MÉXICO, D.F., 12 de diciembre.- Como bien afirma Tácito, “cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes”. Aquí, el Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) pone de relieve este proverbio clásico, pues las 10 medidas que anunció en días pasados son un claro ejemplo de simulación, retórica y afectación del Estado de Derecho. Existen elementos para afirmar lo anterior. Veamos.

Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. (Foto Presidencia)

Primero. La propuesta inicial, consistente en una iniciativa de “ley contra la infiltración del crimen organizado en las entidades municipales”, es, de entrada, una respuesta retórica por la coyuntura de Ayotzinapa. Si por cada tragedia se hace una nueva ley como instrumento de seguridad psicológica, habrá una hiperinflación legislativa. Además, se quiere hacer pensar que el narcotráfico sólo se incuba en los municipios y no en los Estados, en la Federación y en toda instancia pública y privada. De igual forma, esa ocurrencia presidencial ignora que el municipio es el primero y más importante organismo constitucional autónomo, de acuerdo con el Artículo 115 Constitucional. Por esta razón, la propuesta de EPN es un absurdo, ya que no basta una ley, sino una reforma constitucional, que además debería discutirse con una visión de gran calado.

Segundo. EPN preconiza “refinar con precisión y claridad las competencias de cada autoridad en el combate al delito”. No se sabe a ciencia cierta qué quiso decir. Pero basta leer lo dispuesto en el Artículo 124 Constitucional, que a la letra dice: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. De esta suerte, dicha “refinación” únicamente podría hacerse con una reforma de los principios cardinales de la Constitución federal, lo que dejaría sin efecto el federalismo, que constitucionalmente está protegido.

Tercero. EPN busca la creación de 32 policías estatales únicas. Esta iniciativa tiene dos grandes inconvenientes: a) Se parte de que los “malos” son los policías municipales, y de que los estatales y federales son buenos y puros, cuando todos sabemos que no es así. La corrupción y el crimen organizado están infiltrados en todos los niveles de Gobierno en mayor o menor medida, y b) Esa idea reclama forzosamente reformar también la Constitución federal, pues de manera clara el Artículo 115, fracción III, numeral h), dispone que el municipio tendrá a su cargo la “seguridad pública”, y el Artículo 21 establece en su párrafo octavo que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios”. En una muestra de ignorancia, EPN dice además que “la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”. Sin comentarios.

Cuarto. EPN anuncia un teléfono único de emergencias, el 911, engañando a la sociedad, por las siguientes razones: a) Porque EPN miente con una propuesta que se entiende innovadora y no lo es porque ya desde el 14 julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 190, numeral IX, establece la obligatoriedad de un número único de emergencias, que ahora viene trabajando el Ifetel como el 066 y no como el 911 que erróneamente mencionó EPN pensando en el 911 de Estados Unidos.

Quinto. Propone EPN crear la clave única de identidad que, supongo, se refiere al número de seguridad social estadounidense y no a la cédula de identidad, que fue toda una polémica el sexenio pasado. En un país como México, donde la honestidad es la excepción, esta medida me parece intrusiva. No por nada el Artículo 35, numeral 5, de la Constitución de Portugal, dispone que: “Se prohíbe la atribución a los ciudadanos de un número nacional único”.

Sexto. EPN anuncia que el Gabinete de Seguridad realizará un operativo especial en la zona de Tierra Caliente. Desde que entró Felipe Calderón se han realizado operativos especiales en Michoacán que han continuado con un inconstitucional delegado federal en la Entidad, aunque las cosas siguen igual, aparte de que al respecto no hay nada que no se haya dicho antes.

Séptimo. EPN prevé “acciones para hacer efectivo el derecho a la justicia”. Lo único que se requiere es cumplir con la ley, y eso no es una concesión graciosa de EPN, sino su obligación principal.

Octavo. EPN propone medidas para fortalecer los Derechos Humanos. Sobre el tema, ya todo o casi todo está dicho; lo que falta, igual que en el párrafo anterior, es observar puntualmente el mandato de la ley.

Noveno. EPN clama de nueva cuenta por el combate a la corrupción. Por favor, debería empezar con él mismo, su esposa y sus socios. Es verdaderamente cínica esa propuesta autoincriminatoria.

Décimo. EPN recomienda la “rendición de cuentas”. Esta medida, que es loable y está vinculada con la anterior, no puede prosperar por el diseño institucional del país, por el amplísimo germen de la corrupción en la clase política y por la ausencia en la educación de una nueva generación de valores de ética pública que hoy no aparecen en los libros de texto gratuitos. Peor tantito, buena parte de los profesores son parte del problema y no de la solución.

Por todo lo anterior, veremos que estas ocurrencias serán sólo eso, dejando de atender con seriedad y con verdaderas soluciones los grandes problemas del país, las cuales no podrán esperarse de EPN porque él forma parte de lo que se debe cambiar. Como diría Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo: “Nadie va contra su propio interés”, y EPN no será la excepción. Sólo la participación del pueblo podrá cambiar el estado de cosas. Nada más. (Análisis de Ernesto Villanueva/APRO)