MEXICO, D.F., 12 de diciembre.– Es falso que sea autónoma e independiente la nueva Fiscalía General de la República (FGR), la cual sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR), porque mantiene la sumisión de su titular al Ejecutivo Federal, acusaron diputados de oposición y especialistas.

La PGR será la nueva Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, cuestionaron que los diputados que aprobaron el dictamen dejaron abierta la posibilidad de que el actual Procurador Jesús Murillo Karam continúe en el cargo por un nuevo periodo de nueve años, hasta el 2023, a pesar de que en sólo dos años ha sido criticado por el manejo de los casos de la masacre en Tlatlaya, en el Estado de México; la desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, y hasta por la inacción para investigar la Casa blanca de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto.

A pesar de que el proyecto para crear la Ley de la Fiscalía General de la República aprobado el miércoles por el Pleno de la Cámara de Diputados sostiene que se constituirá un órgano constitucional moderno, autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo cierto es que mantiene algunos de los vicios de la actual PGR.

“Vamos a tener un Fiscal entre paréntesis autónomo, pero impuesto por el Presidente de la República”, explicó Óscar Arredondo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en entrevista.

Según el Artículo 102 Constitucional, el Fiscal nacional saldrá de una lista de 10 candidatos propuesta por el Senado, enviada al Presidente de la República para que seleccione una terna de aspirantes, la cual será devuelta al Senado, quien designará al titular de la FGR con el voto de dos terceras partes del Pleno.

Por su parte, el artículo 11 de la nueva Ley de la FGR establece que el Fiscal nacional podrá ser removido por el Presidente en caso de que deje de ser ciudadano mexicano; adquiera una incapacidad física o mental que le impida realizar sus funciones; o cometer violaciones graves a la Constitución.

“Esta Fiscalía es la misma gata nada más que revolcada. Y todos estos supuestos de autonomía, en realidad son ficticios”, afirmó el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

“Como sociedad nosotros no estamos de acuerdo en que el nuevo fiscal no tenga la protección jurídica para actuar de manera independiente”, advirtió José Octavio López Presa, consejero de Causa en Común, en entrevista.

El proyecto fue aprobado de forma exprés en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, luego de que el Presidente Enrique Peña Nieto urgiera su aprobación durante su mensaje a la nación, del pasado 26 de noviembre, a pesar de que la iniciativa original estuvo congelada en la Comisión en comento, desde el 23 de septiembre.

El propósito fundamental es de sustituir a la PGR por una nueva institución que garantizara llevar a buen puerto la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio, aprobado en junio del 2008, en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los Derechos Humanos.

Se especifica que la Fiscalía General de la República estará integrada, entre otros órganos, por las fiscalías especializadas en materia de Combate a la Corrupción y en materia de Delitos Electorales, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General, con posibilidad a ser objetados por el Senado.

No obstante, este hecho también fue criticado por especialistas, al considerar que el Fiscal anticorrupción, que nombrará en las próximas horas el Senado de la República, debe tener protección incluso del fiscal nacional, para evitar éste pueda removerlo por presión política o por ocurrencias.

“Si los nuevos Fiscal nacional y Fiscal anticorrupción no tienen la estatura moral y de conocimientos para ser investidos del título, pero por otro lado, si puede ser removido a placer por cumplir con su trabajo o por capricho ya sea por el Presidente, eso es un paso hacia atrás y estaremos en desacuerdo con eso”, explicó el consejero de Causa en Común.

Murillo NO garantiza imparcialidad

Especialistas consultados y diputados de oposición criticaron que se haya mantenido intacto el artículo transitorio constitucional que deja abierta la posibilidad de que el actual Procurador Jesús Murillo Karam continúe en el cargo por un nuevo periodo de nueve años.

Esta posibilidad fue plasmada en los transitorios de la reforma constitucional al Artículo 102, de febrero pasado, en donde se establece que por única ocasión se podrá dar continuidad al titular de la Procuraduría General de la República para efecto de que encamine los trabajos de la nueva Fiscalía.

