depositó mil 208 millones de pesos.

Encubrimiento

El 12 de noviembre pasado los directivos de Banco Progreso dieron una conferencia de prensa en la ciudad de Delicias; ahí Sergio Becerra Rodríguez, actual gerente general de Unión Progreso, admitió que reciben inversiones de dependencias de Gobierno estatal, las cuales se invierten con la tasa de interés más alta del mercado financiero, que varía de acuerdo con el plazo contratado.

Los directivos informaron que tienen mil 562 socios con un capital de 659.5 millones de pesos y ninguno posee más de 10% del capital.

Luis Ramón Daw Daher, director jurídico de la institución, expuso que tienen invertido el fideicomiso del Gobernador y su esposa por 65 millones de pesos, escrito bajo otro nombre, pero se reservaron los datos con el argumento de que es secreto bancario.

Duarte aseguró que tiene solvencia económica porque ha sido comerciante desde 1983. Se convirtió en “reconocido” vendedor de carros usados en la frontera y ha sido ganadero.

Herrera Corral explicó que Unión Progreso es una entidad financiera autorizada y regulada por la CNBV, autorizada para recibir depósitos de los gobiernos y éstos pueden invertir donde les den mejores condiciones.

“Si se ve el comparativo de las tasas de interés, Unión Progreso tiene el mejor interés de depósitos, pero en esa solicitud (de información a Hacienda), no aparecen los montos de Santander, Bancomer, Banorte”, indicó en una entrevista a mediados de noviembre.

La polémica se da justo cuando el Congreso local le aprobó al Gobernador Duarte pedir un préstamo de 44 mil 575 millones de pesos, de los cuales los últimos 3 mil millones fueron bursatilizados en bonos carreteros.

La crisis llevó al resquebrajamiento interno del PRI en Chihuahua, pues algunos militantes critican a Duarte por el control que tiene sobre los poderes Legislativo y Judicial, las universidades autónomas de Juárez y Chihuahua, así como los tecnológicos y el Colegio de Bachilleres, que le manifiestan su apoyo mediante desplegados periodísticos.

Hasta ahora ni el Mandatario ni su secretario de Hacienda han explicado la aplicación de los recursos de la deuda. Ambos sólo intentan justificar que las inversiones se hicieron para salvar al Estado de la inseguridad, promover la educación, salud e impulsar la infraestructura, rubros que son cuestionados por diferentes sectores sociales.

Herrera Corral sostiene que los recursos obtenidos a través del fideicomiso carretero y Cupón Cero no implican ningún riesgo para el Estado porque se pagan solos. Los bonos carreteros se pagan con los ingresos de los automovilistas en las casetas de peaje, por lo que 40% de la deuda total está garantizado, pues cuenta con su propia fuente de pago, expuso el funcionario.

De acuerdo con estadísticas de Hacienda estatal obtenidas a través de Transparencia, la deuda acumulada que dejó José Reyes Baeza Terrazas al término de su mandato fue de 12 mil millones 574 mil pesos, más los acumulados de ejercicios fiscales anteriores. La deuda aproximada que recibió Duarte Jáquez fue de 13 mil millones 800 mil pesos.

En su última comparecencia ante el Congreso local, Herrera Corral informó que el déficit fiscal de 10 mil 100 millones del 2013 bajaría a 5 mil millones de pesos al cierre de este año. Admitió también que la Federación les aportó mil 500 millones de pesos para cumplir con las condiciones de plan de ajuste en déficit fiscal y de créditos a corto plazo y anunció que están negociando para que la dependencia federal los “acompañe” con otros 2 mil 500 millones de pesos para ajustar el déficit de 5 mil millones de pesos a 3 mil millones.

Por su parte, la burocracia muestra su malestar porque fueron liquidados alrededor de mil 500 trabajadores, mientras se contrató a familiares de funcionarios aun cuando no tienen el perfil para el cargo que ocupan.

Además unos 30 mil burócratas fueron incluidos en el fondo general de Pensiones Civiles del Estado, por lo que les quitan alrededor de 700 pesos quincenales y hoy carecen de servicio médico.

En la Fiscalía General del Estado hizo crisis la situación laboral por la falta de claridad en el manejo de ese dinero. Los empleados de la dependencia han hecho denuncias anónimas contra los descuentos: 200 pesos quincenales para un centro de esparcimiento familiar, pago de uniformes y viáticos. (Reportaje especial/APRO)