MÉXICO, D.F., 8 de diciembre.- Organizaciones sociales y expertos exigieron una consulta previa y un diagnóstico sobre las corporaciones policíacas en el país antes de que el Congreso discuta las reformas en materia de seguridad propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto.

En comunicados por separado, académicos y expertos, entre ellos cinco observadores ciudadanos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), alertaron sobre el riesgo de aprobar “a ciegas” el decálogo de Peña Nieto.

Policías municipales en Michoacán. (Foto Enrique Castro)

México Evalúa recuerda que los ataques armados a normalistas en los que participaron policías municipales es un claro reflejo de que “el país está convulsionado por la incapacidad del Estado para cumplir con su función básica: proteger la vida de los ciudadanos”.

Sostiene que la creación de policías estatales únicas y la eliminación de las municipales propuestas por Peña Nieto tienen implicaciones “de gran calado”. Sin embargo, destacó que “no han sido discutidas en el seno del CNSP, órgano rector en la materia” ni presentada en otros órganos como la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública ni mucho menos la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

En paralelo a la ausencia de consulta en dichos órganos del Estado, añaden, no se han puesto en práctica acciones acordadas con antelación, como el Sistema de Desarrollo Policial, considerado en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que “sigue pendiente en la mayoría de las corporaciones policiales del país”, en tanto que la Comisión Especial de Desarrollo Policial, “creada en la última sesión del CNSP para el establecimiento de estándares profesionales mínimos en las policial”, no ha presentado un plan de acción.

A los firmantes les preocupa que la propuesta presidencial no esté acompañada de “una estimación, así sea gruesa, del impacto presupuestal de la creación de policías estatales únicas”, ni mucho menos se presente con “una evaluación sistemática de las experiencias de mando único en diversas Entidades Federativas del país ni de ejemplos internacionales de reforma policial”.

Tras reprochar la falta de consulta a organizaciones sociales, la academia y especialistas, los firmantes reconocen la urgencia de hacer cambios en materia de seguridad pública, “con los ojos bien abiertos, sin prisas innecesarias, pero sí con urgencia y sin saltos al vacío”.

Para una real transformación del sistema policial, las organizaciones sugieren que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “en colaboración con instituciones académicas y especialistas”, elaboren “un diagnóstico del estado que guardan las policías estatales”, así como “una evaluación de las experiencias del mando único en diversas entidades” y un análisis comparado con experiencias internacionales.

Además, piden que se haga “una estimación del impacto presupuestal de las medidas propuestas”, aunado a que “los gobiernos estatales aceleren la implementación del modelo policial mandatado por ley”, a que el Congreso de la Unión convoque a la consulta pública y que el CNSP y las conferencias nacionales correspondientes, “se pronuncien formalmente sobre la iniciativa antes de su discusión en el terreno legislativo”.

Entre las 20 organizaciones que firman el pronunciamiento destacan Causa Común, Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Primero, México SOS y México Unido contra la Delincuencia, entre los ciudadanos que se suman están Alejandro Martí, Denise Dresser, Elena Azaola, Claudio X. González, Jorge Chabat, Miguel Sarre, entre otros.

Insyde, dirigido por Ernesto López Portillo, coincide con la urgencia de una consulta pública y, “ante la evidente crisis de gobernabilidad democrática asociada a la inseguridad y la violencia”, llama a “descartar de inmediato cualquier aprobación acelerada que evada la auténtica y profunda reflexión”.

Tras un análisis detallado de la propuesta presidencial, Insyde lamenta que no haga “mención alguna del conflicto de la Policía con los Derechos Humanos y de su avanzada militarización, fenómenos con implicaciones especialmente graves”.

Para Insyde la ausencia de los Derechos Humanos en la propuesta de Peña Nieto, “descontextualiza la problemática de la Policía con respecto a su conflicto documentado con aquellos, por ejemplo a través de la práctica de la tortura”.

La organización agrega que “la reiterada oferta” de Peña Nieto de “llevar los Derechos Humanos a la realidad práctica de la gente (…) pasa por la reconciliación de la Policía con tales Derechos”.

Critica la falta de sustento para la centralización de la seguridad en manos de policías estatales y la federal, bajo el supuesto de que éstas cuentan “con las fortalezas suficientes ante el crimen organizado”, contrario a lo que pasa con las corporaciones municipales.

“Carece de toda lógica suponer que así es, cuando el fortalecimiento de la delincuencia organizada, que justamente permite los embates contra los municipios, no se explica sin la debilidad histórica de todo el aparato nacional de procuración de justicia. La reforma propuesta, por lo demás no hace mención a las garantías necesarias para la gobernabilidad democrática en los municipios intervenidos”, apunta Insyde.

Al señalar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejó en una encuesta que “la diferencia entre quienes creen que la Policía Municipal es corrupta y los que creen que la estatal también lo es, se reduce a sólo cuatro puntos porcentuales (67% y 63%, respectivamente)”, Insyde advierte que ha podido documentar “casos donde miembros de policías estatales incurren en mayores conflictos con la Ley y los Derechos Humanos, en comparación con integrantes de policías municipales”.

Para la organización “la iniciativa del mando único policial se justifica en la falta de coordinación, como hace 20 años se adujo la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, lo que ha significado “dos décadas de una promesa fallida y sin rendición de cuentas”. (APRO)