Sin embargo, los legisladores pudieron haber revertido la disposición en la Ley de la Fiscalía, a fin de garantizar que el nuevo fiscal nacional sea una persona que garantice imparcialidad en futuras investigaciones.

“La creación de la Fiscalía le da la permanencia a Jesús Murillo Karam, quien va a poder permanecer allí otros nueve años, cuando ya de todos es conocido que el señor ‘ya se cansó’ como quedó inmortalizado en las redes sociales a nivel internacional”, afirmó el diputado Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Argumentó que actualmente el país enfrenta graves problemas en materia de seguridad pública y procuración de justicia, y las cifras de homicidios, extorsiones y secuestros han ido a la alza en los últimos dos años, situación que no ha podido resolver el Procurador General de la República.

“[Murillo Karam] es un personaje que tristemente ha sido gris, no ha tenido una respuesta oportuna, eficiente y eficaz, en diversos temas. La realidad de que ese es uno de los problemas muy graves que prevalece con la nueva ley”.

La también perredista Alfa Eliana González Magallanes manifestó que la nueva ley fue aprobada en un momento en el que la procuración de justicia no está sólo en entredicho, sino enfrenta cuestionamientos profundos por la inacción y dilación del Ministerio Público Federal como es el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

No sólo eso, Óscar Arredondo explicó que el Procurador también ha quedado a deber en la investigación de la casa de Sierra Gorda 150, propiedad de empresa Higa y que será vendida a la esposa del Presidente, la actriz Angélica Rivera.

“Y tenemos un conflicto de intereses clarísimo, porque no se trata de una serie de artículos periodísticos, sino de una investigación que demuestra que efectivamente un contratista, un proveedor gubernamental, es el propietario de bienes inmuebles que utiliza para su uso y disfrute el Presidente de la República”, explicó el especialista en materia de Presupuestos y Políticas Públicas.

Riesgo para nuevo fiscal anticorrupción

Con la nueva Ley se pretende fortalecer el sistema de procuración de justicia federal, principalmente en la función del Ministerio Público, que es la de investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad.

Consolida la función del Ministerio para dejar de ser percibido únicamente como un operador estrictamente jurídico, y visualizarlo como un agente que cumple con la función de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los delitos, a fin de garantizar su acceso a la justicia y el respeto a los Derechos Humanos.

No obstante, especialistas y diputados de oposición consideraron que de proceder con la continuidad de Jesús Murillo Karam al frente de la nueva Fiscalía General de la República, difícilmente se garantizará la imparcialidad en futuras investigaciones.

Esto repercutirá de forma trascendental en las nuevas fiscalías especializadas en materia de Combate a la Corrupción y en materia de Delitos Electorales, cuyos titulares serán nombrados en las próximas horas por el Senado de la República.

“La persona que designen como fiscal especial de combate a la corrupción, entraría como subordinado de Murillo Karam, quien no nos puede garantizar ningún tipo de imparcialidad respecto a la investigación de casos donde se puede presumir corrupción que nos urge atender, como son de la coyuntura que es la de la Casa blanca, por ejemplo”, explicó Óscar Arredondo, investigador de Fundar.

“Tiene una gravedad que no se pude ocultar de ninguna manera. Entonces tienes una lucha anticorrupción estéril, yo siento que esta Fiscalía por lo pronto está atada de manos”, explicó por su parte José Octavio López Presa, consejero de Causa en Común.

El dictamen fue remitido al Senado de la República para sus análisis y eventual aprobación antes de que termine el año, por lo pronto especialistas consideraron urgente revisar los detalles de la ley aprobada en la Cámara de Diputados, a fin de solucionar posibles fallas estructurales que signifiquen pasos atrás en los avances que ha alcanzado la ciudadanía. (SinEmbargo)