GINEBRA, Suiza, 13 de junio.- El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, urgió hoy al Gobierno mexicano a sacar al Ejército de las calles para frenar el “altísimo” número de homicidios en el país, donde el derecho a la vida “está gravemente amenazado”.

El relator de la ONU, Christof Heyns, dijo que se tiene que dar un giro urgente y apostar por una Policía "correctamente disciplinada y entrenada".

En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre su visita a México en el 2013, Heyns estimó “imperativo” retirar al Ejército del combate al crimen organizado y asegurar que militares acusados de violar derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles.

En una videoconferencia con la prensa mexicana, el relator dio detalles del documento desde Suiza y destacó que el Ejército es “paradigma de conflicto armado” y su uso debe ser “una excepción”, ya que “aumenta la criminalidad”.

“Desde el paradigma de los militares, la idea comenzar “con la fuerza para eliminar al enemigo”, mientras que “desde el paradigma de derechos humanos y la aplicación de la ley por parte de las fuentes policíacas se va graduando la fuerza conforme sea necesaria y obviamente esta es el último recurso”, afirmó.

Por ello, el Gobierno mexicano tiene que dar un giro urgente y apostar por una Policía “correctamente disciplinada y entrenada”, que “esté completamente equipada para manejar todo dentro del marco de derechos humanos”.

“Las fuerzas policíacas son quienes necesitan manejar estos temas tan serios en relación con la violencia y los narcos, porque si no vamos a entrar en una escalada de peligrosidad en todo el país”, aseguró Heyns, quien también estimó necesario crear una unidad de investigación independiente que frente la corrupción policial.

Desde hace años México es escenario de una cruenta lucha entre cárteles de las drogas que ha disparado los niveles de violencia y obligado al Gobierno federal a desplegar a miles de militares en las zonas más conflictivas del país para recuperar la seguridad.

Durante su visita a México del 22 de abril al 2 de mayo del 2013, el relator sudafricano estuvo en los Estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León, escogidos por el “elevado número de homicidios” para hacer la radiografía de un país que tiene zonas donde “no hay que ir” porque son controladas por “los cárteles”.

Heyns calificó de “alarmante” el número de asesinatos registrados en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que superan los 100,000, según cifras oficiales, de los cuales 70,000 están vinculados con el tráfico de drogas.

Aunque reconoció una serie de medidas positivas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto para reforzar la protección de los Derechos Humanos, destacó que la impunidad sigue siendo un problema serio y los niveles de violencia peores a lo que ha visto en otros países en sus cuatro años en el cargo.

En este caso, dijo, es imperativo “la rendición de cuentas” por los atropellos cometidos y avanzar a partir de ahí para evitar futuras violaciones al derecho a la vida con un sistema judicial “sólido y eficaz”.

Si bien el Gobierno de Peña Nieto se comprometió desde que asumió el poder en diciembre del 2012 a recuperar la paz y la libertad, disminuyendo los niveles de violencia, aún no hay “estrategias sobre la forma en que se han de alcanzar dichos objetivos”, aseveró.

Heyns plantea en el documento unas 30 recomendaciones al Presidente, entre ellas adoptar “todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares”.

El relator también recomendó incluir en la ley el homicidio como un delito que puede estar ligado a la delincuencia organizada, y convertir a la fiscalía general y al sistema de defensoría pública en organismos “completamente” independientes del Ejecutivo.

Además, pidió reformar el Código de Justicia Militar para que los militares acusados de violaciones de los Derechos Humanos sean procesados por los tribunales civiles.

Heyns, quien recordó que el Gobierno mexicano tiene la oportunidad de responder a este informe, también habló del premio periodístico, uno de los más atacados en el país. Muchos profesionales “tienen que autocensurarse, autoprotegerse”, afirmó.

Así, dio la bienvenida a los nuevos mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, aunque criticó que todavía no se están poniendo en práctica porque el Gobierno “reacciona muy lentamente”.

“Se tienen que castigar este tipo de crímenes debido al impacto que tienen estos en la sociedad en su totalidad”, insistió el relator. (Agencias)