México (20 de diciembre).- Los casos de corrupción dentro del gobierno abarcan a personal de todas las secretarías e instituciones, como José Manuel Escobedo y Gabriel Murguía, quienes trabajaban en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas y “sacaron” del almacén medicamento de curación para llevarlo, sin sustento legal, a un domicilio particular. El primero fue suspendido por seis meses y el segundo fue inhabilitado por dos años, además de ser destituido. Cada uno recibió una sanción económica de 72 mil 292 pesos.

tro caso es el del doctor cirujano Juan Roberto Yáñez, a quien aplicaron 90 días de suspensión y 46 mil 188 pesos de multa porque realizó un implantes de glándulas mamarias en el IMSS, cuando ésta no estaba autorizada ni formaba parte de las prestaciones del instituto.

En la burocracia hay personas que rechazan la oportunidad de servir al Estado para lograr un lucro, como Sergio Armando Cortina, empleado de la Secretaría del Trabajo y a quien en 2008, 2009 y 2010 le fueron entregados 882 mil 583 pesos en viáticos que no comprobó, por lo que se hizo acreedor de una sanción equivalente al daño al erario público y a una inhabilitación por 10 años.

Son muchos los que han visto la oportunidad de hacer negocio a costa de las finanzas nacionales, como Irma Patricia Rodríguez, que en diciembre de 2012 se le sancionó con 106 mil 36 pesos y 10 años de inhabilitación por no haber entregado dinero al Instituto Nacional de Salud Pública.

“No realizó los depósitos, pues las fichas de depósito que presentó para comprobar los supuestos depósitos se encuentran alteradas, además de que no depositó íntegramente las cantidades que recibió de uno de los referidos servidores públicos mediante trasferencia bancaria a su cuenta personal”, se lee en documentos entregados a través de la Ley de Transparencia.

Los datos obedecen a sanciones aplicadas durante los primeros meses de la actual administración federal y se pueden consultar en internet en la base de datos del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RPS).

Estas son sólo algunas de las 99 mil 215 sanciones administrativas que han recibido más de 86 mil servidores públicos en los últimos 13 años —de 2001 a 2013—, según informes anuales de la Secretaría de la Función Pública. Esto quiere decir que un promedio 18 funcionarios al día son castigados.

Los sancionados de Peña Nieto

El problema de corrupción en México ha provocado que en esta administración la Función Pública haya aplicado más de 10 mil 500 sanciones a 9 mil 822 funcionarios públicos, según datos oficiales. Hasta el 15 de noviembre pasado, esta secretaría había reintegrado

2 mil 196 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, producto de estos actos de corrupción.

Tras hacer una revisión de los casos que ha integrado la SFP durante los primeros cuatro meses de la administración federal, se puede constatar que buena parte de los servidores públicos acostumbran beneficiar con licitaciones a amigos y a familiares, a cobrar a cambio de un trámite gratuito, a fingir robos y a realizar auto-robos.

Es frecuente que sean sancionados por introducir facturas falsas, apropiarse de equipo de cómputo o de dinero recaudado de la leche Liconsa; ostentarse como profesionistas sin serlo o presentar extemporáneamente la declaración patrimonial. Esta última es la falta más común, de acuerdo con datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información.

Pareciera mantenerse vigente la máxima priísta del veracruzano César Garizurieta, que dice: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

Entre los más corruptos

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, esta actitud de gran parte de la burocracia nacional obedece a que los mexicanos tratamos de obtener beneficios personales sin importar que se cause un daño mayor a la sociedad en la que participamos.

“Los ciudadanos hemos descubierto que más que un sistema legal, lo que queremos es vivir dentro de los privilegios que otros tienen. Entonces uno aspira a una posición pública no para servir, no para trabajar a favor del bien común o del interés público, sino para aprovechar las canonjías y los privilegios que eso suponga: de tener un automóvil a tu disposición o un salario extraordinario”, critica.

México necesita avanzar en sistemas de transparencia, afirma Bohórquez; por eso, aunque con reservas, ve positiva la propuesta de crear la Comisión Nacional Anticorrupción, que en estos días se discute en el Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo federal.- La Vanguardia