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Desde hace algunos años, productores yucatecos de chile habanero emprendieron una batalla legal para que este producto contara con una patente o denominación de origen, que incluyera con absoluta claridad a nuestra entidad federativa —Yucatán— como su lugar de procedencia. Aparentemente todo iba sobre ruedas, pues se obtuvo esta determinación de la instancia legalmente encargada. Pero con ello surgieron inconformidades de los productores de los vecinos estados de Campeche y Quintana Roo. Argumentaron que su producto tenía características comunes con el proveniente de Yucatán y promovieron una controversia jurídica, a la que recientemente se dio por concluida: se adjudicó al habanero la denominación de la península, en vez de sólo Yucatán, en una salomónica decisión en la que intervino con sus buenos oficios, la titular del poder ejecutivo yucateco.
Nuestra gobernadora perdió de vista —dicen voces más autorizadas que la mía, que no es experta en materia de chiles— que el producto oriundo de nuestra entidad tiene características muy propias y peculiares, con respecto a sus similares de los estados circunvecinos. Al perder nuestra entidad la denominación de origen, dejaremos de percibir por ende, una serie de ganancias provenientes de su comercialización y como quiera que sea, la oportunidad de encomiar las propiedades y virtudes del chile yucateco.
La industria de nuestra entidad dejará de obtener ingresos por ser supeditada a intereses de carácter político particulares (en este caso, de la titular del ejecutivo estatal), que en aras de procurar el buen entendimiento y la armonía con sus homólogos de Campeche y Quintana Roo, prefirió sacrificar a sus paisanos y en un acto característico de ejercicio del poder omnímodo, decidió saludar con sombrero ajeno y poner punto final a un conflicto que podía atentar contra sus intereses y aspiraciones por involucrar directamente a sus compañeros de facción y de partido.
Profundamente lamentable es que en vez de apoyar la agricultura y la producción industrial locales, la gobernadora haya optado por conceder a nuestros vecinos prerrogativas que no les corresponden ni se merecen por ser su producción notoriamente distinta. Deplorable, sobre todo porque en el campo yucateco hasta hoy día, el gobierno de la llamada nueva mayoría no ha echado a andar un solo proyecto productivo de verdadera envergadura y esta rama de la actividad productiva se encuentra por completo abandonada. Ni siquiera ha entregado la actual administración utensilios de trabajo o insumos como solía hacerlo la administración de su consanguíneo en línea ascendente.
Idéntica situación acontece en lo concerniente a la actividad industrial, donde la actual administración ha dejado completamente de participar, a diferencia del original régimen cerverista, que se preocupó por auspiciar la instalación de maquiladoras y empresas de capital extranjero en nuestro territorio. La administración en turno es muy buena para publicitar su imagen, es magnífica en lo relativo al manejo de las relaciones públicas, pero muy poco o francamente nada se ha hecho en este renglón. Todo se ha concretado a la rumorología: que si hay interés de una empresa canadiense fabricante de vagones en asentarse aquí, que si el llamado tren rápido contaría con la participación de capitales e inversionistas franceses... En fin, puras especulaciones y nada en concreto.
Con todo, si no se había apoyado al empresariado local en modo alguno, a excepción de unos cuantos suertudos allegados, productores de zapatos, chamarras y cobertores entregados a discreción, al menos no se le había perjudicado tan gravemente como hasta ahora. Cada vez que se compre alguna salsa, alguna fritura o algún producto que incluya el chile habanero, los productores locales dejarán de ganar y percibir ingresos y lo harán sus homólogos peninsulares. Ni modo, así es esto. Lo importante es que las aspiraciones de nuestra gobernadora irán viento en popa y conseguirá constituirse en paradigma del éxito a los ojos de nuestra gente y posicionarse de manera más que conveniente en el complejo entramado de la política nacional. Ni hablar, lo bueno cuesta.
Pero lo peor de todo esto, son las decisiones verticales, tomadas de manera unipersonal y a espaldas del pueblo, sin consultar ni tomar el parecer de las asociaciones de los ramos antes mencionados, ignorando completamente los intereses de los yucatecos y sobreponiéndoles los de gente de otras entidades. Triste actitud de un gobierno que se dice sensible y que afirma escuchar, que pregona prevalecerán los intereses mayoritarios y que se place en aseverar dar resultados. Lo cierto es que nada de esto ha sucedido y cada día las condiciones prevalecientes en Yucatán se tornan mas complicadas y obligan al régimen gobernante a la contratación de empréstitos que comprometen al pueblo a dirigir sus esfuerzos hacia ese rumbo, sin ser imperativo tomar semejante determinación, pues de haber buena administración, transparencia en la rendición de cuentas y apoyo a las actividades prioritarias, otro gallo nos cantaría.
Ojalá que el pueblo despierte y se dé cuenta de todo esto, en lo que hay ausencia de orgullo regionalista malentendido y existe únicamente el fundamento de buscar lo mejor para Yucatán y para su gente. Recordemos que los gobiernos priistas se caracterizan por cobrar a un muy alto precio aquellas dádivas que entregan como por graciosa concesión y que no son otra cosa que recursos de las arcas públicas traducidos en entregas de carácter clientelar: sólo alivian momentáneamente las penurias sociales pero nunca resuelven en definitiva los verdaderos problemas de fondo. Ojalá que esta vez el pueblo yucateco no se deje engañar por falsas promesas de redención que no se concretan. ¡Si amas a Yucatán, vota por el PAN!