San Diego, 26 de noviembre.- Unos 20 congresistas estadounidenses exigieron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclarar los abusos que cometen agentes de la Patrulla Fronteriza, como el realizar disparos mortales hacia la frontera sur.

En una misiva que enviaron al comisionado auxiliar de la CBP, Thomas Winkowski, los legisladores denunciaron que “desde enero de 2010 (a la fecha) al menos 19 personas han muerto como resultado de los encuentros con los oficiales y agentes de la CBP”.

“Entre las víctimas mortales había menores de edad, ciudadanos de Estados Unidos y de personas que se encontraban en el lado mexicano de la frontera cuando el personal de la CBP abrió fuego”, agregaron.

La demanda de los legisladores se presenta a menos de una semana de que la Patrulla Fronteriza declaró que sus agentes mantendrán el uso de la fuerza letal pese a recomendaciones del gobierno federal de revisar el uso de armas de fuego, tras haber matado a 19 personas en los últimos tres años.

Ninguno de esos tiroteos ha sido investigado y ningún patrullero ha sido sancionado, denunciaron.

La congresista Lucille Roybal Allard, quien encabeza al grupo legislativo, expresó su preocupación “por la falta de transparencia” de parte de la Patrulla Fronteriza.

Esa situación “obstaculiza nuestros esfuerzos para responsabilizarla” cuando ocurren muertes de personas desarmadas e incluso con disparos a la espalda o al otro lado de la frontera sur, en México.

La misiva fue divulgada por la bancada de California en el congreso e incluye firmas de legisladores estatales con respaldo de Raúl Grijalva, de Arizona, y Luis Gutiérrez, de Ilinois.

Los legisladores indicaron al comisionado Winkowski que la Patrulla Fronteriza tiene por lo menos mil 187 demandas de uso excesivo de la fuerza sin atender en los últimos tres años.

En 2012, la televisión pública estadunidense presentó una serie sobre abusos mortales de la Patrulla Fronteriza y cómo nunca se había castigado a ningún patrullero aún cuando las víctimas fueran estadunidenses o personas inocentes al lado mexicano de la frontera.

El día de las madres de 2012, la mamá del mexicano Anastasio Hernández Rojas, muerto a golpes y bajo tortura en San Diego, viajó a Washington para pedir a congresistas que ayudaran a explicar la muerte de su hijo.

Un grupo de 15 congresistas pidió entonces una investigación a la Oficina del Inspector General (OIG) que es una división de asuntos internos y que determinó que la Patrulla Fronteriza simplemente carecía de una clasificación para quejas en su contra.

La OIG emitió hace una semana 90 recomendaciones para que la Patrulla Fronteriza comprenda y regule el uso de la fuerza letal.

Sin embargo, un par de días después la jefatura nacional de esa agrupación respondió que mantendría su política de disparar, en especial contra personas que arrojaran piedras a sus agentes.

“Por estas razones, esperamos una discusión detallada de sus planes para mejorar las quejas, su investigación y los procesos disciplinarios”, exigieron los 20 congresistas.

“Además, le recomendamos que consulte con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia sobre el desarrollo e implementación de nuevas políticas y programas de formación”, indicaron.

“Esperamos poder discutir las formas en que su agencia tiene la intención de utilizar la información obtenida de las quejas para mejorar la capacitación y supervisión de los oficiales”, subrayaron.- (Notimex)