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Ahora mismo, Yucatán está casi quebrado, sobreviviendo únicamente por las participaciones federales, pero si el dispendio de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco continúa a este ritmo, al terminar su mandato podría terminar de quebrarlo, afirmó el diputado federal Daniel Ávila Ruíz.
Dio a conocer que tan sólo al 31 de diciembre la deuda bancaria del Ejecutivo estatal ascendió a $1,844.3 millones, mientras que por este concepto la administración estatal de Patricio Patrón Laviada fue de únicamente $279.5 millones.
—Además, el gobierno anterior dejó a Ivonne Ortega Fideicomisos con recursos para concluir los hospitales de segundo nivel de Tekax y Valladolid, que hasta la fecha no han sido terminados.
Dijo que la deuda del gobierno del Estado está conformada por $1,844.3 millones a los bancos Banorte, BBVA y Banco del Bajío, que por cierto ya cuenta con una sucursal en Mérida; y $2,600 millones que el Congreso del Estado autorizó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuyo destino hasta el momento se desconoce.
—Aunque lo más seguro es que haya sido utilizado en el gasto corriente, como la nómina, y en exaltar la imagen de la gobernadora en todos los medios posibles.
Agregó que por la deuda con los bancos y el BID, a cada yucateco le corresponden 1,600 pesos.
Daniel Ávila Ruíz, diputado federal.
Precisó que al adeudo con los bancos y con el BID se suman los $30 millones que durante 10 años el Ejecutivo estatal pagará al CRIT- Teletón, que fue inaugurado en noviembre de 2008. De los $300 millones pactados para pagar hasta 2018, quedarían por pagar, tomando en cuenta el próximo año, unos $180 millones.
Destacó que quizá el mayor adeudo sería con los proveederos, cifra que estimó asciende a unos $2,000 millones.
—Otro de los adeudos que se van a convertir en un lastre para las próximas administraciones estatales es la construcción del Museo del Mundo Maya a través del PPS, en $411 millones.
De acuerdo con las cifras presentadas por el diputado federal, la deuda actual del gobierno estatal ascendería a $7,035.3 millones.
Al respecto, Ávila Ruíz manifestó que Yucatán contrataría una deuda mayor por la construcción del Museo del Mundo Maya, ya que los próximos gobiernos tendrían que pagar $33 millones mensuales por los próximos 20 años por cuestión de mantenimiento y manejo del museo, lo que significaría $7,920 millones más.
Es así, que el adeudo de Yucatán ascendería en los próximos años a aproximadamente $15 mil millones.
—Eso es lo que se puede deducir con la información que el propio gobierno da a conocer a través de sus páginas, pero la cifra puede ser mucho mayor.
Explicó que si los proyectos de la gobernadora, de construir hospitales por medio del PPS, se aprueban, la deuda continuaría disparándose.
Aseguró que el panorama financiero es más complicado, ya que el Ejecutivo estatal a finales de 2010 reestructuró su deuda con los bancos comprometiendo más de la mitad de las participaciones federales.
—Además, está el pago de intereses de los crédito, que tan sólo en 2010 ascendió a $127 millones. En 2006, el gobierno pagó por ese concepto $99 millones.
Señaló que a eso se suma el hecho de que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) tiene un déficit desde 2008; además, el gobierno estatal ha estado descontando quincenalmente a sus trabajadores las cuotas para su jubilación, dinero que no está entrando a las arcas del ISSTEY.
Mencionó que, por este motivo los próximos gobiernos podrían tener problemas para pagar la jubilación de los trabajadores estatales.
Precisó que mientras en 2006 la deuda del gobierno era 43% derivada directamente de sus gastos, en 2010 este porcentaje creció a 98%.
¿Cómo ha logrado salir adelante el gobierno de Ivonne Ortega a pesar de tanto dispendio?
—Gracias a las participaciones federales y a los recursos extraodinarios que los diputados federales y senadores han logrado captar para Yucatán. Sin ellos, el estado estaría ya quebrado.
¿Por qué permite el gobierno federal el dispendio del Ejecutivo estatal, especialmente cuando el endeudamiento ya es tan obvio?
—El problema es que al momento de enviar recursos estos se vuelven totalmente estatales por lo que el gobierno federal ya no puede fiscalizarlos. En el caso de los recursos etiquetados, como por ejemplo del Ramo 33, que es infraestructura, o de los ramos de salud o educación, la auditoría de la Función Pública puede revisar y en caso de encontrar anomalías, llamar al gobernador responsable.
Lo malo es que si el gobernante utilizó ese dinero para un fin diferente lo que la dependencia hará es pedirle que lo reponga y luego cerrará el caso.
Desafortunadamente, no se sanciona el mal uso del dinero; tampoco se sanciona que para arreglar una falta se creen nuevos huecos en las finanzas.
Así son las leyes.
Finalmente, dijo que aunque Yucatán está casi quebrado y únicamente saliendo a flote por las participaciones federales, lo cierto es que a Ivonne Ortega aún le queda un año para quebrar definitivamente al estado si continúa despilfarrando los recursos públicos. L.I.