MEXICO, D.F., 18 de enero.- En las últimas décadas de la historia de México se han creado varias comisiones, fiscalías o subprocuradurías especiales para investigar y dar seguimiento a casos políticos, sociales o de inseguridad, pero en general el resultado de éstas no ha sido detonante para concluir con éxito los casos.

El senador panista Juan Carlos Romero Hicks consideró que asignar a Alfredo Castillo como comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán no es garante de una solución, ni puede sustituir la responsabilidad de los poderes locales.

Alfredo Castillo.

Opinó que la medida tomada por el Gobierno Federal es similar a la que se decidió en 1994, tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari nombró al hoy senador del PRD, Manuel Camacho Solís, Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas.

En el país han nacido varias comisiones, fiscalías o subprocuradurías especiales sin grandes resultados; por ejemplo, en 1994 se creó la Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio y se designó a Miguel Montes como su primer titular, Olga Islas Magallanes como segunda subprocuradora especial y a José Pablo Chapa Bezanilla como tercer encargado de la instancia, pero ninguna investigación cambió el resultado oficial del homicidio del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.

Asimismo, en noviembre del 2001, el ex Presidente Vicente Fox creó una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que desapareció en el 2006 sin haber dado respuesta a interrogantes del movimiento y la matanza de estudiantes en 1968.

Incluso en 1997, la Cámara de Diputados conformó la Comisión Especial Investigadora del 68, la cual apenas dio a conocer un limitado acopio de información.

Para casos de relevancia que tienen que ver con inseguridad se han formado instancias o estrategias especiales, por ejemplo la estrategia Todos Somos Juárez.

Contrario a la percepción de Romero Hicks, el presidente del Senado, Raúl Cervantes, y el vicepresidente de la Cámara, José Rosas Aispuro, respaldaron ayer a Alfredo Castillo como comisionado para la Seguridad en Michoacán, pues advirtieron que es representante de una estrategia de coordinación entre autoridades, que no establece la desaparición de poderes en la Entidad.

El priísta Raúl Cervantes consideró que las autoridades locales no quedarán relegadas con la presencia de Castillo, porque se firmó un decreto que es constitucional.

Desde su perspectiva, Castillo tiene las cartas para ser el encargado federal en Michoacán.

A este punto de vista se sumó el panista José Rosas Aispuro, quien agregó que “conoce muy bien el ámbito del derecho, la procuración de justicia y no es ningún improvisado en esta materia (…), su formación indudablemente le da elementos para poder actuar con mayor eficacia”.

Opinó que un comisionado no suplanta las funciones que constitucionalmente tiene Michoacán.

Además, contrario a lo que considera Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado, Rosas consideró que la desaparición de poderes en Michoacán no es la solución en contra de la inseguridad y la violencia. (El Economista)