Los periodistas, con responsabilidad social; la autoridad, con penal

Los $24 millones que la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal ha pagado al periódico Por Esto! por concepto de "servicio de cobertura de actividades del Poder Ejecutivo" evidencia uno de los pecados del periodismo: la venta de notas informativas con los colores, aromas y sabores deseados por quien las paga.

Esta práctica, desafortunadamente , no es nueva  ni es exclusiva de un solo medio. Lo que quizá sea innovador es el desparpajo y desfachatez con la que actualmente la están realizando un buen número de medios impresos y electrónicos locales que a diario brindan el servicio al "gobierno de la nueva mayoría ciudadana" de notas periodísticas que le son francamente favorables y que buscan maximizar sus obras y acciones, pasando por alto la veracidad y los "detalles" cualitativos y cuantitativos de las mismas.

La cotización altísima de los adjetivos es también un elemento inédito. El gobierno actual los paga, y muy bien, en proporción directa a lo inverosímiles que sean. Paga también con generosidad la frecuencia y cantidad con la que los mismos se emiten, sobre todo si se hace en temas política y electoralmente "vendibles".

Sobra decir que este "conveniente manejo" de la información —en realidad se trata de desinformación— hace presa fácil a la sociedad de políticos sin escrúpulos que ven en éste el medio más fácil para recrear una falsa realidad que se traduzca en votos para su causa.

Sin embargo, no obstante el incuantificable daño social que este desvirtuado ejercicio periodístico a manos de mercaderes de la pluma y de la nota genera, no es de forma alguna punible para ellos —al menos en los ámbitos penal, civil o mercantil.

No así para las autoridades —y políticos— que pagan por estos "servicios". Esto, por el simple hecho de que a cambio de los muchos pesos de nuestros impuestos que ellos destinan para este propósito, el gobierno no recibe servicio alguno. No al menos diferente del que les prestan otros medios —no pagados— que igual difunden sus noticias, obras y acciones, pero sin sus colores, aromas y sabores. Es decir, en todo caso, el servicio distinto por el que las autoridades pagan a esos mercaderes de la información, lo reciben ellos —los políticos— y no la autoridad o pueblo al que gobiernan.

No hay que olvidar que a diferencia de los particulares, los servidores públicos sólo pueden realizar lo que les está expresamente autorizado, y en el caso que nos ocupa, ni la Coordinación General de Comunicación Social ni ninguna otra autoridad está autorizada para contratar y pagar un servicio que no se reciba.

Así las cosas, el pago millonario de cobertura noticiosa al Por Esto! y a otros medios por parte de nuestras autoridades estatales, no sólo es reprobable éticamente, sino punible por las leyes en la materia. ¿Alguien hará algo al respecto?