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Mérida, Yucatán, México, 21 de octubre de 2026
El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), Fernando Bolio Vales, solicita una liquidación de un millón 5 mil 466 pesos al concluir su segundo periodo en el organismo jurisdiccional, previsto oficialmente para el próximo 24 de octubre.
La petición ha generado cuestionamientos debido a que el tribunal no contaría con recursos suficientes para cubrir la cantidad solicitada, como consecuencia de los recortes presupuestales de los últimos años y la necesidad de reservar fondos para el próximo proceso electoral.

Trascendió que el magistrado mantiene negociaciones con esa dependencia estatal, aunque hasta el momento se desconoce si las autoridades accederán a cubrir la totalidad del monto solicitado.
El magistrado, quien acumula 12 años en el Tribunal Electoral de Yucatán distribuidos en dos periodos, pretende recibir diversas prestaciones laborales correspondientes a su segunda gestión, que comprendió de 2019 a 2026.
Según el desglose de las cantidades reclamadas, la liquidación contempla los siguientes conceptos:
Estos conceptos suman un millón 5 mil 466 pesos, cantidad cuyo pago estaría sujeto a las gestiones realizadas ante las autoridades estatales.

Uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es que Fernando Bolio Vales ya recibió una liquidación cercana al millón de pesos en 2019, cuando concluyó su primer periodo como magistrado electoral.
Su primera gestión comenzó en diciembre de 2014 y terminó en 2019, luego de cinco años en el cargo.
Tras recibir las prestaciones correspondientes a esa etapa, el Senado de la República lo ratificó semanas después para un nuevo periodo de siete años, que concluirá este sábado 24 de octubre.
De concretarse el pago actualmente solicitado, Bolio Vales habría recibido cerca de dos millones de pesos en liquidaciones por sus dos periodos en el mismo tribunal, circunstancia que abre interrogantes sobre el ejercicio de los recursos públicos y los criterios aplicables a este tipo de prestaciones.
La trayectoria de Fernando Bolio Vales en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán también ha estado marcada por controversias relacionadas con decisiones administrativas y nombramientos dentro del organismo.
Entre los episodios cuestionados figura la modificación del reglamento interno que permitió designar a personas de su círculo de confianza en cargos de magistrados sin contar con la aprobación del Senado de la República.
Uno de los casos señalados fue el de Néstor Santín Velázquez, quien pasó de desempeñarse como director de Proyectistas, con una percepción mensual de 48 mil 781 pesos, a ocupar un cargo de magistrado con ingresos aproximados de 111 mil pesos mensuales.
Según los antecedentes difundidos sobre este caso, Santín Velázquez recibió en 2025 una liquidación cercana al millón de pesos.
Estos señalamientos han alimentado las críticas sobre las decisiones administrativas adoptadas durante la gestión de Bolio Vales.
La solicitud de liquidación ocurre en un contexto de restricciones financieras para el Tribunal Electoral de Yucatán, organismo que debe garantizar recursos para atender las controversias y procedimientos relacionados con el próximo proceso electoral.
La posibilidad de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno estatal intervenga para cubrir el pago plantea nuevas preguntas sobre la disponibilidad presupuestal y el origen de los recursos que eventualmente se destinarían a esta prestación.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el monto solicitado será autorizado, si existe una partida presupuestal específica para cubrirlo o si se realizará una revisión de los conceptos reclamados.
La salida de Fernando Bolio Vales del TEEY no solamente marcará el final de 12 años de funciones como magistrado electoral, sino que también dejará abierta la discusión sobre las liquidaciones millonarias de funcionarios públicos y su impacto en las finanzas de los organismos autónomos de Yucatán.