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La falta de independencia del poder judicial, el no ejercer y hacer valer su autonomía, aunado a la falta de ética de muchos medios de comunicación, ha hecho que representantes del gobierno estatal utilicen el sistema judicial como acicate para aquellas personas que difieren de su opinión, que se colocan en contra de los intereses del poder del gobierno o para proteger a delincuentes cercanos o apreciados por ellos.
"Nada por encima de la ley" es una máxima que en Yucatán se aplica según los intereses de los representantes de gobierno, que sin pizca de moralidad obligan al sistema judicial —Procuraduría, Ministerios Públicos y juzgados— a realizar actos inmorales y de barbarie que conducen a que cientos de personas inocentes se encuentren en prisiones y que cientos de asesinos y ladrones se encuentren gozando de libertad inmerecida.
Jueces y tribunales se pliegan a las peticiones y exigencias de representantes del gobierno o al "mejor postor", para encarcelar sin fundamento a personas inocentes con el fin de encubrir a otras.
Se han visto, durante el proceso judicial seguido a Wafé Kuri Torre, decenas de irregularidades e ilegalidades cometidas desde el primer día de aquel fatal suceso delictivo, en el que perdió la vida su esposa, Rosa María Arceo Ochoa.
Según las pruebas aportadas por la defensa de Kuri Torre, éste fue víctima de un sistema, que en el afán de complacer a un grupo de poder sin escrúpulos, se ha tejido y elaborado un expediente judicial burdo, alimentado con pruebas falsas y diligencias judiciales carentes de valor por la forma en que se hicieron. En base a ello se integró una averiguación previa plagada de irregularidades.
El proceder en nuestro estado es muy diferente a lo ocurrido en el caso Acteal, por ejemplo, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos días se vio obligada a liberar a 20 personas, asesinos de 45 indígenas tzotziles: 18 niños, 22 mujeres y 6 hombres, con el fundamento de que "se habían cometido irregularidades en la formación del expediente y de la averiguación previa y por haber fabricado testigos".
¿Quiénes serán los responsables de que hayan asesinos en las calles y quiénes pagarán por ello? Es una pregunta que jamás tendrá una respuesta satisfactoria para la comunidad agraviada y para muchos Wafés que están purgando una condena que injustamente les fueron endosadas.
Cualquier ciudadano puede ser la próxima víctima del sistema judicial, que lejos de ser un órgano que privilegie la justicia, se arrodilla a los intereses de un pequeño grupo que hoy detenta el poder.
Kuri Torre lleva 1 año y 7 meses privado de su libertad que ahonda el dolor producido por la muerte de su esposa Rosi y de su hijo que venía en camino. Quizás se lleve un tiempo más de sufrimiento privado de su libertad, pero el sufrimiento de haber perdido a sus seres queridos nunca pasará.