México (26 de febrero).- Ante el avance de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero especialmente ante el punto en que obliga a las compañías de telecomunicaciones aportar datos de sus usuarios a las agencias de seguridad pública, se difunde un estudio en que prevé los problemas que esta medida tendrá para concretarse.

Mediante un análisis de casos de legislaciones similares en otros países, The Social Intelligence Unit (SIU) publicó un panorama de lo que se podría esperar de la ley mexicana en este ámbito.

El estudio refiere que una revisión a las experiencias en otros países podrá servir de guía a la creación de los lineamientos necesarios para el caso de México. “Las prácticas internacionales en temas de privacidad y retención de datos, sugieren un marco de referencia para dirigir y orquestar la conformación de lineamentos en la materia.

En particular, existe una clara y sostenida tendencia por buscar un equilibrio eficiente entre la procuración de justicia y el cuidado a la información privada de los individuos”, inicia el documento.

El SIU indica que los puntos en los que se debe reparar para lograr una implementación de esta ley es el de qué tipo de datos serán los susceptibles a los procesos judiciales (contenidos o metadatos); el periodo de almacenamiento; qué instituciones tendrán acceso; y los costos de implementación.

“En suma, las prácticas internacionales generan una experiencia dotada de una diversidad de matices que fungen como herramienta de planeación, estructuración y desarrollo del marco regulatorio”.

El caso de México presenta el antecedente del Registro Nacional de Usuario de Telefonía Móvil (Renaut), proyecto fracasado creado en 2010 durante el mandato de Felipe Calderón. Este programa tenía el fin de combatir el delito de extorsión telefónica y combatir al crimen organizado. En el parecer de los investigadores del SIU, su fracaso se debió a la inoperatividad de la legislación y a que entraba en fricción con otras normas.

Después de la reforma, a través de los artículos 189 y 190 de la Ley Telecom todos los concesionarios del sector están obligados a cooperar con las instituciones de seguridad, guardando y comunicando datos como la geolocalización en tiempo real de equipo móviles y conservar un registro de datos que los usuarios realicen.

La legislación indica que la información requerida son los metadatos (nombre, denominación o razón social y domicilio, tipo de comunicación, origen, fecha, hora y duración, entre otras características técnicas del tráfico de datos. Los contenidos de los mensajes sólo podrán ser accesibles bajo petición expresa de una autoridad cuando se trate de una investigación judicial. Los concesionarios deberán almacenar esta información por un periodo de dos años.

“Cabe destacar que esta legislación realiza una primera aproximación a la retención de datos en el país, sin embargo, se encuentra en proceso la realización de regulación más específica que cubra la implementación de esta iniciativa. El nuevo marco se realice, deberá incluir especificaciones particulares para los servicios de Internet, así como la designación de los agentes o servidores públicos facultados para tratar con dicha información”.

Si bien en el caso mexicano no se ha dado una estimación sobre los costos, SIU utiliza el presupuesto utilizado en otros países para darnos una idea de la carga que esto podría significar para el erario público y al sector privado. En Reino Unido se tiene registrado que tuvo un costo de 2.77 billones de dólares en tan sólo un periodo de 10 años, y para una población de 63 millones de habitantes.

La empresa privada America Online, informó que el crear un sistema de retención de datos costaría 46 millones de dólares. Australia anticipó que los costos de implementar esta medida generarían un impacto financiero. Las empresas privadas NET y la Asociación de Telecomunicaciones Móviles Australiana informaron que el costo sería de entre 77 millones de dólares y 100 millones de dólares.

Por su parte, la Unión Europea informó que el costo de almacenamiento tendría una carga a las empresas con alrededor de medio millón de usuarios, sería de 0.85 dólares por persona durante el primer año y de 0.27 en los siguientes.

Estos tres casos pintan un futuro poco halagüeño para las empresas dedicadas a las telecomunicaciones.