CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto.- Por unanimidad, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró  infundados todos y cada uno de los nueve agravios que acusó el Movimiento Progresista en su lucha por anular las elecciones presidenciales, y sentenció que no se acreditaron las presuntas irregularidades como compra y coacción de votos, rebase de tope de campañas y menos la violación al artículo 41 constitucional  por inequidad, por lo que perfila validar en las próximas horas a Enrique Peña Nieto como Presidente de México.

“Es infundada la pretensión de invalidar la elección presidencial de los Estados Unidos Mexicanos planteada por la coalición Movimiento Progresista”, sentenció el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos.

Con siete votos a favor, los magistrados declararon infundada la pretensión de declarar inválida la elección presidencial propuesta por el Movimiento Progresista. En la foto, el ex candidato Andrés López Obrador.

Los agravios contenidos en el juicio de inconformidad presentados por la izquierda —agregó—- en forma alguna “han sido acreditados ante esta Sala Superior, por lo que no hay lugar a acordar de conformidad su petición de nulidad”.

Al explicar el proyecto de sentencia, el magistrado Salvador Nava, integrante de la comisión calificadora de esa contienda, aseguró que hubo “una revisión exhaustiva” de los más de 10 mil elementos probatorios que entregó el Movimiento Progresista, pero fueron insuficientes para acreditar su intención de invalidar la elección, pues “debe prevalecer los más de 50 millones de votos” que se emitieron en la contienda del 1 de julio.

“México tuvo una elección que no debe invalidarse, pues tras el estudio de todas y cada una de las pruebas, confirma que los principios constitucionales fueron observados, tuvimos elecciones libres y auténticas, tenemos autoridades robustas y confiables, (...) México tiene a un presidente electo por el pueblo, el ciudadano Enrique Peña Nieto”, estableció Nava.

Luna Ramos refrendó la independencia judicial del TEPJF y aseveró que el fallo que emitieron no ha sido influido por otra cuestión que no sea la jurídica.

El tribunal, dijo, cumple con proteger la voluntad soberana emitida a través del voto.

“En esta resolución y en las que vienen seguiremos procediendo sólo guiados por nuestros mandatos de la Constitución y la ley puesto que, parafraseando a don Ignacio Vallarta: sacrificar los intereses permanentes de la justicia a las exigencias de la política, es desnaturalizar las funciones de este Tribunal”, aseveró.

Ahora el TEPJF pasará a la etapa de hacer el cómputo final para luego hacer la declaratoria de validez de la elección presidencial —que será en las próximas horas— y posteriormente entregar la constancia de mayoría a Peña Nieto, con lo cual ya será Presidente electo de México.

La comisión calificadora del TEPJF rechazó por infundadas las acusaciones de presunta intervención de gobernadores del PRI para desviar recursos a fin de comprar el voto para Peña Nieto, así como la influencia de las encuestas entre la población a favor del priista, o bien la compra del sufragio a través de diversas tarjetas bancarias y monederos electrónicos, de Monex o Soriana.

“No basta la mera afirmación de que encuestas están manipuladas porque no se acercaron a los resultados de la elección; la afirmación de que la diferencia de que los resultados de sondeos con los resultados de elección es insuficiente, no es motivo de prueba, por tanto se consideran infundados”, estableció el documento.

Tampoco —agrega–– hay indicios de que en esa reunión de gobernadores del PRI en Toluca se haya acordado una cuota de votos para Peña Nieto mediante el uso de recursos públicos.

“No existe prueba de la entrega de despensas ni de desvío de recursos”, indicaron.

Lo mismo sucede con el presunto financiamiento paralelo y publicidad disfrazada para reforzar la figura de Peña Nieto en Estados Unidos vía un contrato donde interviene Monex por una cantidad de 56 millones de dólares.

“No se puede comprobar la supuesta contratación de Frontera Network por 56 millones de dólares. Los documentos no convalidan lo reportado por Jesús Ponce Aquino. Respecto a las tarjetas de prepago de Monex, tampoco se puede comprobar su uso para supuesta compra del voto”, establecieron los magistrados.

De acuerdo con Flavio Galván, el Movimiento Progresista presentó siete mil 856 tarjetas, pero no se observa que la distribución de éstas se haya dado a ciudadanos en general, pues sólo se repartieron entre la estructura del PRI y no entre la población o con la intención de comprarle el voto.

“No se demuestra activismo o movilización política alegada”, agrega.

Sobre la acusación de rebase en el tope de campaña por parte de Peña Nieto, los magistrados consideraron que aún existen investigaciones abiertas en el IFE relacionadas con la fiscalización de recursos que utilizó la coalición Compromiso por México, por lo que al no estar concluidas, no pueden ser consideradas esas presuntas pruebas para anular la elección presidencial.

El TEPJF también desestimó las acusaciones de financiamiento paralelo a través de aportaciones de empresas mercantiles a la campaña de Peña Nieto, pues el Movimiento Progresista ni siquiera presentó los nombres de esas supuestas compañías, además de que es una investigación que está en curso en el IFE.

“El enjuiciante fue omiso en señalar las empresas que hicieron las aportaciones económicas denunciadas, omisión que no permite tener por acreditada la conducta en estudio, pues al hacer únicamente alusiones indirectas no es posible demostrar el nexo causal de la supuesta aportación de recursos económicos y en especie en la campaña de la coalición Compromiso Por México”, explicó al desechar esta acusación.

Regaño por imprecisos

El magistrado Flavio Galván acusó que el Movimiento Progresista fue impreciso y no probó la compra y coacción del voto y cuestionó la calidad de las pruebas que entregó la izquierda, como fue el caso de los animales que certificó ante notario público.

De hecho, criticó la actuación de los notarios que certificaron dichas pruebas, pues incurrieron en varios errores.

Recordó que en el caso de la distribución en todo el territorio de las tarjetas Soriana, se recurrió a  denuncias, recibos y testimonios notariales.

Acusó que el notario nunca dice la hora en que inició su testimonio en donde presuntamente habría 2 mil 43 tarjetas. “Nos dice el notario que otorga esta acta sin firma del peticionario”.

“Es importante determinar todas esas circunstancias de tiempo, modo y lugar; quién entregó las tarjetas, una persona sin identificarse; en dónde las entregó: en las oficinas del PRD en Nezahualcóyotl, cuándo y a qué hora, no hay ninguna circunstancia”, criticó.