GINEBRA, Suiza, 13 de junio.- Mientras persista la militarización de la seguridad en el país, la violencia continuará en ascenso, advirtió el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y Especialista en Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns.

Christof Heyns.

En videoconferencia, desde Ginebra, Suiza, donde presentó su informe final de misión a México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detalló que en lugar de un enfoque militar se requiere el fortalecimiento sistemático, integral y exhaustivo del Estado de Derecho, para asegurar la responsabilidad de quienes cometen los abusos.

“Es decir, las fuerzas policíacas son las que necesitan manejar estos temas tan serios en relación con la violencia, en relación con los narcotraficantes, porque si no vamos a entrar en un escalamiento de peligrosidad en todo el país”, dijo.

El informe final de la visita oficial a México, la cual tuvo lugar del 22 de abril al 2 de mayo del 2013, señala que la última misión de un Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias al país antes de Christof Heyns, había tenido lugar en 1999. En su reporte la entonces especialista de la ONU advirtió que no era conveniente militarizar la seguridad interna.

Heyns puntualiza en el informe que después de la visita de la entonces relatora, la situación se deterioró considerablemente desde el punto de vista del derecho a la vida, y que la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas del país.

“La impunidad constituye el talón de Aquiles del actual sistema”, dijo Christof Heyns, quien advirtió que no es posible proteger la vida sin rendición de cuentas.

Para alejarse del paradigma militar es importante centrarse en el fomento de la capacidad de las autoridades civiles -como los jueces, los fiscales, la Policía Judicial y demás funcionarios del Poder Judicial- para prevenir, investigar y enjuiciar los delitos.

El documento asienta que según la información recibida desde fines del 2006 el presupuesto del Ejército y de la Marina se han incrementado considerablemente. “Sería conveniente que México previera las asignaciones presupuestarias necesarias para fortalecer la capacidad de las autoridades civiles responsables de mantener el orden y administrar la justicia”, recomienda.

Asimismo, Christof Heyns sugiere que el número de efectivos de la policía civil debería aumentarse. Según la información recibida por el relator, sólo la mitad de los Estados cuentan con una presencia policial que esté por encima del nivel mínimo recomendado por las Naciones Unidas. Coahuila y Tamaulipas, donde se registran algunos de los niveles más altos de inseguridad, tienen el índice de presencia policial más bajo del país.

“Se debería elevar significativamente la cantidad y la calidad del personal policial y adoptar otras medidas para reconstruir el tejido social del país, gravemente afectado por la desigualdad social”, reiteró el especialista en Derechos Humanos de la ONU.

Al cuestionar sobre las aseveraciones del Presidente Enrique Peña Nieto en relación a la disminución de los índices de violencia en el país, Christof Heyns respondió que las cifras de homicidio son un problema serio y mucho más elevadas de lo que el especialista en derechos humanos de la ONU ha percibido en otros países.

Según la información proporcionada al relator especial por las autoridades mexicanas, durante la anterior administración federal -de diciembre del 2006 a noviembre del 2012- se cometieron 102,696 homicidios intencionales.

El Gobierno reconoce que no menos de 70,000 de esas muertes (casi 70%) estaban relacionadas con el tráfico de drogas. Esto se suma y a la vez se debe a una impunidad sistemática y endémica. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente sólo de 1% a 2% de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias.

“La solución de largo plazo al problema de la violencia en México descansa en el establecimiento de un sistema robusto de aplicación de la ley, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables al derecho a la vida y otros derechos fundamentales”, dijo el experto. (El Economista)