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MEXICO, D.F., 7 de noviembre.- Cuatro meses antes de que, entre el 22 y el 23 de agosto del 2010, se cometiera la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México alertó a la Casa Blanca sobre la impunidad con la que operaban los grupos criminales en el Norte del país, especialmente el Cártel de Los Zetas, al amparo de las autoridades locales y federales, revela un Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una serie de archivos desclasificados.
"Cuatro meses antes de que el temido Cártel de Los Zetas secuestrara y asesinara a 72 migrantes en el Norte de México, la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México dijo que las organizaciones del narcotráfico en esa región operaban con ‘total impunidad y frente a fuerzas de seguridad locales y federales comprometidas", dice el informe.
Los reportes de los expertos y funcionarios estadounidenses al Departamento de Estado y a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) destacan también que, tras la matanza de los 72 migrantes en San Fernando y el hallazgo –en abril del 2011– de fosas clandestinas con al menos 193 cadáveres, el Gobierno Federal encabezado entonces por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa trató de "minimizar" todo el tiempo su responsabilidad por estos hechos.
En total son 30 los cables que fueron revelados bajo la Ley de Libertad de Información y publicados por este organismo estadounidense. Estos reportes ofrecen la visión de funcionarios y analistas de EE.UU. sobre la extrema violencia que se vivía entonces y se vive aún en el Estado de Tamaulipas, donde apenas el pasado fin de semana se registraron una serie de enfrentamientos que dejaron 13 muertos.
La información desclasificada está fechada entre el 25 de agosto del 2007 y el 22 de mayo del 2012.
Entre los cables se encuentra uno de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, del 2009, en el que se detalla la “evolución y expansión” de Los Zetas, muchos de ellos ex reclutas de una unidad de élite del Ejército Mexicano conocido como el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE).
El grupo “ya no era únicamente opera como el brazo armado del Cártel del Golfo” y había “establecido una metodología para avanzar en un nuevo territorio y ejercer control sobre la geografía”, según el informe.
La fuerza de Los Zetas, de acuerdo con la DEA, es su capacidad “para corromper, matar e intimidar y estos factores les han dado el poder para llevar a cabo actividades en todo México”, dice la información desclasificada.
La Agencia Antidrogas de EE.UU. considera que Los Zetas intensificaron los ataques, contra funcionarios públicos y otras figuras prominentes, como reacción a la lucha contra el narcotráfico que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón.
El Departamento de Estado de EE.UU., cita el Archivo de Seguridad Nacional, reunió información de inteligencia que condujo a la evaluación de la estrategia anti-crimen de Calderón Hinojosa, la cual tuvo “consecuencias no deseadas ” y que había contribuido a un ‘pico de asesinatos relacionados con las drogas’”.
En agosto pasado, también se dieron a conocer una serie de cables relacionados con la masacre de San Fernando, entre ellos uno realizado por un diplomático de Estados Unidos en el que se expone que autoridades mexicanas trataron de minimizar su responsabilidad en esta matanza.
En la información recopilada por funcionarios de EE.UU. se revela que el Gobierno Federal trató de ocultar información sobre la creciente violencia desatada por la guerra contra crimen organizado “y puso en peligro las investigaciones sobre los homicidios de dividir los cadáveres de las víctimas “para que el número total menos obvias y por lo tanto menos alarmante”.
Este mismo archivo señala los posibles vínculos entre las fuerzas de seguridad del gobierno y de las organizaciones criminales, informaron sobre la detención de 16 policías de San Fernando , bajo la acusación de “proteger a Los Zetas”, autores del asesinato de 72 migrantes centroamericanos.
Entre los documentos desclasificados también hay información, del 2010, del Consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, en la que se predice que esa comunidad “sería el escenario de la confrontación en un futuro próximo”.
Como reacción a esta revelación, la Embajada de EE.UU. en la Ciudad de México advirtió que el Gobierno mexicano no había podido predecir la ofensiva de Los Zetas y no estaba preparado para hacer frente a la violencia que estaba por llegar.
También afirmó en esa fecha que las organizaciones criminales operaban con ”impunidad casi total” en Tamaulipas.
El Archivo de Seguridad Nacional dice que la Procuraduría General de la República (PGR) “afirma que todavía hay algunas personas bajo investigación por la masacre , pero no se ha publicado ninguna información acerca de los gastos en curso o si los 16 policías detenidos en abril de 2011 nunca han sido sancionados”. (El Informador con información de Sinembargo.mx)